Lo que dicen los columnistas

Retrovisor

La reforma al Poder Judicial y la venganza misógina

El fin de ciclo del Poder Judicial está trazado.

Ivonne Melgar | Excelsior

Lo sucedido en las últimas horas en la Cámara de Diputados es el prólogo de una reforma al Poder Judicial que avanza en la aceptación de su inevitabilidad.

Mientras los legisladores de Morena advierten que harán valer su mayoría para que jueces, magistrados y ministros sean electos en las urnas, éstos se prepararan para la guillotina.

Los riesgos enumerados en el foro inaugural no habrán de conjurarse, aun cuando la coalición legislativa oficialista les tome la palabra a quienes propusieron gradualidad.

Porque los acontecimientos del jueves en San Lázaro nos permiten concluir que, dado que “el irreductible” de la reforma no es negociable, tampoco podrá desactivarse su peligro mayor.

El irreductible es la elección por voto popular de los juzgadores, según lo declarado por Ignacio Mier y Ricardo Monreal, al frente de las bancadas de Morena en el Congreso.

Y, a juzgar por los mensajes que los 11 ministros dieron este 27 de junio ante los parlamentarios de la mayoría gobernante, ya no habrá más resistencia ni oposición.

El fin de ciclo del Poder Judicial está trazado y es evidente que sus jerarcas, líderes, pensadores y encumbrados juristas han doblado las manos. Ni siquiera se observa una estrategia común entre ellos, sino acaso la defensa que cada una y cada uno, a su modo y desde su ubicación en el tablero político, logró armar.

Aunque siendo justos hay que aclarar que, con excepción de la ministra Lenia Batres, sus otros 10 compañeros dejaron registro de peligros, alertas y atenuantes.

Uno: los problemas que la iniciativa del presidente López Obrador busca resolver con la reforma podrían agravarse.

Dos: si el voto popular habrá de prosperar, deberá sustentarse en la ya existente carrera judicial que la propuesta busca destruir.

Tres: cambiar la forma de elección de los juzgadores no resolverá el rezago de justicia y sí podría profundizar la crisis de derechos humanos.

Cuatro: erradicar el sistema de méritos que sustenta el sistema de impartición de justicia implicaría enterrar sus posibilidades de independencia y autonomía.

Cinco: la reparación del daño a las víctimas no depende únicamente del Poder Judicial.

A continuación, algunas citas que ilustran esas advertencias.

Ministro Jorge Pardo: “Sustituir en un solo momento a más de 1,600 personas juzgadoras federales, además de la totalidad de las ministras y ministros de la SCJN, generaría un desajuste importante en el funcionamiento e integración de los órganos impartidores de justicia federales”.

Ministro Juan Luis González Alcántara: “La iniciativa sí pone en riesgo el acceso a una justicia independiente e imparcial para millones de personas (…) Se deja de lado la carrera judicial, se deja de lado el mérito, se deja de lado la experiencia, estamos politizando los nombramientos; la ciudadanía va a elegir en las urnas, pero los candidatos van a pasar por un filtro político”.

Ministro Javier Laynez: “El cargo de juzgador no puede sustentarse en los apoyos directos o indirectos que recabe durante la campaña para lograr ganar la elección, porque de manera inevitable comprometerá la independencia y resolución y estará más propicio a la corrupción de conflicto de intereses”.

Ministra Yasmín Esquivel: “Requerimos jueces por elección popular, sí; y que quienes participen cuenten con la preparación jurídica y el conocimiento de las materias sobre las cuales van a juzgar. La elección progresiva, sobre la que gira mi propuesta, consiste en la aplicación de elecciones populares sucesivas para ir cubriendo en forma escalonada aquellos cargos que queden vacantes”.

Ministra Loreta Ortiz: “Los procesos deben asegurar que haya criterios de selección ineludibles basados en el mérito”.

Ministro Luis María Aguilar: “No debemos destruir lo que hemos construido durante tantos años; aprovechemos la carrera judicial y, si se puede, combinar con la elección popular, mientras no se pierda la independencia, vamos por buen camino”.

