Lo que dicen los columnistas

AMLO, Morena y Claudia

El Movimiento Regeneración Nacional (Morena) no ha dejado de ser un movimiento y por eso, en una reciente entrevista con los caricaturistas proclives y favorecidos por su gobierno, AMLO manifestó su preocupación de fortalecerlo.

José Gil Olmos | Proceso

AMLO no se va, se queda y estará manejando Morena, su partido, desde donde habrá de influir en el gobierno de Claudia Sheinbaum, a quien también formó.

Andrés Manuel López Obrador no dejará en manos de otro o de otros lo que tanto le costó, la formación de un partido político que lo llevó a alcanzar la presidencia de la República después de 18 años de peregrinar en todo el país.

Morena es su partido, su franquicia política electoral, que ahora le servirá como instrumento político para cogobernar los próximos seis años.

Al estilo de los sistemas políticos cubano y de la antigua URSS, en los cuales partido y gobierno iban juntos, con AMLO y Morena se perfila un sistema parecido, que no igual, con el cual gobernará el sexenio 2024-2030.

El Movimiento Regeneración Nacional (Morena) no ha dejado de ser un movimiento y por eso, en una reciente entrevista con los caricaturistas proclives y favorecidos por su gobierno, AMLO manifestó su preocupación de fortalecerlo.

«Hay que seguirle imprimiendo principios al movimiento, eso es lo que protege, porque es muy grande y se tiene que mantener el equilibrio entre principios y eficacia, que no se vuelva puro pragmatismo, que no sea la lucha del poder por el poder la que termine por imponerse porque se acaba eh, ¡se acaba!», declaró.

Morena es una extensión de López Obrador y es él quien le da coherencia y consistencia. Es el eje de gravedad de todo el movimiento y su palabra está por encima de cualquier otra. Es la ley.

Quien se quede al frente y sustituya a Mario Delgado en la dirigencia de Morena tendrá tras de sí la figura omnipresente de AMLO, quien una vez deje la presidencia de la República se dedicará a manejar su instrumento de control político.

Desde Morena, sin que lo diga directamente aunque a veces lo hará, AMLO estará presente y será un personaje activo del segundo piso de la cuarta transformación.

Impensable que López Obrador deje Morena, que en sólo 10 años ha tenido un ascenso vertiginoso alcanzando la mayoría de los gobiernos y congresos de los estados, las presidencias municipales, las cámaras de diputados y senadores, hasta alcanzar la cúspide de la pirámide política con la presidencia de la República.

El reto es mantener a raya a las tribus que integran Morena, a los llamados “puros”, que vienen acompañando a AMLO desde hace muchos años, y a los advenedizos del PAN, PRI, PT, PRD y PVEM que por conveniencia se han unido al partido alcanzando los escalones más altos del poder gubernamental.

Caudillo, héroe, mito, líder o dirigente, AMLO es el único que puede sobreponerse a tribus y corrientes que impiden formalizar la estructura de Morena en todo el país, integrada por millones de seguidores del tabasqueño más que del partido en sí mismo.

De ahí que AMLO seguramente no se irá descansar a su finca “La Chingada”, sino que estará conduciendo o manejando el timón de Morena y, desde ahí, cogobernar con Claudia Sheinbaum el próximo sexenio.

Por cierto…  Morena no sólo será el partido en el gobierno, sino una franquicia política electoral con mucho dinero. Tan sólo este año, de los 10 mil 444 millones de pesos que el INE destinó a las siete organizaciones nacionales y para las actividades de candidatos independientes, 30% fue para Morena, es decir, 3 mil 100 mil millones de pesos tuvo para sus gastos.

– – –

Reforma judicial, el análisis de la SCJN

Si Alemania, Australia y Estados Unidos han podido hacer más con menos, México con mayor razón debe hacer lo propio porque carece de recursos públicos que deben aprovecharse en beneficio del interés público.

