Lo que dicen los columnistas

El INAI y la omisión del Senado

Al INAI se le ha metido en un juego político acompañado de una campaña de desinformación que sigue activa; nos convertimos en una moneda de cambio.

Julieta del Río* | Proceso

El pasado 30 de abril concluyó el periodo ordinario del Senado. La legislatura pasará a la historia por no haber logrado —¡en 766 días!— los consensos necesarios para completar el pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

Los nombramientos del INAI no fueron la prioridad anteriormente y tampoco lo fueron en este último periodo legislativo. Sumado a la falta de voluntad por llegar a un consenso, pues los tiempos electorales nublaron los procesos de la cámara alta. Además, al INAI se le ha metido en un juego político acompañado de una campaña de desinformación que sigue activa; nos convertimos en una moneda de cambio.

Por un Acuerdo emitido el 17 de abril por la Jucopo del Senado, las Comisiones Unidas de Justicia y de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana, el 22 de abril se llevó a cabo la “evaluación” de 25 nuevos aspirantes. Ésta consistió en una exposición breve seguida de una o dos preguntas por parte de las y los senadores. Sinceramente, llama la atención la baja calidad y el desorden que hubo para revisar los perfiles.

De acuerdo con declaraciones del presidente de la Jucopo, el 25 de abril, esas comisiones presentaron el listado de las personas candidatas que reúnen las condiciones de elegibilidad para ocupar dos vacantes del INAI. Lamentablemente, durante el periodo ordinario no se presentó la votación que correspondía a estas convocatorias.

Esta legislatura cerrará con 44 designaciones sin realizar, entre las que se encuentran el INAI, Sistema Nacional Anticorrupción, Coneval y el IFT, entre otros. Además, faltan 44 vacantes de diversos tribunales electorales y 71 magistraturas de salas regionales estatales.

Recordemos que por ley, el pleno del INAI debe integrarse por siete comisionados; no obstante, en abril de 2022 concluyeron su mandato dos y el Senado no realizó los nombramientos correspondientes. Del primero de abril al 29 de agosto de 2023, tras el término del cargo de otro comisionado, el máximo órgano de este Instituto estuvo impedido para sesionar.

Gracias a resoluciones de la SCJN, actualmente cuatro comisionados podemos seguir resolviendo recursos, en tanto que el Senado continúa siendo omiso. En el INAI, particularmente, nos enfrentaremos a una vacante más en abril del próximo año con la salida de la comisionada Ibarra. Podremos seguir operando como pleno, pero estamos en coma con algo de oxígeno.

Si bien somos cuatro en vez de siete, seguimos con el mismo ímpetu y profesionalismo, pues la sociedad ha incrementado el ejercicio de sus derechos a conocer información pública y a proteger sus datos personales. Desde el año pasado fui la principal impulsora de implementar una reingeniería, porque estoy convencida de que el instituto puede caminar con menos direcciones y menos presupuesto. No puede ser lo que fue cuando nació. Además, cuidar el presupuesto es cuidar al INAI.

En comparación con 2023, este año los recursos interpuestos en el INAI han incrementado en 6.7% (van 7 mil 337 desde que inició el 2024). La ponencia a mi cargo es la que menos días tarda en resolver un asunto (11 días en sustanciación cuando la ley permite 20). Esto no es casualidad sino voluntad y casi 34 años de experiencia como servidora pública que me permite dejar huella.

Hay energía, trabajo y capacidad en muchos servidores públicos dentro del instituto. Seguiremos por este mismo rumbo, porque el trabajo todo lo vence.

*@JulietDelrio es comisionada del INAI.

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Nudo gordiano

Encuestas

Yuriria Sierra | Excelsior

En la política mexicana actual, la fiabilidad de las encuestas, un elemento fundamental para cualquier democracia moderna, ha sido cuestionada de manera preocupante tanto por la clase política, como por algunos medios y sociedad. Este rechazo generalizado a las encuestas como herramientas legítimas para medir las intenciones de voto del electorado representa un golpe significativo para la democracia mexicana, que aún lucha por consolidar sus instituciones y procesos democráticos.