Ministro Alberto Pérez Dayán: “La prisa no es un buen consejero. Los arrebatos, como la nacionalización de septiembre de 1982, que desencadenó y culminó con el Fobaproa de 1996, resultaron dolorosos y socialmente muy costosos”.

Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena: “Es importante considerar el impacto económico de un mal diseño (de reforma), convirtiendo la justicia en una subasta de jueces y magistrados. Considero que, y esto es sugerencia, lo mejor sería una reforma al sistema meritocrático que ya tenemos porque se debe mantener la profesionalización de la función, con una escuela judicial autónoma”.

Ministra Margarita Ríos Farjat: “Conveniente tener cuidado de no denostar lo que las generaciones de mexicanos y mexicanas han forjado a lo largo de su vida. Se vulneraría no solamente su memoria y nuestra historia, sino que se menoscaba la serenidad y esperanza de la generación actual”.

Ministra presidenta Norma Piña: “La justicia no es sólo una cuestión de leyes y tribunales. La justicia es una cuestión de derechos humanos, de equidad, de ética y de dignidad que involucra a todas las autoridades de los distintos niveles de gobierno. Resulta esencial decirlo con toda claridad: la justicia en México no es un monopolio del Poder Judicial”.

Frente a estas advertencias y propuestas, los legisladores de Morena respondieron con el mensaje de venganza del exministro presidente Arturo Zaldívar, quien acusó a sus excompañeros, con dedicatoria a su sucesora, de haberse sometido a la oligarquía, la oposición y “la comentocracia”.

Fue una celada, una descortesía parlamentaria, un acto de misoginia y saña digno de los regímenes dispuestos a la autocracia y la persecución de quienes discrepan. Después de esta ominosa señal, no queda duda de que por más que algunos diputados ofrezcan que ahora sí se moverán puntos y comas, la destrucción institucional se asoma en fondo y forma.

La única incógnita a despejar es si esta vergonzosa estampa es parte de “la continuidad sin ruptura” que ofrece la presidenta electa Claudia Sheinbaum.

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Arsenal

Pleito en el Tribunal Electoral

Francisco Garfias | Excelsior

En el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se perfila lo mismo que le ocurrió al Inai. Actualmente, el pleno del TEPJF sólo cuenta con cinco integrantes, de siete que debería tener. Los magistrados José Luis Vargas e Indalfer Infante, quienes terminaron su periodo hace tiempo, no han sido reemplazados. En octubre próximo se van los magistrados Reyes Rodríguez y Felipe Fuentes.

Si el Senado no hace la tarea de elegir a los sucesores, después de octubre sólo quedarán tres magistrados. Para sesionar se requieren por lo menos cuatro. El TEPJF quedaría paralizado.

* Fuentes y Reyes se montaron en la coyuntura. Cabildean agregar un transitorio en la anunciada reforma electoral que extienda su mandato un año, aseguran en el Tribunal. Pero ven difícil que lo logren. Todos sabemos cómo terminó el intento del polémico Arturo Zaldívar de prolongar dos años su periodo como ministro presidente de la SCJN.

* Hay más. Los “Felipes” —Fuentes y De la Mata— promueven la creación de una comisión que se encargue de la validez de la elección. Ambos se autonombraron como integrantes de ésta. Se fueron por la libre. No le avisaron a la magistrada presidenta del TEPJF, Mónica Soto.

“Los Felipes son los que sacaron las reglas de cómo va a operar la comisión para la validez de la elección”, acusan.

Por si fuera poco, organizaron un foro público, previo a la entrega de la constancia de mayoría a la futura presidenta de la República, Claudia Sheinbaum. Convocaron a académicos, líderes de opinión, integrantes de la sociedad civil para que expongan sus puntos de vista sobre la transición. “Algo que no se ha estilado”, aseguran.

Tampoco avisaron de ese evento. Madrugaron no sólo a Soto sino a Claudia Sheinbaum. De acuerdo con la fuente, cedieron a la presión del PRI y el PAN que promueven el foro para exponer sus quejas sobre la “elección de Estado”.

A Morena le hace ruido ese foro. Lo ve como un intento de ponerle piedras a la constancia de mayoría de la virtual Presidenta electa. Los Felipes, según la fuente, buscan un escaparate para que los consideren para la SCJN, una vez que entre en vigor la reforma al Poder Judicial, pero “les salió el tiro por la culata”.

