Lo que dicen los columnistas

Arsenal

Ecuador y el contraste con México

Francisco Garfias | Excelsior

La violencia en Ecuador acaparó reflectores. La irrupción de una decena de encapuchados armados en el canal TC en Guayaquil, en los momentos que se transmitía en vivo, puso a ese país de cabeza.

El saldo de estos hechos de violencia, que se recrudecieron luego de la fuga de El Fito, el criminal más peligroso del país, dejó un saldo de al menos ocho muertos y dos heridos. Trece de los agresores fueron detenidos.

Las autoridades de Ecuador no hablaron de “propaganda”, ni de opositores que intentan desestabilizar al gobierno. Admitieron la “gravísima crisis” por la que ataviesa el país y declararon un “conflicto armado interno”.

*El contraste: los cuerpos de nueve hombres con tiro de gracia fueron encontrados por militares junto a un ducto de Pemex, en el municipio de San Juan del Río, Querétaro.

El impacto mediático fue mucho menor. Las masacres ya no son nota en este violento país, amén de que al señor de Palacio no le gusta que se informe sobre el enorme fracaso de su política de seguridad.

Ayer mismo trascendió que la cifra de muertos en la balacera ocurrida el fin de semana en un palenque de Petatlán, Guerrero, fue de 13 y no de cinco, como inicialmente afirmaron las autoridades. La versión de la Fiscalía estatal asegura que el ataque armado fue resultado de una pugna que mantienen en el municipio dos jefes criminales, identificados como El Gavilán y El Ruso de Petatlán.

Pero Bertha Díaz Garzón, síndica procuradora de Petatlán, salió a corregir la versión de las autoridades. “No se trató de un enfrentamiento entre grupos criminales, sino de un ataque contra civiles desarmados”, aseguró.

La agresión, además, causó lesiones a 21 personas.

Todos los muertos fueron identificados oficialmente. No pertenecen a ningún grupo delictivo. Se trata de empleados, amas de casa, meseras, estudiantes, ganaderos, campesinos, comerciantes y gente del pueblo que asistía a las peleas de gallos.

El mismo caso en Heliodoro Castillo, Guerrero, donde los ataques con drones dejaron una cifra indeterminada de muertos. La fiscalía estatal habla de cinco, mientras que el Centro de Derechos de las Víctimas de Violencia Minerva Bello sostuvo que en ese ataque asesinaron a 30 pobladores.

El inicio del año ha sido por demás violento. Abrió con los 32 migrantes secuestrados y liberados por sus captores luego de cobrar rescates de mil dólares por persona.

Después fue Villahermosa, Tabasco; la frontera de Chiapas con Guatemala; la Ciudad de León, Guanajuato. Apenas van diez días de 2024 y ya mataron a tres precandidatos a distintos cargos de elección popular en Morelos, Chiapas y Colima.

Pregunta: ¿Queremos seguir así? Yo no.

*Lo mañoso no se les quita. Se va de la Fiscalía de la CDMX Ernestina Godoy, pero deja como encargado de despacho a su vocero y amigo, Ulises Lara.

La llamada fiscal carnal puede respirar tranquila. Ya tiene quien le guarde las espaldas. Ernestina no será investigada por espionaje a opositores, activistas y hasta destacados miembros de Morena.

Tampoco por omisión en las investigaciones de la L12 del Metro. Ni siquiera citó a declarar a su directora, Florencia Serranía, a pesar de que la tragedia dejó 25 muertos. Cerró con broche de oro con la detención del secretario general del PRI; Armando Tonatiuh, férreo opositor a su ratificación.

Pero al siempre desbocado presidente López Obrador le pareció que los votos opositores que evitaron la ratificación de la fiscal “fueron una vil venganza”, dijo.

Al rendir su último informe en el Altar de la Patria, la exfiscal anunció que en adelante irá a las calles para hablar en contra de opositores.

“Saldré a informar desde mañana. Saldré a informar a la gente y a luchar contra la corrupción. Voy a informar sobre el grupo político que ha operado la corrupción inmobiliaria de esta ciudad y les vamos a quitar la máscara a quienes pretenden convertirse en perseguidos políticos”, dijo.

Si no pudo como fiscal, ¿podrá como ciudadana? Es pregunta.