En una democracia joven como la mexicana, las encuestas han desempeñado un papel crucial en los procesos electorales, proporcionando una instantánea del ánimo del electorado y ofreciendo a los políticos y al público una visión más clara de la dinámica electoral. Sin embargo, en los últimos años, la desconfianza hacia las encuestas ha crecido a un ritmo alarmante, en parte debido a la retórica de la clase política y la polarización social.

Una de las razones detrás de este escepticismo es la manera en que los resultados de las encuestas son interpretados y utilizados por los actores políticos. En lugar de considerarlas como herramientas imparciales para medir la opinión pública, muchos políticos las desestiman o manipulan para adaptarlas a sus propias agendas. Esto ha llevado a un ciclo de descalificación en el que los resultados que no coinciden con la narrativa de un partido o candidato son inmediatamente cuestionados, contribuyendo a la erosión de la confianza en el proceso democrático.

Además, la polarización social ha exacerbado esta desconfianza. En un contexto en el que la opinión pública se ha fragmentado en bandos opuestos, las encuestas se han convertido en un campo de batalla ideológico, en lugar de un reflejo objetivo de la intención de voto. Las respuestas de los encuestados a menudo reflejan más sus lealtades políticas que una evaluación objetiva de la situación política, lo que a su vez alimenta la percepción de que las encuestas no son fiables.

Sin embargo, esta desconfianza es profundamente injusta para las casas encuestadoras que, durante décadas, han trabajado para perfeccionar sus metodologías y construir su prestigio. Estas organizaciones han desarrollado técnicas de muestreo, ponderación y análisis de datos para proporcionar resultados precisos y confiables. La negación sistemática de sus resultados no sólo menosprecia su labor, sino que también perjudica la percepción de las encuestas como un componente válido y esencial del proceso democrático.

La importancia de las encuestas en una democracia va más allá de su función electoral inmediata. Proporcionan un indicador valioso de la opinión pública sobre una variedad de temas, desde políticas gubernamentales hasta cuestiones sociales y económicas. Esta información es crucial para que los líderes políticos comprendan y aborden las necesidades y preocupaciones de la ciudadanía. Sin la orientación que brindan las encuestas, el proceso democrático pierde un elemento fundamental para la toma de decisiones informadas y representativas.

Para restaurar la confianza en las encuestas, es esencial que la clase política y la sociedad en su conjunto reconozcan su valor y las utilicen de manera constructiva. Los políticos deben evitar la tentación de descalificar los resultados que no les favorecen y, en cambio, aceptar las encuestas como una herramienta válida para guiar su toma de decisiones. La ciudadanía, por su parte, debe resistir la tendencia a ver las encuestas a través de una lente ideológica, reconociendo su papel en el fortalecimiento del proceso democrático.

En última instancia, la democracia mexicana necesita recuperar la confianza en las encuestas para avanzar en su consolidación. La desconfianza hacia estas herramientas fundamentales no sólo socava la legitimidad de las elecciones, sino que también obstaculiza la capacidad de la democracia para representar y servir a la ciudadanía. Para que la joven democracia mexicana prospere, debe restaurar la confianza en sus instituciones, y esto incluye la percepción de las encuestas como un componente legítimo y valioso del proceso democrático.

Nunca han faltado las casas encuestadoras que ajustan sus mediciones a los deseos de sus clientes. Que aparecen y desaparecen cada seis, nueve o 12 años. Aciertan por buena suerte o fallan por falta de seriedad. Por eso recomiendo quedarse con la lectura de aquellos que tiene el respaldo de años de aciertos y que por lo general son publicadas por medios con prestigio que las respaldan.

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Número cero

El debate rayó en violencia política

José Buendía Hegewisch | Excelsior

La nota del discurso de violencia política es el peor mensaje del debate presidencial para un país asediado por la dureza de la agresión machista y la cifra escandalosa de 30 políticos asesinados en la campaña. La licencia para atacar traspasa límites como si fuera un derecho de estrategias partidista para entregarse a la guerra sucia con que desacreditar al adversario y ganar el “corazón” de los votantes lo que queda para la elección.