“¿Para qué hacer algo que va a complicar el proceso de transición?”, se pregunta la fuente. Y afirma: “Es un acto político, no jurisdiccional”.

El anuncio del foro apareció en el Diario Oficial sin el consentimiento de Soto. El detalle le costó la chamba a Rodrigo Sánchez Gracia, secretario general de acuerdos.

En esas estamos.

* Ni para atrás ni para adelante. El conflicto que tiene a trabajadores de limpieza del IPN sin cobrar se complicó. Luego de pláticas en la Secretaría de la Función Pública con la empresa Gott Und Glück, que los contrató, el Politécnico inició el procedimiento para rescindir el contrato por diversos incumplimientos. La empresa dice que el IPN le debe 130 millones de pesos por servicios prestados de mayo a junio pasados y que por eso no puede pagar sueldos. El IPN argumenta que no le puede pagar por que la citada sociedad opera con irregularidades.

¿Cuáles? Un documento interno del Poli señala que los trabajadores de Gott Und Glück no están registrados en el IMSS. “Se encontró falsedad en la información proporcionada para efectos del contrato”, dice. Y más: “El aviso de registro, emitido por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, carecía de vigencia desde el 14 de febrero de 2014”.

El reporte interno asegura que el 25 de abril pasado, un representante de la empresa entregó copia simple de un documento con el logo de la STPS, pero, que al hacer una búsqueda en la plataforma correspondiente, no se encontró registro alguno de nombre Gott Und Glück.

“El 3 de mayo se le volvió a pedir a la empresa que exhibiera el registro mencionado ante la STPS, pero no lo ha hecho”.

Once días después, la STPS notificó que, derivado de una búsqueda en la plataforma y en el Padrón Único de Contratistas de Servicios y Obras Especializados, no se visualizó que Gott Und Glück contara con registro. El IPN afirma también que el personal asignado, entre ellos supervisores, no asisten a prestar los servicios pactados, produciendo condiciones insalubres en inmuebles ocupados por unidades académicas o administrativas. “Tienen a todas las escuelas sin agua y jabón”, se lee en el documento.

Entre las condiciones que el IPN pone para liberar el recurso está el pago de las multas por el incumplimiento en las condiciones establecidas en el contrato: presentación del Sistema Único de Autodeterminación (SUA) del IMSS, suministro de materiales para que se cumpla con el servicio y la comprobación de alta de los trabajadores en el Seguro Social.

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Nudo gordiano

¿López Obrador le baja dos rayitas?

La capacidad de Sheinbaum para moderar las posturas más radicales del Presidente podría ser clave.

Yuriria Sierra | Excelsior

Pasó un poco lo inesperado: Andrés Manuel López Obrador ha dado un paso que sorprendió al mostrar algo de apertura a la propuesta de una elección gradual de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Poder Judicial. Esta decisión, que suaviza su postura inicial, podría marcar un punto de inflexión en el debate sobre la reforma al Poder Judicial.

La propuesta original de López Obrador, que buscaba una renovación inmediata y completa de la SCJN, había generado preocupación entre diversos sectores por su potencial para desestabilizar uno de los pilares fundamentales del sistema democrático mexicano, además de una volatilidad muy peligrosa en los mercados. La apertura a una transición más gradual sugiere, aunque sea parcialmente, una disposición al diálogo y al consenso que muchos consideraban ausente en el tramo final de la política de López Obrador.

Este giro en la estrategia de López Obradorpodría ser el resultado de diversas presiones y negociaciones. Algunos analistas especulan que la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, habría jugado un papel crucial en esta moderación. Su perfil, percibido como más conciliador –y su papel central como Presidenta electa– para decidir cómo se deben enfrentar los riesgos de la reforma mal ejecutada, podría haber influido en la decisión del Presidente de buscar un terreno común con la oposición y el poder judicial.