Ernesto Villanueva | Proceso

El análisis de la iniciativa de reforma al Poder Judicial de la Federación, del presidente López Obrador, realizada por el Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ofrece luces y sombras, razón por la cual conviene identificar sus fortalezas y debilidades para que la sociedad tenga elementos para valorar en su justa dimensión el alcance de ese documento, a la luz de datos verificables que se han convertido en una herramienta para mitigar, en alguna medida, las posiciones ideológicas y políticas que se han construido sobre el tema en la agenda pública. Veamos:

Primero, el análisis en cuestión tiene tres grandes virtudes, a saber: a) La primera porque advierte correctamente que entre las atribuciones del organismo disciplinario que sucedería al actual Consejo de la Judicatura Federal (el otro sería el relativo a la parte de administración judicial), el Tribunal de Disciplina Judicial, si la iniciativa de referencia se aprueba en sus términos, habría algunas que rebasan las delimitaciones expresas del mandato de la ley y deja abierta la posibilidad de que se puedan afectar el principio de legalidad y los derechos humanos de los funcionarios judiciales.

Cabe esperar que esta pertinente y oportuna observación sea atendida y corregida durante el proceso legislativo; b) Ofrece datos sobre el único caso en el mundo donde existe una elección directa de los juzgadores, Bolivia, donde se pone de relieve que esa experiencia (que ha servido como modelo de la iniciativa presidencial para integrar el sufragio directo), no ha sido un caso de éxito, sino justo, al contrario. No hay, en efecto, elementos que permitan sustentar lo contrario en las bases de datos sobre el asunto y artículos científicos escritos en torno a Bolivia (aunque quizá el ejemplo de Bolivia pueda paradójicamente utilizarse como alerta de lo que no se debe hacer si se decide continuar con el proceso comicial de selección judicial) y c) De igual modo, a mi juicio, es atendible el razonamiento de que la organización de elecciones única y exclusivamente para el fin de nombrar juzgadores consumiría un apreciable monto de recursos públicos.

Probablemente si se hace coincidir con los comicios federales, con su propio apartado, que se realizan de manera rutinaria cada tres años –las siguientes son en 2027–, este impacto presupuestal habría de verse reducido de manera considerable.

El análisis tiene otra parte de consideraciones formales, filosóficas, doctrinales y teóricas que tienen una racionalidad argumentativa y ahí estriba su valor: a) La destitución sin causa justificada de jueces es contrario a los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sin duda no habría quien, en su sano juicio, podría estar en desacuerdo.

El gran problema en la vida real es que, frente a ese supuesto con la reforma constitucional, no existiría forma de hacer exigible la reparación del daño e impedir que el Poder Reformador de la Constitución haga las reformas constitucionales que juzgue pertinente, guste o no, sea justo o no.

B) La elección popular de jueces no garantiza la idoneidad de que por ese solo hecho se cumpla con el perfil judicial. De acuerdo, totalmente. Será necesario introducir criterios de elegibilidad a la luz de los mejores estándares internacionales para que la idoneidad se traduzca en una expectativa puntual.

Bolivia. Mal ejemplo. Foto: Juan Karita / AP

Segundo, el citado análisis también incurre en afirmaciones que pueden tener una mejor forma de abordaje metodológico. En principio, la posición reiterada de la necesidad de incremento presupuestal del Poder Judicial en relación con el Producto Interno Bruto (PIB), como uno de los mecanismos para abatir el rezago judicial y aumentar el número de juzgados tribunales, a simple vista puede resultar pertinente.

No obstante, si se considera que la relación con el PIB es abstracta, rinde culto al secreto y, en los hechos, se convierte en un acto de fe, resulta mucho más útil medir cuánto le cuesta a cada persona el presupuesto destinado al poder judicial porque a través de este método: a) Se tiene mayor claridad y permite mayor comparabilidad sin importar que tan grande o pequeño poblacionalmente sea un país; b) Ayuda a los ciudadanos a saber cuánto se destina a ese poder del Estado y cómo se gestiona ese presupuesto en otros países y c) Genera una cultura de responsabilidad y transparencia fiscal para el mejor manejo de los recursos públicos.

Si este ejercicio se lleva a cabo en Alemania, Australia y Estados Unidos, porque son sistemas federales clásicos, los resultados arrojan otra lectura del mismo objeto de estudio. En efecto, si se dividide el presupuesto del Poder Judicial de la Federación entre el número de habitantes que tiene México, el costo por persona es de 602 pesos mexicanos. En Alemania el costo por persona es de 199 pesos mexicanos (Fuentes: Presupuesto https://www.bundesfinanzministerium.de/Web/DE/Home/home.html. Población https://www.destatis.de/DE/Home/_inhalt.html).