Estos comicios son inéditos por muchas razones, pero la más importante, que en pocos días México tendrá una mujer presidenta por primera vez en su historia. Pero también, paradójico, que las dos que pueden ganar se enzarcen en una batalla verbal a contrapelo de históricas reivindicaciones feministas. El debate no sólo fue un glosario de ataques con artillería pesada, sino de acusaciones para tratar de invisibilizarse e invalidarse en un baño de lodo que oscureció casi cualquier propuesta.

¿Cuál es el objetivo? Mostrarse una a la otra incapaces para acceder al cargo más alto del poder en el país ¿Qué aporta al debate público? Incluso, a la estrategia de Xóchitl, que tiene la idea de que sólo con ataques masivos negativos podrá recortar su desventaja demoscópica de dos dígitos con Sheinbaum. ¿Por qué la puntera se dejó arrastrar en contra de cualquier manual electoral para conservar ventaja?

Las dos candidatas coincidieron en explicar el aquelarre como producto de un ambiente enrarecido. Sheinbaum habría llamado corrupta a la otra para repeler calumnias y el mote de candidata de las “mentiras” que usó Xóchitl para referirse a ella, dado que no se mencionaron por su nombre. La tentativa de borrar a una mujer sin nombrarla es una de las mayores críticas contra el machismo y la violencia de género, que ahora dejan pasar con la licencia del encuadre político.

Pero el revire de Xóchitl al tilde del “Prian” con la acusación de “narcocandidata” llevó al extremo su estrategia de colocar a Sheinbaum en estructuras cargadas de sentido negativo, y que, sin aportar prueba alguna, se reduce a una caricatura. Ese exceso verbal dibuja esa delgada línea de la violencia política, que luego festejaría al bromear con que la de enfrente “aún está buscando sus dientes”. En efecto, encasillar a una candidata en una estructura criminal es una desproporción que pretende menoscabar simbólicamente su derecho político a querer conducir la nación, aun si sólo sea el intento de extrapolar la campaña del “narcopresidente” contra López en su sucesora.

A pesar de ello, los ataques se celebran como el rearme de una guerrera y demostración de que la “guerra sucia” es la estrategia correcta. Es la misma de la polarización que usó López Obrador con la oposición, dicen sus seguidores, como si eso justificara la campaña negra. Aunque dudo que el marcador se haya movido, esos golpes sirven de caja de resonancia a los suyos para alzarle la mano e insuflar optimismo a una campaña que entraba a las horas bajas de decepción. En cualquier caso, la violencia verbal de la guerra psicológica se asoma como la estrategia central del tercer debate y el resto de la campaña.

Xóchitl mantendrá el tono de sus ataques porque, lejos del exabrupto por el ambiente enrarecido, responde a creer que puede ganar la “mente y corazón” de los indecisos si encasilla a Morena en la “narcopolítica” con la prueba de un meme sobre la Santa Muerte que circuló en sus redes, y encuadrar a Sheinbaum en ella simplemente porque no hay manera de que se mande sola, en otra descalificación de género.

La campaña de continuidad de Sheinbaum no es extraña en cualquier democracia para un partido en el poder, aunque se critique como signo de falta de autonomía de llegar a la Presidencia. La defensa de los resultados del gobierno es una estrategia casi obligada para un candidato que ofrece seguir con el mismo proyecto porque, además, se apoya en la aprobación presidencial. Aunque el reclamo imprudente del Presidente tras el primer debate no le ayuda a consolidar su estilo, pero sería más costosa la confrontación con el líder indiscutido de su partido.

Ése es el principal dilema que deberá resolver el resto de la campaña, en un terreno difícil porque, al mismo tiempo, enfrentará la guerra sucia opositora, y evitar caer en la batalla de lodo que no conviene al puntero, como seguramente le enseñó el último debate con Xóchitl.