La aceptación de una implementación gradual de la reforma judicial podría tener varias implicaciones positivas:

1. Reducción de la tensión política: al mostrar flexibilidad, López Obrador abre la puerta a un diálogo más constructivo con la oposición y el Poder Judicial. 2. Mayor legitimidad: una reforma consensuada tendría mayor aceptación y legitimidad, tanto a nivel nacional como internacional. 3. Estabilidad institucional: una transición gradual permitiría una adaptación más suave del sistema judicial, minimizando posibles disrupciones. 4. Señal de madurez política: este movimiento podría interpretarse como un signo de madurez política y capacidad de negociación del gobierno.

Sin embargo, es importante señalar que éste es sólo un primer paso. Porque el diablo está en los detalles, y será crucial observar cómo se materializan estas intenciones en propuestas concretas y negociaciones futuras.

La influencia de Sheinbaum en este proceso, si se confirma, podría ser un indicio de su futura dinámica con López Obrador. Su capacidad para moderar las posturas más radicales del Presidente saliente podría ser clave para navegar los desafíos de la transición y de su propio sexenio.

En conclusión, esta aparente cesión de López Obrador abre una ventana de oportunidad para un debate más constructivo sobre la reforma judicial. Será responsabilidad de todos los actores políticos aprovechar este momento para buscar construir un consenso que fortalezca, en lugar de debilitar, las instituciones democráticas de México.

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México SA

Va reforma al Poder Judicial // Piña se muerde la lengua // Justicia: ¿injusta o inexistente?

Carlos Fernández-Vega | La Jornada

No hay vuelta atrás: la reforma constitucional va y comienza la demolición del Poder Judicial de la Federación tal y como lo conocen y padecen los mexicanos, para quienes la justicia es “cara, elitista, desgastante, humillante, lenta, inaccesible, inentendible, abusiva, misógina, racista, clasista, corrupta, parcial … En una palabra, es injusta”, como resumió la ministra Lenia Batres, amén de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se convirtió en defensora de las élites, de la oligarquía, de los poderosos, de la comentocracia, de la derecha, como subrayó el ex presidente del máximo tribunal, Arturo Zaldívar.

Pésimo día y peor futuro para los actuales ministros, magistrados y jueces, pero excelente y con mucha luz para millones de mexicanos a quienes aquellos permanentemente les niegan la justicia por estar muy ocupados en velozmente atender las exigencias de los poderosos.

Algo más dijo Zaldívar (frente a él, Norma Piña y los 10 ministros restantes): desde la llegada de la actual presidenta de la SCJN, en enero de 2023, la decisión fue: destruyamos todo lo que se hizo y confrontémonos con los otros poderes del Estado. Entonces, se dejó de combatir la corrupción, se regresó al nepotismo como figura, se quitaron las políticas de paridad de género y de igualdad, la escuela judicial volvió a ser el club de amigos y el Instituto de la Defensoría Pública el patito feo del Poder Judicial, pero sobre todo se acrecentó la lejanía con el pueblo de México; olvidaron que el pueblo no es tonto y el pasado 2 de junio el pueblo mandó un mensaje contundente de que se requiere una profunda reforma judicial y que requerimos una justicia diferente.

En el mismo foro, en San Lázaro y al borde la lágrima, Norma Piña sólo alcanzó a pretextar que el paso veloz ante modificaciones estructurales sólo puede dar entrada a problemas mayores. En la reforma judicial no debe pesar más la celeridad que la idoneidad; las víctimas y quienes acuden al sistema de justicia merecen personas juzgadoras honestas, con vocación de servicio, empáticas y capacitadas. La justicia en México no es un monopolio del Poder Judicial; una reforma implica, como mínimo, reflexionar sobre el papel que desempeña como piedra angular para mantener la paz y la cohesión, y resolver de manera imparcial e independiente los conflictos que surgen en una sociedad democrática. Al concluir su exposición, se limpió la sangre acumulada en las comisuras de los labios.

