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Urge declarar emergencia hídrica…

Enrique Aranda | Excelsior

Por la democracia ahora en riesgo, todos a marchar.

Seamos claros ¡otra vez!: más allá de las irresponsables afirmaciones del impresentable Martí Batres y la cuestionada candidata a sucederle al frente del exPalacio del Ayuntamiento Clara Brugada sobre su supuesta inexistencia, lo cierto es que la crisis hídrica que se vive ahora en la Ciudad de México y otras áreas, no se resolverá ni con la “acelerada” perforación de pozos acordada por Andrés Manuel López Obrador y los suyos en días pasados ni, menos, con la  importación del recurso desde Hidalgo.

Hoy, más allá de la inocultable pretensión del gobierno de la 4T de ignorar la existencia del problema, que muestra su peor rostro en la acelerada desecación de presas y el Sistema Cutzamala, que surten a 70% al menos de la zona metropolitana —11 de las 16 alcaldías de la capital y 25 de los 125 municipios del Edomex—, la “terca realidad” se muestra en la evidente falta de abasto mínimo en miles de hogares, instalaciones industriales y edificios, en algunos por muchos días sin que, hasta ahora, exista la intención al menos de declarar una emergencia ante la situación ni de un programa serio siquiera para garantizar la solución del problema a corto y largo plazos.

Parecería que también en éste, como en otros muchos problemas que estallan cotidianamente —“en pleno rostro”, diría un clásico— al declinante gobierno de la 4T, éste opta por la realización de montajes, intentando convencer a la sociedad de que está actuando ante los mismos con ánimo de darles una solución o, como parece ser el caso, sin más propósito que distraer a la ciudadanía y motivarla a ignorar u olvidar incluso la gravedad del asunto.

Insistamos, entonces, en que la sola aceptación de la “rebasada” Comisión Nacional del Agua (Conagua) que ¿dirige? el inexistente Germán Martínez Santoyo de que las presas y el Cutzamala se encuentran ahora mismo apenas arriba de 35% de su capacidad y evidencia por qué el suministro del líquido se ha visto reducido en al menos 45% en las últimas semanas y meses en que, por las más diversas razones, la sequía se agravó a nivel nacional, que es el argumento y razón suficientes para declarar una emergencia hídrica local y actuar en consecuencia. ¿Por qué entonces no?…

ASTERISCOS

* Será esta semana se dice, cuando la diputada federal Karla Rabelo cumpla su amenaza de dejar la sumisa bancada lopezobradorista para unirse a MC, el partido comparsanaranja perdón, del cuestionado Dante Delgado, que le habría garantizado ya la candidatura a la alcaldía de su natal Huimanguillo…

* Significativo en muchos sentidos, el mensaje que, tras garantizar a niños coahuilenses enfermos de cáncer los medicamentos necesarios, hicieron Manolo Jiménez y su esposa Paola Rodríguez en apoyo de la familia unida que, señalaron, es evidencia de una sociedad sana. Bien…

* Fruto de a la política social implementada por su nueva dirigencia, la Cooperativa Cruz Azul, que encabeza Rafael Velázquez, garantiza ahora a todos sus agremiados plena seguridad social y los servicios de salud necesarios para ellos y sus familiares…

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Número cero

Ayotzinapa y paz, herida abierta para la “señora justicia”

José Buendía Hegewisch | Excelsior

Cuando se observa una estrategia oficial en marcha para liquidar el caso Ayotzinapa por la puerta falsa de deslegitimar y politizar sus avances, se puede entender mejor la iniciativa del clero de Guerrero de negociar la paz con el narco, en solitario. Como reclaman, los han dejado solos frente a la violencia de los cárteles, al igual que a las familias y defensores de los 43 desaparecidos en Iguala con el intento de desviar la investigación.

El Presidente respalda el acuerdo de tregua del obispo de Chilpancingo con los cárteles, porque todos “deben colaborar” para la paz, pero poco más de eso. En cambio, descalifica la cooperación de las familias de las víctimas, abogados y ONG de derechos humanos con la Comisión de la Verdad, que se desactiva vertiginosamente, como si se quisiera borrar el rastro y desaparecer un pendiente al finalizar su gestión, sin resolverse el crimen. Lo que consigue es evidenciar la soledad de la pacificación frente a poderes inexpugnables para el gobierno civil, como el Ejército, involucrado en las investigaciones.