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Astillero

Palestina y el Día del Trabajo // Reprimen a universitarios // Noboa: cinismo y absurdidad // El PAN insiste con García Cabeza de Vaca

Julio Hernández López | La Jornada

Además de sus reivindicaciones laborales y políticas específicas en el Día del Trabajo, en varios países se agregó la defensa del pueblo palestino en el contexto de la sostenida agresión criminal que se comete en Gaza.

Las protestas tienen además, como notable referencia, la extendida movilización de universitarios, particularmente en Estados Unidos, que está siendo reprimida por gobiernos que entre más tratan de sofocar el descontento más esparcen esa misma flama. Por otra parte, se han producido enfrentamientos verbales y físicos entre grupos que mantienen posturas encontradas.

En México, donde también se han producido manifestaciones de apoyo a la causa palestina, hubo marchas que partieron desde rumbos distintos. El Congreso del Trabajo había anunciado que los sindicatos bajo su control no acudirían a manifestaciones y el llamado sindicalismo independiente sí participó, pero sin que haya verdaderas posturas unitarias.

El presidente Andrés Manuel López Obrador, en tanto, firmó el decreto que crea el fondo de pensiones que manejará las transferencias bancarias de cuentas para el retiro que no tuviesen movimiento durante determinado lapso. También se reunió con dirigentes sindicales.

A la alevosía y la irracionalidad, el gobierno ecuatoriano del junior empresarial Daniel Noboa ha agregado ante cortes internacionales el cinismo y el absurdo: pretende culpar a México del salvaje asalto a la embajada en Quito por no aceptar las exigencias de entregar al ex vicepresidente Jorge Glas, a quien nuestro país estaba en proceso de dar asilo y, finalmente, por no permitir que policías y militares del país sudamericano entraran por la fuerza a la sede diplomática para llevarse al político correísta mencionado.

Las ridiculeces llegaron al extremo de que dos ciudadanos ecuatorianos, Galo Monteverde y Milton Castillo, acusaron ante la fiscalía federal a Roberto Canseco, el funcionario diplomático mexicano que trató de impedir el atropello a la embajada y el secuestro de Glas, pues, según los denunciantes, obstruyó la justicia. Ante la evidente aberración, la fiscalía desechó la pretensión.

Ahora, ante la Corte Internacional de Justicia, donde México pide la aplicación de medidas (unas inmediatas, preventivas, y otras de fondo), el principal representante de Ecuador, Andrés Terán Parra, ha hecho una tentativa de defensa tan vergonzosa como ineficaz: el asalto a la embajada, cometido por policías y militares, el maltrato a personal diplomático mexicano y el secuestro de una persona en proceso de asilo constituyen, según el impúdico vocero del estadunidense Noboa (nació en Miami, Florida), un incidente aislado (…) fue solamente eso. Tuvo lugar en circunstancias muy excepcionales.

Lo cierto es que México obtuvo un variado y enorme apoyo de gobiernos e instituciones internacionales ante el ataque del gobierno de Noboa, y en cuanto a las denuncias presentadas en la Corte Internacional de Justicia, las perspectivas son positivas, pues la administración del citado Noboa actuó de manera criminal que es evidente e innegable.

Astillas

Acción Nacional insistió ante el INE en dar fuero al ex gobernador tamaulipeco Francisco Javier García Cabeza de Vaca mediante una candidatura privilegiada a diputado federal (primer lugar en la lista de una circunscripción electoral). Ya el tribunal electoral había desechado tal intención, en vista de la condición de prófugo que mantiene el panista, pero una muy irregular resolución de un juez con sede en Tamaulipas replanteó el asunto al establecer que podría tener sus derechos electorales a salvo. En la madrugada del miércoles, el Consejo General del INE, por 10 votos contra uno, rechazó el reacomodo de García Cabeza de Vaca, pero el asunto irá de nuevo al tribunal electoral… Y, mientras ha muerto Paul Auster, gran escritor, guionista y director de cine.