En Australia, incluyendo los tribunales familiares, el costo es de 227 pesos (Fuentes. Presupuesto https://budget.gov.au/content/documents.htm . Población https://worldpopulationreview.com/countries/australia-population). En Estados Unidos, el costo es de 426 pesos por persona (Fuentes: Presupuesto. https://www.uscourts.gov/news/2023/03/09/judiciary-seeks-91-billion-fy-2024-budget-request. Población  https://www.worldometers.info/world-population/us-population/).

Si a los datos se hace el ajuste por costo de la vida y por qué un país en desarrollo como México los funcionarios judiciales deberían tener idénticos ingresos a los países más desarrollados la cifra bajaría aún más. Al usar Numbeo ( https://www.numbeo.com/cost-of-living/) y el hacer el correspondiente ajuste por costo de vida, el resultado sería el siguiente: México, 602 pesos; Alemania, 140 pesos; Australia, 136 pesos, y Estados Unidos, 192 pesos. 

Tercero, hay otras afirmaciones del análisis multicitado que son dignas de reflexión: a) Se afirma que la legitimidad de los juzgadores no deviene de la elección popular. Tampoco, sin embargo, se ha dado por resultados, toda vez que en el ranking mundial de Estado de derecho del World Justice Project 2024 que considera ocho factores (muchos a cargo del Poder Ejecutivo y otros del Legislativo) si nos detenemos sólo en dos, el relativo a la jurisdicción civil y a la penal, los resultados ubican a México en el ranking 131 de 142 países de la jurisdicción civil y en el 132 en la jurisdicción penal.

Alemania. Hacer más con menos. Foto: Especial

Por el contrario, los países analizados que gastan sustancialmente menos que México en el poder judicial tienen mejores resultados: Alemania, cuarto lugar en la jurisdicción civil y sexto en la jurisdicción penal; Australia, 14 en ambas jurisdicciones, y Estados Unidos, 38 y 29, respectivamente; b) Se sostiene que existe el temor sobre la inseguridad y la influencia indebida en los juzgadores si van a elecciones por parte de grupos de interés formalmente legales y no.

Si se da por buena esa hipótesis necesariamente se tendría que afirmar lo propio con los funcionarios electos (del Poder Legislativo y del Ejecutivo) ¿Cómo se podría sostener que, tratándose de gobernadores, Presidencia de la República, senadores y diputados federales no hay influencia indebida, pero sí la habría en el caso de los juzgadores?

Sea como fueren los términos legislativos que adopte la reforma en marcha, que seguramente habrán de ajustarse, lo que no queda duda es en que debe llevarse a cabo un amplísimo ajuste presupuestal a la baja en el Poder Judicial de la Federación, reasignar tareas, eliminar a su mínima expresión el nepotismo y la corrupción, promover las nuevas tecnologías de manera intensiva, crear mecanismos de incentivos por resultados, mejorar las auditorías de desempeño y elaborar indicadores transparentes y racionales de eficacia y eficiencia judicial.

Y con mayor razón en los tribunales del fuero común o locales, donde es sabido que el tema es todavía más grave. Si Alemania, Australia y Estados Unidos (Corea del Sur y Japón no incluidos en este comparativo, pero han adoptado todavía mejor estas formas de optimización presupuestal) han podido hacer más con menos, México con mayor razón debe hacer lo propio porque carece de recursos públicos que deben aprovecharse en beneficio del interés público.

El país no se puede quedar anclado en la defensa inercial de un modelo de administración judicial que, lo hemos demostrado aquí con datos no con valoraciones ni juicios, resulta muy caro y además es ineficiente.

– – –

La compleja transición

Poco a poco, la virtual Presidenta electa está enviando algunos mensajes que pueden interpretarse como la intención de posicionar un proyecto propio

Mario Luis Fuentes | Excelsior

La agenda de gobierno de la administración 2024-2030 aún es una incógnita. Hasta ahora, en términos generales, se ha hablado de manera reiterada de un “segundo piso de la Cuarta Transformación; sin embargo, aún no queda claro cuáles son las coordenadas de la visión personal de la Presidenta electa ni del estilo que tendrá en el ejercicio del gobierno; y tampoco del tipo de relación que tendrá con el Congreso de la Unión.