Así, la principal consecuencia de invalidar sus avances es dejar huérfanos los esfuerzos de pacificación, que no pueden recaer en los sacerdotes o, peor, dejarse en manos de la impunidad. El intento de ponerlo en entredicho como táctica para cubrir a los responsables expone a todos a la soledad de la violencia de la que nadie escapa, como prueba los ataques a candidatos en Guerrero y al alcalde de Taxco, a pesar del diálogo de los sacerdotes locales.

Pero el giro en la investigación tampoco permitirá cerrar el caso en el sexenio, como reconoció esta semana López Obrador en Guerrero. Por el contrario, el intento de descarrilar su marcha no ha logrado otra cosa que mantener abierta esta herida para el próximo gobierno, que la recibirá tras dos intentos infructuosos de darle carpetazo, primero con la Verdad Histórica de Peña Nieto, y luego con el olvido de la promesa de verdad y justicia para los desaparecidos que hizo al llegar a la Presidencia.

López Obrador hederá a su sucesor un símbolo de impunidad, que ahora transita en una ruta de oprobio e injuria para las víctimas. Dejar atrás ese legado —dice— vendrá en el futuro con la “señora justicia” en un reconocimiento tácito de dos promesas rotas: resolver el crimen y pacificar al país.

Se critica a su gobierno ceder al narco por respaldar los intentos de tregua del clero, pero me parece que ése no es el punto. La renuncia a quién beneficia es a la impunidad de los militares por el reconocimiento del gobierno civil de no poder saltar la muralla de sus cuarteles para agotar las principales líneas de investigación en el esclarecimiento del caso. Ahí el mayor reto para la “señora justicia” en el futuro gobierno.

A la acusación presidencial de enredar y politizar el caso, los padres de las víctimas y sus abogados reclaman no desviar la atención y dar a conocer 800 folios del Centro Regional de Inteligencia del Ejército que operaba en Iguala en 2014, relevantes para la investigación, cuya existencia la niega el Ejército y el Presidente. Otra muestra más de distanciamiento con las víctimas que, en los últimos dos años, han visto desmantelarse el caso con cuestionamientos a los avances del GIEI hasta topar con el Ejército, la liberación de militares detenidos, y la renuncia de Alejandro Encinas a la Comisión de la Verdad y ahora perseguido judicialmente por ellos.

Ese estado de aislamiento cercado por la violencia es el terreno que explica la iniciativa de la jerarquía y el clero de Chilpancingo. Preparan una agenda de pacificación que pretende llevar a otras zonas del estado, aunque su intento por lograr una tregua no haya fructificado. El diálogo con los jefes de los cárteles es un ejemplo contundente de la carencia de compañía, a pesar de sus llamados a la autoridad estatal y federal de controlar la violencia.

Pero de poco servirá que en épocas electorales se pretenda sacar ventaja política con el drama de la violencia en ese Estado y otras regiones del país, aunque, desde luego, es el tema más candente para los candidatos que aspiran a gobernar. Y lo es, sobre todo, porque ninguno ha atinado hasta ahora una estrategia para superar el legado de cifras escalofriantes de violencia que se suma desde hace tres sexenios.

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Pena ajena

Antonio Gershenson | La Jornada

Si nos distraemos, podemos caer en la trampa que nos tiende, todos los días, el poderoso sector exclusivista, individualista, que mantiene la idea de ser la clase social más valiosa del país. La oligarquía se nutre de todo aquello que le dé poder. Sobre todo, el dinero.

Bajo esta creencia, la oligarquía ha dispuesto, a lo largo de la historia, de cualquier recurso para defender sus bases o centros de poder. En efecto, como se ha señalado en las mañaneras del presidente López Obrador, este sector de la población cree tener el derecho de adueñarse del país: recursos naturales, tecnología, zonas territoriales, sin importar si están habitadas o no. Fabricar dinero es su más íntima necesidad.

El término polarización en política significa dividir algo en dos partes. Sin embargo, la división imaginaria, utilizada con frecuencia por la oposición derechista, tal vez no sea lo que quieren decir. Si hablan de división total, en el caso de nuestra sociedad no podemos afirmarlo tajantemente.

Quienes recibe el beneficio de diversos programas sociales, pero declaran estar en contra de la política de la Cuarta Transformación (4T), la que produce la división social, tal vez no están conscientes de que son parte de la polarización. Reciben el beneficio, pero están en contra de quien se los otorga. ¿Cuál es el meollo del asunto? Sin duda, el dinero.