*El diputado Jorge Álvarez Máynez, 38 años, es el precandidato único de Movimiento Ciudadano a la Presidencia de la República, de acuerdo con el partido naranja.

El comunicado se hizo público luego de que Samuel García, gobernador de Nuevo León, subiera a redes un video, acompañado de su esposa, Mariana, y de Álvarez Máynez, en el que adelantó la información:

“Los ilusos de la vieja política creyeron que nos habíamos quedado sin candidato, que pegándole a Samuel los jóvenes se habían quedado sin esa opción.

“Les tengo excelentes noticias para Nuevo León, para México y, sobre todo, para los jóvenes que somos mayoría. Quiero decirles que entrego la estafeta a mi compadre, que era el coordinador de campaña, Jorge Álvarez Máynez. Por eso me dejé la piochilla…”, dijo, entre risas. 

El registro de Álvarez Máynez, originario de Zacatecas, será este mediodía en las oficinas de MC en la colonia Nápoles.

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De naturaleza política

Godoy: manipuleo para “heredar”

Enrique Aranda | Excelsior

A mayor nivel educativo, ¿menos balazos y más abrazos?

Ahora sí que al más puro estilo de la administración federal en turno, “a imagen y semejanza” de lo que ocurre ahora en lo que a la dupla integrada por Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum refiere, la impresentable Ernestina Godoy encontró pronto la manera de seguir manejando (a distancia) la fiscalía capitalina que debió dejar ayer mismo: realizó cambios “al vapor” al interior de la dependencia para posibilitar dejar a su fiel e incapaz alfil Ulises Lara en el cargo que a ella le negó la oposición en el Congreso.

No podía haber sido de otra manera. Los intereses, compromisos e información manejada por la repudiada operadora (protegida) de la exregenta eco y cómplices en el Gobierno de la Ciudad de México son de tal manera graves y sensibles para el pretendido avance del lopezobradorismo estaría en riesgo de no mantener el control sobre la dependencia que, si bien en las últimas semanas  aceptaron estaba en riesgo de perderse, al inicio de su fallida ratificación al frente de la Fiscalía General de la Ciudad de México, tanto ella como la bancada oficialista en Donceles veían como un simple trámite.

Tal es la gravedad de lo ocurrido que no son pocos ya quienes piensan que, a la vista la sucia manera de operar de la ahora exfiscal y los suyos, no existe más alternativa que adelantar los tiempos y forzar que a la brevedad, y no hasta pasados los comicios de junio como se había previsto, el Congreso local invite al Consejo Judicial Ciudadano a convocar a los interesados en alcanzar la posición y conformar la terna de idóneos para que, la misma, sea enviada al impuesto sustituto Martí Batres —¡es lo que hay!, ni modo— elija a alguno de la misma que, en su caso, sería votado por el pleno…

Apenas normalizado el retorno a actividades ordinarias, en el marco de un nuevo periodo extraordinario, incluso, a decir de algunos, la Legislatura deberá comenzar a considerar la opción que se apunta líneas arriba para tratar de hacer efectivos y validar los motivos que movieron a algo más de un tercio de sus miembros de Acción Nacional (PAN), el Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC) a no ratificar a la impresentable Godoy.

Pendientes y le informaremos…

ASTERISCOS

* Evidencia clara de que nada hay más riesgoso en la política que el desbordamiento de intereses personales o de grupo lo es la innecesaria y absurda confrontación pública que ayer, por la imposición de quien habrá de encabezar a la coalición opositora en la puja por la alcaldía de Torreón, escenificaron el gobernador coahuilense Manolo Jiménez Salinas y el controvertido líder panista Marko Cortés. ¨¿Pero qué necesidad?”.

* Ayer, finalmente, el partido “propiedad” del impresentable veracruzano Dante Delgado, como él mismo quiso hacer creer al que en apoyo (disfrazado) al gobierno de la 4T, asuma como candidato a la Presidencia en 2024, su coordinador en San Lázaro Jorge Álvarez Máynez, quien, por cierto, en opinión de muchos, “no canta mal las rancheras”.