En ese contexto, la decisión del presidente López Obrador de impulsar las reformas constitucionales que están pendientes de dictamen y aprobación, con la finalidad de modificar estructuralmente al Poder Judicial y de extinguir varios de los organismos constitucionales autónomos, determinará en buena medida la relación que se tendrá en el contexto de división de poderes que establece nuestra Constitución, pero también cambiará de manera relevante algunas de las lógicas de transparencia y acceso a la información de que se dispone hasta ahora.

Poco a poco, la virtual Presidenta electa está enviando algunos mensajes que pueden interpretarse como la intención de posicionar un proyecto propio; sin embargo, los márgenes de que dispone, sobre todo ante factores que aún no controla, son estrechos y parecería que se pueden cerrar aún más rumbo a su toma de posesión.

En efecto, entre esos factores se encuentran los de una economía atrapada en una lógica de bajo crecimiento, con un espacio fiscal muy reducido, y en un contexto de cambio de gobierno en los Estados Unidos de América que podría agudizar los problemas que enfrenta el país en el contexto del T-MEC, y en la dimensión humana más crítica, en el drama de la crisis humanitaria asociada a la crisis migratoria.

Por otro lado, las desigualdades socioeconómicas asociadas a la inmensa violencia y criminalidad que permanecen en el país imponen también emergencias cotidianas que, por más que se hayan instalado como parte de una “anómala normalidad”, siguen generando un inconmensurable costo social expresado en los homicidios y desapariciones de miles de decenas de personas todos los años.

Los anuncios que se han hecho sobre la integración del gabinete presidencial han generado una reacción positiva en la opinión pública. Se trata, en su mayoría, de personajes que han acreditado experiencia, capacidad y eficacia en su desempeño profesional y, en ese sentido, se percibe un perfil de gobierno distinto que apuesta por capacidades técnicas, pero, sobre todo, por oficio político y personalidades que han mostrado también capacidad de diálogo y visiones propias que pueden abonar a la construcción de una nueva lógica de gobierno.

Todo inicio de gobierno es complejo; pues aun cuando se trata del mismo partido en el poder, también se refleja en la integración del gabinete una postura política de la virtual Presidenta electa, en la que se hacen también notorias las diferencias entre los grupos del poder que actúan al interior del hoy partido mayoritario.

En ese sentido, será fundamental igualmente la relación que tendrá la nueva Presidenta con las y los titulares de los ejecutivos estatales, pues será con ellas y con ellos con quienes tendrá que negociar, desde presupuestos hasta estrategias regionales para impulsar su propia visión de cómo debe articularse la República, si es que de verdad se quiere avanzar hacia un nuevo curso de desarrollo para el país.

Ya se ha dicho con anterioridad, pero ante la inminencia del cambio de gobierno es pertinente recordar que la duración de la nueva administración coincidirá con el plazo establecido para el cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, entre los que se encuentran, de manera prioritaria: erradicar el hambre, eliminar la pobreza en todas sus formas; reducir significativamente las desigualdades; revertir el deterioro ambiental; brindar salud de calidad universal, garantizar la paz y construir ciudades incluyentes.

Son, todas, agendas en las que el país no marcha bien y constituyen retos enormes para el nuevo gobierno porque, en buena medida, su evaluación estará necesariamente vinculada a esos grandes objetivos, que no son distintos a lo que manda nuestra Carta Magna.

– – –

Razones

¿Gobernar tras bambalinas?

La reforma judicial es un lastre para la virtual Presidenta electa, que no genera consensos ni siquiera entre los partidarios de la 4T

Jorge Fernández Menéndez | Excelsior

El influyente The Wall Street Journal dice que muchos inversionistas dudan de que el presidente López Obrador abandone realmente el poder el primero de octubre y creen que dirigirá el gobierno tras bambalinas, desde su “exuberante”, así lo describe el WSJ, rancho en Palenque.

Puede ser, pero lo cierto es que las señales son contradictorias y no se tratará sólo de la voluntad presidencial, sino también de su sucesora. Quizás en el WSJ están pensando en el ejemplo cubano, un régimen tan del agrado del presidente López Obrador, en el que la presidencia es de Miguel Díaz-Canel, pero la dirección del gobierno la tiene el retirado Raúl Castro, acompañado de un pequeño grupo de incondicionales que ejercen el poder a través de un estricto control del ejército y de las principales empresas estatales.