El tema de la polarización es un pretexto de la oposición para no dirimir el verdadero fondo del rechazo a una convicción de solidaridad, de defensa de la soberanía nacional, política pública que busca disminuir las eternas injusticias sociales. ¿Quiénes pueden estar en contra de estos principios que propician la convivencia humana?

El 2 de junio se medirán las voluntades de la sociedad. Y, como ya lo señaló el Presidente, elegiremos el proyecto de gobierno que queremos y necesitamos: ¿queremos seguir adelante con el rescate de nuestra economía, en favor de los derechos humanos y la reconstrucción de una sociedad sana, en todos los aspectos? O, por el contrario, se votará por la sociedad dividida por los privilegios, donde se castiga a la gente más desprotegida y necesitada: La elección del 2 de junio será un referéndum, un plebiscito en el que la ciudadanía elegirá entre dos proyectos de nación: que siga la transformación o que regresen los corruptos, señaló Andrés Manuel López Obrador.

Recordando a Erich Fromm, filósofo, humanista y sicoanalista alemán, respecto de la responsabilidad individual de la que el ser humano va desentendiéndose en el momento en que surge su lado egocéntrico, aclara que esta conducta genera polarización y más desigualdad. En su libro El corazón del hombre, nos dice que el ser humano actual se caracteriza por su pasividad y se identifica con los valores del mercado porque el hombre se ha transformado a sí mismo en un bien de consumo y siente su vida como un capital que debe invertirse provechosamente. Es bajo este pensamiento egoísta que la población que se considera de derecha, cree que son gente exclusiva, la que sí tiene un valor social.

Para el pensamiento exclusivista de derecha, no debe invertirse en gente que no genera riqueza. Para su limitado análisis, ni obreros, campesinos, artesanos y otros sectores generan altas ganancias. Son los empresarios y los inversionistas, banqueros y hombres de negocios de alta alcurnia quienes sí producen grandes cantidades de dinero. Así es el pensamiento irresponsable de la oligarquía. Por supuesto, existen empresarios que manifiestan mayor conciencia social.

No es el caso de la candidata panista a la Presidencia de la República. Su declaración acerca de su origen ideológico de izquierda marxista y trotskysta es totalmente contradictorio. Está, claramente, haciendo campaña electoral por el Prian. Sin embargo, lo niega y se declara independiente.

No obstante la cantidad de dinero que le ha permitido mantenerse en los medios de información y en las redes sociales, aunque sea de forma negativa, ella misma lo toma como una inversión. Se considera, sin duda, un gran negocio que podría resultar positivo en caso de ganar la contienda. Entonces, ¿va a gobernar desde la derecha o desde la izquierda? Difícilmente podrá ganar con tal ambigüedad.

En su participación en el programa de Ciro Gómez Leyva, el periodista Epigmenio Ibarra desmiente a la senadora Xóchitl Gálvez, cuando dice que está contendiendo sin partido, que es independiente y que está en contra de la corrupción en la que el gobierno de la 4T ha sumido al país. Surge la pregunta ¿por qué tanta ignorancia y acusaciones falsas?

La pena ajena individual es mínima ante la pena ajena colectiva por las características de la representante de las oligarquías. Es una mujer mexicana que, bien o mal, es la imagen de lo que pasa, política y culturalmente, en la oposición de derecha del país.

Óscar Sanzana Silva, periodista chileno, se cuestiona ¿por qué el miedo a la libertad? La contradicción y desorientación de la población, en general, cuando se trató de salir de la pesadilla que les dejó la dictadura pinochetista, es un ejemplo del miedo a lo nuevo, según Fromm.

El temor al regreso del fascismo y a la incertidumbre de la libertad lo manifestaron varios votantes chilenos. Un porcentaje dijo que sí al resquicio del horror del terrorismo de Estado que representaba José Antonio Kast Rist. No ganó la presidencia, pero el voto fue por ese miedo a dejar de depender de un represor. Sanzana dice: Esto en un país que vivió 17 años en dictadura, y de cuyos amarres en materia constitucional, política, económica y de derechos humanos aún somos víctimas.

En conclusión, el camino por recorrer hacia la 4T sí terminará de liberarnos del oculto miedo a la libertad.

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La marcha de la economía mexicana: la octava

José Antonio Rojas Nieto | La Jornada

Estimados lectores solicitan explique mi preocupación por el pasivo total de Pemex. Sí, el resultado de sumar deuda documentada, deuda de impuestos y derechos, deuda a proveedores, pasivos por arrendamiento y pasivo laboral, cuyo pago virtual deja a Pemex sin activos.