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Astillero

MC: anticlimático candidato presidencial // JAMay, pieza de Dante // Samuel García, destapador // Marko exhibe negociaciones

Julio Hernández López | La Jornada

Ha resultado anticlimática la postulación de Jorge Álvarez Máynez (JAMay) como virtual candidato presidencial de Movimiento Ciudadano (MC). Menos llamativo, enigmático en el mejor de los casos, resulta este destape casero luego de la intensa telenovela política estelarizada por el gobernador de Nuevo León, Samuel García, del coqueteo fallido del teatrero Dante Delgado con Marcelo Ebrard y del sensato autodescarte de Luis Donaldo Colosio Riojas.

Zacatecano de 38 años de edad, Álvarez Máynez ha hecho carrera política al amparo de los partidos de la Revolución Democrática, Nueva Alianza, Revolucionario Institucional (junto al Verde Ecologista) y MC. Ha sido diputado local y federal (actualmente coordina la bancada emecista que dejará San Lázaro) y ha ocupado varios cargos en la estructura directiva nacional del movimiento que se promueve como naranja (el rasgo más relevante de esta candidatura en tono menor es que JAMay es la pieza más confiable para el armado caciquil de Dante Delgado, el verdadero dueño de la empresa llamada Movimiento Ciudadano).

El destape de Álvarez Máynez, como se apuntó líneas atrás, fue casero. Es decir, en una comida de aire informal dominada totalmente por el gobernador García, con presencia de su esposa, Mariana Rodríguez. García se adelantó al órgano de gobierno de MC, que sesionará hoy para convalidar lo ya dado a conocer por Samuel en su cuenta de X.

Además, con su tono norteño exagerado, el gobernador colocó al destapado en una posición de dependencia personal: quiero decirles que entrego la estafeta aquí a mi compadre, que era el coordinador de la campaña, Jorge Álvarez Máynez. Tutelaje con olor a cabrito.

La apuesta del dantesco propietario de MC, con su hechura finalmente vuelta candidato presidencial (con JAMay no habrá riesgos de motín o agandalle, como sería de preverse con el neoleonés García o el jalisciense Alfaro), reside en términos propagandísticos en la pretensión de que la nueva política desplazará a la vieja: esa novedad, ha de decirse, descansa filosóficamente en unos tenis anaranjados y programáticamente en la pretensión mántrica del fosfo fosfo como declaración de principios.

En otra pista de la Gran Carpa México, el sabidamente equívoco Marko Cortés denunció que Alito Moreno y los priístas de Coahuila, encabezados por el nuevo gobernador, Manolo Jiménez, no le quieren cumplir los compromisos negociados y asentados en documento escrito que, enfurruñado, dio a conocer.

El punto principal se refiere a la candidatura a la presidencia municipal de Torreón, que debería ser para alguien de blanco y azul, pero los tricolores no quieren respetar esos convenios. A Marko se le ocurrió difundir los acuerdos firmados por Alito, Rubén Moreira, Manolo Jiménez, Armando Tejeda Cid (secretario de elecciones del comité nacional panista) y el propio dirigente nacional blanquiazul.

Lo malo para Marko Cortés y los panistas (de los priístas no habría nada por lo cual asombrarse) es que en ese acuerdo para la coalición electoral en Coahuila el año pasado se establece que el gobierno tricolor entregaría cuotas de poder no sólo en cuanto a candidaturas a presidencias municipales y diputaciones, sino en secretarías y otros cargos públicos, seis notarías públicas, confirmación relacionada con un magistrado y otros componentes del servicio público entendido como botín.

Astillas

Libró bien el Presidente de la República el traspié relacionado con la diputada Salma Luévano, a quien llamó hombre vestido de mujer. Se disculpó y abrió un camino de conciliación con los sectores de la diversidad sexual que, varios de ellos, no se han sentido adecuadamente representados en la retórica andresina… Y, mientras Ulises Lara pasa de la vocería al interinato en la fiscalía capitalina de justicia, y Ernestina Godoy se alista para buscar una senaduría de Morena por la Ciudad de México, en abierto activismo contra el llamado cártel inmobiliario.