A regañadientes, a los participantes de la oposición en los foros convocados por la Cámara de Diputados no les quedó de otra que asumir que, para ellos, la reforma constitucional al Poder Judicial es insalvable, por lo que se pronunciaron a favor de que se hagan las modificaciones pertinentes, pero con cuidado, porque, en línea con Norma Piña, si nos equivocamos, las consecuencias para el país pueden ser muy lamentables (¿qué mayores consecuencias lamentables que tener un poder del Estado al servicio de la oligarquía y en contra de los mexicanos?). Y en esa tesitura propusieron que los cambios requieren tiempos largos para la sana ponderación, y deben realizarse de manera gradual, escalonada, con suficiente análisis, sin prisas, en pocas palabras que cambie todo para dejar igual al Poder Judicial.

De pilón, el presidente López Obrador celebró que estén aceptando que hace falta la reforma en el Poder Judicial, eso es un avance importantísimo y es digno de reconocimiento, que ellos acepten que es necesario. Nada más no aplicar táctica dilatoria, no esperar a que se vaya el tiempo, como algunos están esperando. De todas maneras, nos vamos a ir, nada más que la transformación va a continuar.

Entonces, que no es por la vía del voto popular, como dicen algunos. Bien, pero no sólo es la negativa permanente. ¿Dónde están las propuestas, las alternativas, mediante cuáles mecanismos?, porque lo ineludible es la reconstrucción y saneamiento del Poder Judicial.

Las rebanadas del pastel

En Bolivia, el encontronazo de liderazgos es brutal: Evo Morales duda sobre el intento de golpe de Estado y cuestiona: ministros felices paseando en la plaza Murillo, tocando tanquetas, cero heridos, cero disparos, cero muertos; tarde o temprano dirá la investigación lo que ocurrió. Y en la tienda de enfrente, el presidente Luis Arce asegura que fue él quien notificó a Evo, porque estaba claro que venían por mí y después por él. Entonces, ¿quién dijo que el problema no está en el crecimiento de la derecha, sino en que la izquierda no ha sabido estar a la altura de la circunstancias?

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Humillación

Fabrizio Mejía Madrid | La Jornada

A unos 100 días del término de su sexenio, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo algo que me dejó pensando: Cuando se lucha por una causa justa se debe estar dispuesto a pagar cuotas de humillación. Sin duda, los últimos seis años han repartido de otra forma los reconocimientos sociales. Para poner dos ejemplos: se apreció por primera vez a los migrantes mexicanos en Estados Unidos y se despreció a los intelectuales neoliberales de la transición democrática, la misma que se cimentó con varios fraudes electorales. Al Presidente mismo, a sus hijos y esposa también, se les ha –digamos– difamado, por no adjetivar de otra manera la millonaria campaña orquestada por la ultraderecha, para situarlo como aliado de narcotraficantes. Y, de hecho, la frase del Presidente fue su reacción a que el patrocinador del Prian, Claudio X. González, le llamara enano moral. Pero el tema de la humillación no es menor. Ser ofendido y despreciado, avergonzado públicamente, son acciones, como escribió Hannah Arendt, del ámbito político, no del personal. Por ello, el Presidente la desplaza hacia la causa justa.

En el ensayo que le dedicó al tema, a partir de un libro de memorias de Stefan Zweig, Arendt establece una diferencia crucial: El hombre de negocios sólo conoce el éxito o e1 fracaso, y su única deshonra es la pobreza. El escritor, por su parte, solamente conoce 1a fama o el anonimato, y su única deshonra es el anonimato. Honor y deshonor son conceptos políticos. Con cierta rudeza innecesaria ante las memorias del escritor judío suicidado, Hannah Arendt critica la burbuja vienesa que se infla con la despolitización de sus artistas: la veneración hacia el genio, la vida pública como un teatro o una opereta decidida de antemano por los poderes oligárquicos, la celebridad como única vía de los excluidos para ser aceptados por una sociedad cada vez más jerárquica, disciplinaria, antisemita, guerrerista y creyente en la superioridad racial. Una decadencia que Europa experimentó en 1933 y que hoy, a casi 100 años, parece volver sin el menor descrédito.