Además –ejemplifiqué–, saldar sus pasivos totales supondría entregar también casi 70 por ciento de los activos de la Comisión Federal de Electricidad. Eso en sí mismo es terrible.

Es cierto –me acotan– que esto no es novedad en Pemex, ni exclusivo de este gobierno, pero sí podemos notar que de 2019 a 2023 hubo movimientos internos en las condiciones financieras de Pemex que –por decir lo menos– preocupan.

Uno, la estabilidad relativa del delicado pasivo laboral. Entre 2018 y 2023 se incrementó en 12 por ciento en pesos y 22 por ciento en dólares. Sin embargo, por la evolución de los pasivos totales, su participación sólo subió un poco, entre tres y cuatro puntos porcentuales. Así, lo que técnicamente se registra como valor presente neto de los beneficios a empleados, todavía representa alrededor de un tercio de los pasivos totales de Pemex.

Ya comentaremos pronto el valor de estos pasivos en el caso de la CFE y, más aún, el de los pasivos laborales nacionales, derivados del acelerado crecimiento de la población sujeta a la pensión de adulto mayor, impulsada por este gobierno, sin analizar con cuidado su solvencia fiscal y financiera.

En relación a la deuda documentada –corto y largo plazos–, se operó un intercambio interesante, entre 2019 y 2023 la deuda total bajó cuatro puntos porcentuales. No, por cierto, los pasivos totales, es decir, el agregado de los cinco componentes señalados en las primeras líneas. Pues bien, la participación de la deuda documentada a largo plazo disminuyó 18 puntos porcentuales, de 53 por ciento a 35 por ciento, pero la deuda documentada a corto plazo se incremento 10 puntos porcentuales, de 5 a 15 por ciento.

Si sumamos la deuda a proveedores, que prácticamente se duplicó en este sexenio, y la deuda de impuestos y derechos que también se duplicó en este sexenio, arribamos a una situación que –así debe considerarse– es sumamente delicada. ¿Cuál? Que hoy la deuda a pagar casi inmediatamente es la tercera parte de los pasivos totales y que Pemex no tiene para hacerlo, a pesar de haber disminuido la participación del endeudamiento a largo plazo.

Esto explica la dispensa de pago de cuatro meses de impuestos y derechos. Es cierto –con esto concluyo– que hay, al menos, dos procesos muy capaces de proporcionar recursos a Pemex, al menos para pagar la participación crediticia y sus pasivos. Producción primaria, con un costo todavía inferior al de referencia internacional y, desde luego, de los precios internacionales.

Y las dos refinerías que, en principio, deben operar con sustancial rentabilidad, Deer Park y Dos Bocas, aunque en este último caso no se tratará –lamentablemente– de la estimación inicial que condujo a su construcción. Pero de eso comentaremos en otro momento, como también comentaremos la necesidad de una mayor integración de todos los procesos de Pemex. Hacia una química integral del petróleo y del gas natural. Muchos especialistas lo solicitan.

De veras.

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Cambio de régimen

Felipe Ávila* | La Jornada

Las elecciones de 2018 en nuestro país fueron un plebiscito. Millones de mujeres y de hombres agraviados por la pobreza, la marginación, la exclusión y la injusticia en la que viven millones de familias mexicanas votaron por un cambio profundo. Fueron 30 millones de votos que se volcaron a las urnas, en una verdadera insurgencia cívica, para cambiar el estado de cosas prevaleciente. Votaron para acabar con la corrupción, la impunidad y la injusticia. Votaron por un candidato que sentían como suyo y por una oferta política con la que se identificaban.

El candidato ganador, Andrés Manuel López Obrador, propuso encabezar una gran transformación, de dimensión comparable, por su profundidad, a las tres grandes transformaciones que han forjado a la nación mexicana: la Independencia, la Reforma y la Revolución. La diferencia entre estas tres transformaciones, y la cuarta, es que ésta sería pacífica.

Un tema recurrente en la discusión nacional es si el proceso que encabeza el actual gobierno es un cambio de régimen o sólo es una transformación política. El gobierno y quienes lo apoyan afirman que los cambios que ya se han hecho y los que están en curso representan un cambio profundo en la vida nacional. Quienes lo critican, sostienen que las transformaciones realizadas no representan un cambio de régimen.

Por ello, es necesario analizar ¿qué significa un cambio de régimen? ¿Qué elementos lo determinan? ¿Ha habido cambios de régimen en la historia nacional?