No sé si estamos en las mismas condiciones, no lo creo, pero tendremos que esperar, primero, a septiembre, a ese complejísimo último mes de gobierno de López Obrador en el que, sin duda, querrá imponerle reformas y condiciones a Claudia Sheinbaum, más allá de que después vaya o no a retirarse a su rancho.

La reforma judicial es un lastre para la virtual Presidenta electa, que no genera consensos ni siquiera entre los partidarios de la 4T: como está planteada es impracticable y destruirá el sistema judicial en lugar de reformarlo. Dos de las ministras designadas por López Obrador que sí tienen carrera judicial (la posición de Lenia Batres al respecto es de pena ajena), como Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, han alertado sobre esos riesgos en sus exposiciones en los foros, piden respetar las carreras judiciales, apuestan por una extrema gradualidad y coinciden en que no se pueden producir jueces, como dice Loretta, “como macetas”. Creo que las de Yasmín y Loretta son las posiciones más cercanas a lo que querría Claudia. La mayoría de los analistas serios cercanos a la 4T también han advertido sobre los riesgos de la reforma.

Como se ha dicho, esa reforma, si llegara a aprobarse como la propone el presidente López Obrador, sería algo así como el error de diciembre de 1994 de la nueva administración. Sería también, como aquel, un error autoinfligido, derivado de la lucha sucesoria entre un mandatario saliente y uno entrante. Y no sé si López Obrador se irá o no a su rancho el 1 de octubre, tampoco sé si querrá desde allí manejar a Claudia o los resortes del poder, pero sí estoy seguro de que quiere gobernar sin conceder nada hasta el 1 de octubre.

A partir de ese día y durante ese mismo mes de septiembre veremos de qué está hecha Claudia Sheinbaum. Hasta ahora ha dado casi todos los mensajes correctos, incluyendo las designaciones de su gabinete, un equipo de mucho mayor nivel que el que acompaña al presidente López Obrador, y que ha resistido las presiones para repetir a buena parte de sus integrantes. Faltan varias designaciones, teniendo ya la económica, entre ellas la parte medular del mismo, que es la de gobierno y seguridad: todo apunta a que Rosa Icela Rodríguez estará en Gobernación y Omar García Harfuch en una nueva y mucho más poderosa Secretaría de Seguridad. Faltarán los secretarios de Defensa y Marina que, en una lógica de poder, deberán ser un general y un almirante experimentados, cuyo compromiso claro esté con la nueva mandataria, con su comandanta en jefe.

Siempre nuestras Fuerzas Armadas se han mantenido leales a quien detenta el Poder Ejecutivo por una vía constitucional y no veo por qué vaya a ser diferente ahora. Y la capacidad de ejercer o no palancas de poder desde el retiro dependerá en mucho de que se mantenga, que no dudo que se mantendrá, esa lealtad y compromiso.

Sheinbaum ha mostrado apertura, no sólo en la designación del equipo, donde ha colocado en casi todos los casos a gente suya y con un alto nivel de preparación y buen perfil público, sino que, además, ha resistido las presiones de los duros de su movimiento, expresadas por un Fernández Noroña que lo dice públicamente, mientras otros operan en la penumbra,  y ha marcado pautas estratégicas que se ajustan a lo que me dijo hace poco Juan Ramón de la Fuente: éste será un gobierno de transformación y cambios, porque sin cambios no puede haber transformación.

En energía, en salud, en educación, en política industrial e inversiones, en política internacional, las designaciones van todas en ese sentido, están marcando cambios. Buena parte de ello exhibe algo a lo que no solemos darle la importancia que realmente tiene: el estilo personal de gobernar de cada presidente. Pueden provenir de una misma usina ideológica y política, pero poco tuvo que ver Ruiz Cortines con López Mateos, López Portillo con Miguel de la Madrid o incluso Salinas de Gortari con Zedillo. Se pueden hacer todas las simplificaciones que se quieran (“la dictadura perfecta”), pero cada uno de ellos gobernó, siendo todos priistas, desde ópticas y visiones en ocasiones muy diferentes. Y todos fueron, en su momento, poderosos.

Creo que al final vamos a tener una Presidenta que le hará todos los reconocimientos posibles a López Obrador mientras aplica las políticas que considere más convenientes. Una mandataria que tendrá que invertir buena parte de sus fuerzas en obtener buenos resultados en circunstancias complejas, pero también en contener las presiones internas para marcar su rumbo y evitar que implosione su movimiento. Con un exresidente que no se retirará por completo, pero al que tampoco le alcanzará como para ser el poder tras el trono.