Lo que la filósofa alemana y estadunidense trata de entender del escritor austriaco que se creyó miembro del selecto grupo de las celebridades cosmopolitas es el cambio en una sociedad que lo encumbró y luego lo dejó sin nacionalidad, deshonrado por ser judío y orillado a una emigración sin pasaporte. Lo que está tratando de entender es, al fin de cuentas, su suicidio, al que sólo menciona una vez. Describe, entonces, una ignominia que no es hacia la persona de Stefan Zweig ni a su evidente talento literario, sino hacia su despolitización, a su incapacidad para ver cómo ser y permanecer célebre era la única forma de pertenecer a una sociedad tan excluyente. Escribe Arendt: “Ni su propio éxito ni la fama alcanzada por sus obras bastaron para saciar una vanidad que, aunque escasamente relacionada con su carácter y hasta posiblemente contraria a él, estaba profundamente enraizada en una visión de1 mundo que, impulsada por la búsqueda del ‘genio natural’, del ‘poeta hecho carne’, consideraba que la vida sólo valía la pena si se desarrollaba en medio de una atmósfera de fama, en el seno de la élite de elegidos. La insuficiencia del propio éxito, el deseo de convertir la fama en un ambiente social, de crear una especie de casta de hombres ilustres, una sociedad de celebridades, esto es justamente lo que define a los judíos de aquella generación y lo que los distingue esencialmente de la manía del genio propia de la época. Entre los excluidos de la sociedad, entre los apátridas, la fama, el éxito fue un instrumento para procurarse un entorno, una patria”.

El cosmopolitismo de esa burbuja de celebridad internacional se transforma con la Segunda Guerra Mundial en la errancia de los cientos de miles de refugiados que se apilan en barcos, estaciones migratorias y hoteles de paso para escapar de Europa. Como el propio Zweig, que termina suicidándose en 1942 en Petrópolis, Brasil. Hannah Arendt lo despide con estas palabras: No existe duda alguna de que fue precisamente para esto para lo que Stefan Zweig se entrenó durante toda su vida, para estar en paz con el mundo, con el entorno, para mantenerse elegantemente alejado de toda lucha, de toda política. Para este mundo, con el que Zweig hizo las paces, ser judío fue y es una deshonra, para la que ya no hay escapatoria individual alguna en la fama internacional, sino única y exclusivamente en la política y en la lucha por el honor de todo el pueblo.

Pero hay otra dimensión a esta diferencia entre la caída en desgracia personal y la deshonra pública. Para entenderla quizás sea justo recordar que nace cuando se incluye a los plebeyos en cargos como el Senado romano. Hasta el siglo IV antes de nuestra era, los cargos públicos eran exclusivos de la élite económica. Pero a partir del plebiscito Ovinium, un plebeyo puede acceder a ellos por sus virtudes públicas. La contraparte es la ignominia, el descrédito civil y la exclusión de los cargos antes asegurados por haber nacido privilegiado, cuando no la expulsión de un gremio o una comunidad. Maquiavelo hace la distinción entre calumnia y acusación. La primera, cualquiera la hace. En la segunda se necesitan pruebas y testigos. Donde priva la calumnia es donde hay menos acusación, escribe. Es justo de lo que hablamos cuando hablamos de la apariencia y la verdad. No se puede humillar con una calumnia. Sólo hay ignominia en una acusación.

La conciencia de ser un paria obtiene en Marx una dimensión colectiva cuando escribe a los 25 años: La opresión real hay que hacerla aún más pesada, añadiéndole la conciencia de esa opresión; hay que hacer la ignominia más ignominiosa, publicándola. A lo que se refiere es a compartir la humillación con los otros oprimidos y dejar de sentir vergüenza personal. Lo que propone Marx es un cambio desde la culpa individual hacia la deuda social. La humillación se convierte en reclamo. Es por eso que me quedé pensando en la frase de Andrés Manuel. Los que se quejan de ser rechazados en sus mañaneras no son capaces de ver las décadas de exclusión de los demás, los más pobres y vulnerables. Ven sólo su nombre propio, su credibilidad individual, expuesta por decir mentiras, hacer comparaciones inútiles o fabricar noticias falsas.

Tomar conciencia de la injusticia significa, en primera instancia, compartirla. Y, sin duda, todas las calumnias contra el Presidente las han sentido como propias los millones que lo respaldan. De ahí que este texto sea, también, de afinidad.