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México SA

Notimex: abusos y enjuagues // Liquidaciones discrecionales // Familia feliz en entredicho

Carlos Fernández-Vega | La Jornada

La denuncia pública de la ex directora de Notimex Sanjuana Martínez, con todas sus revelaciones, ha puesto a parir a la familia feliz que opera en las secretarías de Gobernación y del Trabajo, así como a la mafia sindical de la otrora agencia informativa del Estado y a los responsables de la comunicación social del gobierno federal ligados a dichos señalamientos.

lo dicho por la periodista, salvo en los casos de las liquidaciones infladas y el moche exigido por autoridades de la Secretaría del Trabajo con fines electorales –éste registrado en los estertores de la agencia– no es más que un recuento detallado de lo que ella misma puntualmente denunció a lo largo de su permanencia al frente de Notimex, acusaciones que ningún responsable gubernamental de esa área atendió, tal vez porque algunos de los encargados de hacerlo estaban metidos en el enjuague.

Resulta raro, por decirlo suave, que el asunto haya pasado inadvertido en la mañanera, en la que se abordan todos de temas y asuntos espinosos, en especial cuando están involucrados malos manejos con recursos públicos y actos de corrupción. Pero no. Silencio absoluto. De cualquier suerte tampoco es novedoso, porque a lo largo de los años los medios del Estado permanentemente evadieron esta temática.

Hasta ahora, la única reacción oficial y pública sobre lo denunciado por Sanjuana Martínez ha sido un boletín de prensa de la Secretaría del Trabajo (divulgado por medio de X) en el que se asegura que los datos aportados por Sanjuana son falsos, toda vez que, dice, el proceso de extinción de la agencia Notimex fue llevado a cabo contemplando todas las disposiciones establecidas en la ley y en el decreto aprobado por el Congreso de la Unión. Eso sí, niega la petición de moches electorales.

Algo más: en la liquidación se “respetó en forma irrestricta cada uno de los derechos laborales que, en términos de la Ley Federal del Trabajo y del contrato laboral, correspondían a los trabajadores … En cada caso particular se consideraron los derechos que legítimamente merecían según la ley, los contratos colectivo de trabajo e individual y de antigüedad, mientras el proceso se sujetó a las disposiciones establecidas en el propio decreto de extinción de la agencia”. Eso sí, la Secretaría del Trabajo nada dice sobre el conflicto de intereses, papá Alcalde, cobro por derecho de piso y chantajes.

Eso es lo que sostiene la dependencia, pero difícilmente es creíble su versión cuando Sanjuana Martínez denuncia y documenta lo siguiente: las aberraciones de la lista de beneficiados, justificadas por las autoridades de Gobernación y del Trabajo, incluyen casos paradigmáticos como el de Guadalupe Vallejo Mora, quien trabajó un mes en la dependencia (Notimex) y recibió 2 millones 730 mil 254 pesos, frente a Martín Alarcón, el subdirector activo de la agencia, quien trabajó más de 30 años y recibirá un millón 100 mil pesos.

Entonces, ¿casi 3 millones de pesos por un mes de trabajo en la agencia? ¿Eso es lo que establece la Ley Federal del Trabajo, el contrato colectivo laboral, el contrato individual y antigüedad, como sostiene el comunicado que se cita? Respetar lo que marca la legislación laboral no es para celebrar ni presumir, porque es una obligación que deben cumplir las instituciones del Estado (y todos los demás), pero pasársela por el arco del triunfo es un delito y eso, por lo documentado, es lo que hicieron en Gobernación y Trabajo. ¿En serio 100 mil pesos de liquidación por día laborado? Ni en Suecia.

Pero el caso citado por Sanjuana no es el único. Según la documentación divulgada por ella, alguien que laboró dos meses en la agencia fue liquidado con 3 millones 415 mil pesos; en cambio, otro trabajador con 22 años cuatro meses de antigüedad recibió 3 millones 922 mil pesos. Uno más, con 33 años y dos meses de antigüedad obtuvo 2 millones 235 mil pesos. En cambio, por cuatro meses de estancia en Notimex un trabajador recibió 2 millones 81 mil pesos; otro con un año y 3 meses 2 millones 40 mil y con cinco meses 2 millones 83 mil pesos. Existen más ejemplos de discrecionalidad, disparidad y agandalle, y en estos enjuagues no puede olvidarse que se trata de recursos públicos.