– – –

Astillero

AMLO en Los Pinos: significados // Poder presidencial a la vista // Transición ordenada y fraterna// Guadalajara: tambaleo electoral

Julio Hernández López | La Jornada

Ayer estuvo Andrés Manuel López Obrador en Los Pinos, pues Morena, a cargo de Mario Delgado, celebró los seis años del triunfo electoral del tabasqueño con un acto con abierto sentido de homenaje en el histórico inmueble que simboliza el poder presidencial derrotado en 2018 y ahora en proceso de continuidad con Claudia Sheinbaum, que, además de Clara Brugada, será una de las voces oratorias conmemorativas.

El contexto de esta evocación es altamente positivo para el movimiento político y social que ha encabezado López Obrador. Seis años atrás fue indubitable el resultado que lo llevó a vivir en Palacio Nacional y no en Los Pinos, el antiguo rancho llamado La Hormiga que Lázaro Cárdenas del Río habilitó como residencia presidencial en 1934, para no ocupar el obviamente ostentoso castillo de Chapultepec.

La movilidad inmobiliaria andresina no fue la más importante de las innovaciones que introdujo, pero sí una de las más emblemáticas, pues implicó el rechazo de la sede tradicional del poder que, luego de Cárdenas del Río, no había vuelto a tener un marcado componente popular. La narrativa obradorista fue pedagógicamente complementada con el rechazo del concepto de poder blindado y ensimismado que a la serie de presidentes correspondientes al PRI y el PAN confirió ese extenso complejo residencial y laboral, ahora denominado Complejo Cultural Los Pinos, de puertas abiertas a una programación cultural y artística de corte popular.

Los seis años del triunfo electoral de López Obrador casi coinciden con el primer mes del correspondiente a Claudia Sheinbaum, quien superó en cifras absolutas y porcentuales a su virtual antecesor. La aplastante votación obtenida por la científica capitalina ha sido también una confirmación del arrastre electoral del tabasqueño, una especie de validación masiva de sus políticas y un mandato de continuidad de éstas.

El poder de López Obrador está a la vista. Sigue manejando e imponiendo la agenda política diaria, ha establecido compromisos programáticos transexenales y una parte de sus acompañantes actuales en el gabinete ocuparán cargos en el siguiente. En el control de las cámaras quedarán dos de sus principales operadores (Adán Augusto López Hernández y Ricardo Monreal, en el Senado y en San Lázaro, respectivamente) y tres cuartas partes de los gobiernos estatales son del guinda y asociados, con el sonorense Alfonso Durazo como una especie de coordinador.

Receptora de una fuerza política inusitada, destinada con absoluta legitimidad electoral y política a manejar una avasallante estructura de poder que ha sumido en la confusión y la desesperación a los opositores a la llamada 4T, Claudia Sheinbaum Pardo mantiene una abierta disposición a la continuidad, aunque añade la noción del cambio, e incluso a compartir escenario en actos masivos a lo largo del país, en giras de fin de semana con el presidente saliente, quien ayer, en el sureste, resaltó que la transición la estamos realizando de manera ordenada y fraterna. Es inédito.

Dicho proceso de transferencia del poder entre miembros de una misma corriente política e ideológica contrasta con lo sucedido en otras latitudes, donde por sus propias habilidades la derecha y la ultraderecha avanzan (Francia, ayer, como ejemplo, encaminado a una segunda vuelta definitoria) o las izquierdas se debilitan y confrontan (Argentina, Brasil Chile, entre otros casos latinoamericanos, entre los que destaca la dura pelea en Bolivia entre Evo Morales, buscador de relección, y Luis Arce, el actual presidente, con mutuas acusaciones).

Y, mientras una sala regional del tribunal electoral federal ha detenido el conteo voto por voto correspondiente a la presidencia municipal de Guadalajara, en espera de que el tribunal estatal fundamente debidamente esa acción, entrando al fondo de las impugnaciones electorales presentadas.