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Reformar el poder o la justicia

Mariana Bermúdez | La Jornada

La democracia está sustentada en el poder que el pueblo confía en las personas que eligen como representantes. Para prevenir los abusos de las autoridades se constituyen los tres poderes de gobierno como un ejercicio de equilibrio, vigilancia y observancia entre ellos sobre su actuar. Aunado a ello, cada poder cuenta internamente con distintas instancias de control y rendición de cuentas sobre las decisiones que realizan en cada parte de los procesos legislativos, jurídicos y ejecutivos.

Es importante mencionar que el avance de los movimientos y acciones de derecha en América Latina durante la reciente década ha generado detrimento en diversos ámbitos, principalmente, en esta dinámica institucional tripartita. Ahora, en México se ha iniciado la discusión sobre la propuesta de reforma al Poder Judicial enviada desde el Ejecutivo federal y es indispensable que, más allá del número de jueces que estén al frente de las instancias judiciales, como ciudadanía activa reflexionemos encómo impactarán estos cambios en los procesos de búsqueda de verdad y justicia de las víctimas de delitos y violaciones graves de derechos humanos.

En primer lugar, el sistema de justicia mexicano ha tenido grandes desafíos para llevar a cabo la aplicación adecuada de las leyes constitucionales y de los estándares internacionales ratificados en diversas materias, primordialmente en las respectivas a derechos humanos. Esto ha implicado que las palabras justicia, verdad y reparación integral del daño sean aún promesas incumplidas para las víctimas desde varias administraciones federales atrás. En segundo lugar, la corrupción, la impunidad y la obstrucción de la justicia son elementos que no se han podido erradicar de las diversas instancias encargadas de impartir justicia a pesar de los distintos programas y políticas de gobierno destinadas a ello. Tampoco se ha logrado implementar la incorporación de la perspectiva de género ni el enfoque de derechos humanos de maneras acertadas y cercanas a las víctimas en sus respectivos procesos. En tercer lugar, es cierto que algunos jueces no son imparciales porque votan a favor de empresas trasnacionales y no de las comunidades indígenas que están siendo vulneradas mediante la extracción de sus recursos naturales y comunales, así como violentando sus derechos humanos colectivos. También es cierto que algunos jueces son machistas, misóginos y sexistas, que revictimizan a las familias y mujeres víctimas de violencia de género y no dan sentencias justas ni reparadoras para la violencia que han recibido.

Sin embargo, es necesario reconocer que el Poder Judicial no sólo es una institución o un número selecto de jueces y juezas en un solo órgano de gobierno, sino que es un sistema que comienza desde la persona que atiende una denuncia hasta quien imparte la sentencia en cada nivel y ámbito de competencia. No podemos olvidar que diversas organizaciones de la sociedad civil han documentado y visibilizado las áreas de oportunidad del sistema de justicia a nivel local y federal, recordando que, si bien la persona encargada tiene la responsabilidad social de cumplir con su deber, también requerimos que el personal público asuma su rol como garante de derechos y que cuente con las herramientas necesarias para ello. Por tanto, si aun con procesos de rigurosa selección se han tenido estos vacíos en la garantía de los derechos humanos y en los procesos de verdad y justicia, ¿qué tipo de personas necesitamos al frente de esas instancias? ¿Cómo podemos desburocratizar algunos trámites judiciales y fortalecer los mecanismos de seguimiento? ¿Qué tipo de justicia queremos como sociedad? ¿Cómo puede garantizarnos el Estado mexicano que las deudas históricas con las víctimas ahora sí se resolverán con esta propuesta de reforma? Este proyecto legislativo significa un profundo cambio sistémico que aún no tiene horizontes claros sobre cuál es la transformación real para las víctimas en este nuevo modelo y que preocupa mucho la forma en que se podrían llevar a cabo los procesos judiciales a manos de personas que podrían tener las mejores intenciones, pero que podrían continuar omitiendo normativas sustanciales para la protección de la dignidad humana. A pesar de ello, esta iniciativa es una oportunidad para repensar los modelos de justicia que queremos como ciudadanía, sin olvidar las responsabilidades que tiene el Estado para con las víctimas, pues la justicia no es sólo una cuestión de popularidad, sino de compromiso social y voluntad política.