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México SA

Pensiones, al 100 por ciento // Primera entrega, en julio // AMLO: ya no lo detienen

Carlos Fernández-Vega | La Jornada

Nada consuela a los dueños de las Afore, supuestos administradores de los fondos de retiro de millones de mexicanos quienes, en el mejor de los casos, han recibido migajas, mientras ellos se sirven con la cuchara grande, con ganancias cercanas a 30 mil millones de pesos por año, sólo por comisiones. Y lloran amargamente, porque, a más tardar en la segunda quincena de junio próximo, deben entregar alrededor de 41 mil millones de cuentas no reclamadas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), los cuales alegremente han jineteado a lo largo del último cuatrienio (sólo en 2023 se embolsaron de 4 mil 600 millones).

Ayer, día internacional del Trabajo, el presidente López Obrador firmó el decreto que formalmente crea el Fondo para las Pensiones del Bienestar –ya se publicó en Diario Oficial de la Federación, luego de que el Legislativo aprobó la reforma por él propuesta, y entró en vigor ayer– y en él queda claro que el compromiso es que el próximo 1º de julio comiencen a pagarse las primeras pensiones dignas que garantizan el 100 por ciento del salario del trabajador a retirarse, tomando como base el salario promedio.

En ese tenor, se detalló que durante la segunda quincena de junio de 2024, las Afores, el IMSS, el Issste, el Infonavit y el Indep, así como otras fuentes de financiamiento deberán transferir los recursos al Fondo de Pensiones del Bienestar para que las y los trabajadores puedan acceder a su complemento el primer día de julio, marcando así un hito que pasará a la historia como el día en que las pensiones se revalorizaron, se redignificaron, y que, además, coincide con el sexto año del inicio de la transformación de la vida pública de nuestro país.

A lo largo de los últimos cuatro años, las 10 Afore han jineteado esos 41 mil millones de pesos, que les ha significado pingües rendimientos, en especial a partir del brutal aumento de las tasas de interés, las cuales han asfixiado a los deudores e hinchado las alforjas de quienes manejan los recursos para el retiro. Desde el año 2020 esos administradores debieron entregar ese monto, pero mediante medidas leguleyas lo fueron retrasando. De ahí la necesidad de crear, por ley, el Fondo de Pensiones del Bienestar, de tal forma que se quedaron sin pretexto para trasladar esos recursos para el fin descrito.

El presidente López Obrador subrayó que tal entrega ya está en la ley y no creo que incumplan; si no, aquí se los vamos a decir; no se trata de estar pensando en sancionar, en que van a incumplir, porque ya es una cuestión legal. Además, casi todos son muy responsables. Y vamos a esperar, para qué adelantamos vísperas. Si no cumplen, pues aquí vamos a decir quiénes ya cumplieron y quiénes no. Porque ni modo que no van a cumplir con la ley, tienen obligaciones en el manejo de Afores y demás. Si no actúan legalmente, pues entonces posiblemente haya sanciones, pero no creo yo que vayan a incumplir, vamos a esperarnos.

El mandatario no descartó la posibilidad de que la oposición impugne la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar (de hecho, sus legisladores se manifestaron en contra), con el oscuro apoyo del Poder Judicial, pero, haga lo que haga, dijo, “esto va hacia adelante y ya no lo detienen… Imaginen la alegría de un trabajador que se va a jubilar, ya no con 25-30 por ciento, como originalmente lo tramaron Zedillo y Calderón, que nosotros hemos ido aumentando”.

La creación del citado fondo, detalló López Obrador, forma parte de su política laboral para mejorar los salarios de los trabajadores, corregir todas las aberraciones, los retrocesos, que se aplicaron mediante reformas a la Constitución contra los trabajadores de México, en general en contra del pueblo en 36 años de política neoliberal. Todas se hicieron para favorecer a una minoría, a los que se sentían dueños de México; todas para privatizar los bienes del pueblo y de la nación en beneficio de particulares, de los llamados hombres de negocios vinculados al poder, traficantes de influencia. No hay ninguna en 36 años en beneficio del pueblo de México, ni, en especial, de los trabajadores. En ese periodo se perdió el propósito de hacer realidad la justicia social, lo que quedó plasmado en la Constitución de 1917.