– – –

México, SA

Primer pago a beneficiarios // Fondo de Pensiones del Bienestar // Pasta de Conchos: transparencia

Carlos Fernández-Vega | La Jornada

De acuerdo con lo programado, ayer se realizó el primer pago en el marco del ya vigente –desde mayo pasado– Fondo de Pensiones para el Bienestar, promovido, instrumentado y puesto en operación por el gobierno del presidente López Obrador. Mediante este nuevo mecanismo se beneficiará a todos aquellos, con la edad legal fijada, que cotizan en el IMSS desde el primero de julio de 1997 o en igual fecha, pero de 2007, en el ISSSTE, quienes recibirán el ciento por ciento de su último salario hasta un máximo de 16 mil 777.68 pesos mensuales.

Tras una larga batalla con los dueños de las administradoras de fondos para el retiro (Afore), que se han hinchado de ganancias con el ahorro de los trabajadores, el gobierno federal logró reducir las voluminosas comisiones que estos negocios privados (por cortesía de Ernesto Zedillo, en 1997, y de Felipe Calderón, en 2007) cobraban a los cuentahabientes y recuperó alrededor de 41 mil millones de pesos que ellos se negaban a entregar e ilegalmente mantenían en sus alforjas.

Con esta última cantidad y otras aportaciones presupuestales se constituyó el Fondo de Pensiones para el Bienestar –que no sustituye a las Afore–, y este mecanismo inicia hoy formalmente con el primer pago a los beneficiarios, una vez instaurado el fideicomiso correspondiente en el Banco de México.

¿De dónde salen esos 41 mil millones de pesos? El fundamento legal dice así: El Fondo de Pensiones para el Bienestar administrará los recursos que se transfieran de la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, así como los de la subcuenta de vivienda, de los trabajadores que tengan 70 años o más, en el caso del IMSS, o 75 si es persona trabajadora cotizante al ISSSTE que no tengan una relación laboral vigente y que no hayan cotizado en el último año. Estos fondos permitirán costear dicho complemento. Si una persona no está en ese supuesto, su saldo no pasará a dicho fondo y sus recursos permanecerán en su Afore y en el Infonavit o Fovissste, según aplique.

Al anunciar su creación, el presidente López Obrador subrayó que el citado fondo forma parte de su política laboral y social para mejorar los salarios de los trabajadores, corregir todas las aberraciones, los retrocesos, que se aplicaron mediante reformas a la Constitución contra los trabajadores de México, en general en contra del pueblo en 36 años de política neoliberal. Todas se hicieron para favorecer a una minoría, a los que se sentían dueños de México; todas para privatizar los bienes del pueblo y de la nación en beneficio de particulares, de los llamados hombres de negocios vinculados al poder, traficantes de influencia. No hay ninguna en 36 años en beneficio del pueblo de México, ni, en especial, de los trabajadores. En ese periodo se perdió el propósito de hacer realidad la justicia social, lo que quedó plasmado en la Constitución de 1917.

Desde su aprobación en el Congreso y el posterior decreto fundacional, el mandatario mexicano advirtió sobre la posibilidad de que “la oposición impugne la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar (de hecho, sus legisladores votaron en contra), con el oscuro apoyo del Poder Judicial, pero, haga lo que haga, esto va hacia adelante y ya no lo detienen… Imaginen la alegría de un trabajador que se va a jubilar, ya no con 25-30 por ciento, como originalmente lo tramaron Zedillo y Calderón, que nosotros hemos ido aumentando”, sino con 100 por ciento.

Obviamente, los buitres de la oposición en el Congreso (PRI, PAN y el ya inexistente PRD), siempre dispuestos a bloquear cualquier iniciativa que beneficie a la mayoría, rápidamente promovieron una acción de inconstitucionalidad en contra del citado fondo y su cómplice en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la ministra Norma Piña, la recibió con los brazos abiertos. El pasado 24 de junio, la ministra Loretta Ortiz Ahlf admitió a trámite dicha acción, pero rechazó suspender los efectos del decreto.

Habrá que ver en qué termina este jaloneo, pero en vía de mientras hoy se paga la primera pensión del multicitado fondo.

Las rebanadas del pastel

En la mina Pasta de Conchos se recuperaron los primeros restos de uno de los 63 mineros fallecidos 18 años atrás, producto del homicidio industrial de Grupo México y su tóxico dueño Germán Larrea. Excelente noticia, pero parece que la Fiscalía General de la República quiere enrarecerla. Sin más, declaró una pausa y decidió no informar correctamente a los deudos. Entonces, ante todo, transparencia, que los familiares han esperado muchísimo tiempo para recuperar a sus muertos.