Un cambio de régimen significa una transformación profunda en las estructuras políticas, económicas, sociales y culturales. En lo político, en la relación de poder entre quienes mandan y quienes son gobernados, representa una modificación de fondo en la forma de ejercer el poder, en la relación entre el Estado y las clases y grupos sociales, en las formas de organización y representación política de la sociedad civil. Estos cambios pueden tener o no expresión en reformas políticas constitucionales. Se puede pasar de un sistema de gobierno monárquico a uno republicano; de una república federalista a una centralista; de un sistema de gobierno presidencialista a uno parlamentario; de un régimen de partido de Estado o hegemónico a uno multipartidista; de una dictadura a una democracia; de un sistema corporativo a uno de libertades. Estos cambios de fondo pueden ser progresivos, avanzando en desarrollar y consolidar derechos y libertades, individuales y sociales para todos, o también pueden ser cambios regresivos, como cuando hay golpes militares que establecen gobiernos dictatoriales y autoritarios.

En términos económicos, se puede hablar de un cambio de régimen cuando se modifica sustancialmente la forma en que se produce y se distribuye la riqueza, cuando los impuestos se cobran proporcionalmente a los ingresos de las personas y cuando los programas de gobierno y las políticas públicas se orientan a una redistribución más equitativa de la riqueza en beneficio de los grupos más pobres y marginados.

En la historia de México ha habido varios cambios de régimen de relevancia histórica. Entre ellos está la profunda transformación social, económica, política, económica y cultural que significó la conquista y colonización española de los pueblos mesoamericanos, así como el fin de la etapa colonial y el nacimiento del México independiente; los cambios producidos por el triunfo de los liberales y de la Constitución de 1857 que culminó con el restablecimiento de la República después de derrotar al Imperio de Maximiliano, así como la Revolución Mexicana que acabó con la dictadura porfirista y estableció un Estado y una Constitución comprometidos con las demandas populares y con los derechos sociales. La etapa culminante de la Revolución fue durante el gobierno cardenista, cuando las grandes reformas se llevaron a cabo a través de la movilización y la lucha de las organizaciones obreras, campesinas y populares que las respaldaron.

Muchas de las conquistas logradas durante la Revolución y en las décadas posteriores fueron revertidas por los gobiernos neoliberales. El Estado surgido de la Revolución, un Estado garante de los derechos sociales, rector de la economía, regulador del conflicto social y propietario de las industrias estratégicas para el desarrollo del país como la energética, las telecomunicaciones, la minería, los puertos y aeropuertos, fueron desmanteladas por los últimos seis gobiernos. Los sindicatos independientes fueron casi desaparecidos, los contratos colectivos y las prestaciones fueron mutiladas o canceladas; se decretó el fin de la reforma agraria y se eliminó la protección a la propiedad ejidal para que los capitales privados pudieran despojar de sus tierras, bosques y aguas a los campesinos, ejidatarios y comuneros. La educación pública fue prácticamente abandonada por el Estado, que se hizo a un lado y permitió el crecimiento de la educación privada en todos sus niveles. El deterioro de las condiciones de vida de la mayoría de la población se reflejó en el aumento de la pobreza, la marginación, la desigualdad, la falta de servicios como vivienda, transporte, agua potable, electricidad, pavimento, hospitales, servicios médicos y seguridad.

Los cambios promovidos por el actual gobierno buscan hacer realidad el cambio de régimen. El gobierno actual pretende ser un gobierno del pueblo y para el pueblo. Los grupos mayoritarios del país se identifican con él y lo respaldan. Los programas buscan una redistribución más justa de la riqueza, canalizando recursos de manera directa a los grupos más necesitados y promoviendo proyectos de desarrollo en las regiones más marginadas. Y ha comenzado la reconstrucción del Estado social que se había desmantelado. El Estado ha recuperado su papel de rector de la economía y regulador de las actividades económicas. Bajo el principio por el bien de todos, primero los pobres, se desarrolla una amplia política social. La insurgencia cívica de 2018 ha reconfigurado el escenario político que estaba dominado por dos grandes partidos conservadores y sus partidos satélites. La indefinición política e ideológica que privaba en los partidos ha dado lugar a una definición clara de las posturas y de lo que representan para el futuro del país. Se han impulsado ejercicios inéditos de democracia participativa a través de consultas populares. Estos son cambios importantes. Si se mantienen y profundizan, podrán hacer realidad el cambio de régimen que necesita y exige la sociedad mexicana.

* Director general del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México.

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