Las rebanadas del pastel

A mugir a otra parte (en un reclusorio, por ejemplo): por segunda ocasión, el consejo general del INE rechazó la nueva solicitud de registro de candidatura al panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca, por considerarlo prófugo de la justicia ( La Jornada, Fabiola Martínez y Jessica Xantomila).

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Voto libre

Felipe Alfredo Fuentes Barrera* | La Jornada

Seguro ha escuchado en muchas ocasiones que el voto es libre y secreto. Efectivamente, estas son dos características fundamentales del sufragio en cualquier verdadera democracia.

¿O se imagina llegar a votar y que lo obliguen a hacerlo por un candidato o candidata en específico?, ¿sería eso correcto?, ¿sería legal?, ¿sería democrático?

Si nuestro voto fuera obligado o estuviera condicionado, la democracia correría el riesgo de caer en la simulación y se convertiría en un mero estandarte, como ocurre en muchas partes del mundo todavía –con países que nada más llevan el nombre de democráticos, aunque sus ciudadanos no son realmente libres para votar por quien quieren–.

Todas las autoridades electorales: el INE, el Tribunal Electoral y las fiscalías especializadas en contra de delitos electorales han jugado un rol muy importante para garantizar que en el México actual el voto sea secreto, sea libre y cuente.

Ahora bien, así como el mundo cambia y se actualiza todos los días, la jurisprudencia de los tribunales tiene que evolucionar para asegurar que la Constitución y las leyes se sigan aplicando ante la aparición de nuevos problemas o situaciones imprevistas.

Y muchas veces para evolucionar hay que repensar un criterio. Eso sucedió hace dos años en el Tribunal Electoral con un tema que impacta en la libertad del voto de las y los ciudadanos.

En 2017, llegaron demandas al tribunal en las que se denunciaba la entrega de tarjetas por parte de algunos candidatos. Los partidos que denunciaron afirmaban que esas tarjetas estaban presionando a los electores porque daban a entender que se entregarían programas sociales o dinero durante las campañas o una vez electo el nuevo gobierno.

En esos años se decidió que las tarjetas debían permitirse porque sólo eran propaganda electoral; no tenían los mecanismos necesarios para que se pudiera transferir dinero a través de ellas y lo cierto es que la ley electoral no condicionaba o prohibía que se expresaran promesas en forma de tarjetas.

Además, estos plásticos normalmente eran entregados con un folleto que contenía otras promesas de campaña.

Se determinó que estas acciones sólo podrían tomarse como condicionamientos al voto cuando se probara que se había entregado algún pago en efectivo o especie, o bien, si se buscaba construir un padrón de beneficiarios a futuro con datos personales de los electores.

Pues bien, en 2022 se dio un caso similar a los anteriores que generó una nueva reflexión. En este asunto, se entregaron tarjetas en las que debían asentarse datos personales y el talón del que se despegaba la tarjeta decía: desprende esta tarjeta y guárdala.

Al analizar el expediente, se observó que un grupo de ciudadanos habían declarado guardar la tarjeta con la esperanza de recibir el programa social si el candidato ganaba y, posteriormente, la desecharon cuando se dieron cuenta de que no resultó ganador. Asimismo, había imágenes que mostraban cómo se habían recabado datos personales de los ciudadanos.

Con eso, el Tribunal Electoral constató que, en este caso particular, por la forma en que se había diseñado la propaganda, la sola entrega de esta tarjeta había presionado y condicionado el voto de la ciudadanía porque estaba generando una expectativa real de recibir beneficios a futuro con la intención de que un candidato recabara votos.

Esto era una mala práctica que estaba atentando contra la libertad del voto.

Cada elección planta nuevas preguntas y problemas para los tribunales porque surgen nuevas irregularidades y otras se sofistican con el tiempo.

El Tribunal Electoral continuará protegiendo y garantizando el voto libre de la ciudadanía, teniendo que reflexionar incluso su propia línea jurisprudencial de ser necesario.

Nada ni nadie puede condicionarle el voto, quitarle la credencial de elector o decirle por quién votar. En esta campaña, recuerde siempre la máxima que ha oído: este 2 de junio, su voto es libre.

* Magistrado de la Sala Superior del TEPJF.