Las rebanadas del pastel

La secretaria del Medio Ambiente, María Albores Guillén, presume los nuevos decretos de áreas naturales protegidas, pero se mantiene en silencio sobre Grupo México-Germán Larrea y la remediación de los ríos Sonora y Bacanuchi. ¿En qué va?

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Para alejarse aún más del neoliberalismo

Raúl García Barrios * | La Jornada

El neoliberalismo es una cultura institucionalizada con tres elementos: 1) normas que protegen la libertad transaccional de mercancías, para que operen la mano invisible y el puño de hierro del mercado; 2) leyes corporativas y de propiedad intelectual para capitalizar la creatividad humana y garantizar el progreso técnico acelerado, y 3) desregulaciones que privatizan la provisión de los bienes públicos y comunes, para garantizar los derechos humanos.

Estos elementos realizan el sueño mojado de la burguesía: que nadie quede sin transformarse en comerciante de algún bien o servicio, o todavía mejor, en empresario de sí mismo. Los grandes capitales tienen en ellos una robusta fortaleza ideológico-jurídica donde los poderes públicos son mayordomos y canes cerberos. Pero es en el tercero donde yace la verdadera innovación neoliberal, pues no sólo inaugura un ciclo de acumulación originaria, sino que aprovecha genialmente las luchas sociales centenarias.

Los bienes públicos y comunes son los que las sociedades y comunidades protegen y ponen al alcance y disposición de todos. Entre ellos están los más básicos, como la energía abundante, el aire limpio, el agua potable, el saneamiento y el ambiente libre de residuos sólidos, y sin ellos son imposibles la equidad productiva, la buena alimentación, la vivienda adecuada, la educación básica, el ambiente sano y el acceso a la ciencia, salud, descanso, esparcimiento, seguridad social y la participación en la vida cultural. Son bienes que también sostienen los usos y costumbres, los hábitos de convivencia, el estado de derecho y la defensa nacional.

Por lo general, se pagan colectivamente a través de impuestos y otros medios cooperativos. Desafortunadamente, el fracaso del socialismo real y del bienestarismo de posguerra, y una larga historia de falsas promesas y choques económicos, llevaron a los pueblos a aceptar la privatización de su administración. Corruptos, represivos y finalmente estúpidos, los dinosaurios del Partido Revolucionario Institucional no resistieron la crisis de la deuda a la que nos arrastraron y fueron fácilmente sustituidos por el ejército de economistas, administradores, abogados, intelectuales y académicos que dieron forma al neoliberalismo mexicano y controlaron la administración y las cámaras legislativas hasta hace cinco años. Con este poder sin contrabalances establecieron la rígida estructura constitucional que nos rige y que la SCJN defiende ferozmente.

Pero la intervención privada resultó cara, discriminante y deficiente, en fin, fue un despojo que no consiguió la eficiencia económica prometida y trajo un deterioro considerable de la seguridad de las personas. Según Polanyi, a toda fase de capitalismo salvaje le seguirá otra en que la sociedad se autoprotegerá contra sus excesos. La Cuarta Transformación (4T) representa este contramovimiento, pues responde al inminente retorno del estado-nación como proveedor de los bienes públicos y comunes secuestrados.

Por ello no es suficiente verla como una lucha política. En el fondo sirve a la voluntad histórica de revertir la captura del Estado a través de separar de raíz su función económica de la del mercado, eliminando así la corrupción sistémica. No entender esto lleva al contrasentido de afirmar que la democracia consiste en mantener el balance de poderes entre las fuerzas políticas, cuando algunas en realidad están al servicio de eliminar la democracia.

La 4T es un régimen capitalista nacionalista, no neoliberal porque: 1) regresa a una visión clásica del capitalismo, que reconoce profundas contradicciones que deben ser atendidas por el Estado, para alcanzar un desarrollo más homogéneo entre las regiones y cierto equilibrio distributivo; 2) asume la necesidad de construir una política científica-tecnológica y de innovación de Estado, para impulsar el crecimiento económico equilibrado, y 3) su principal objetivo es que el Estado provea los bienes públicos para el bien-de-todos-primero-los-pobres, y para ello busca liberarlo y armarlo otra vez con sus competencias sustantivas.

El Presidente ha guiado la separación del Estado y el mercado, y en muchos frentes recuperado esta función de provisión de manera muy pragmática y sin obsesionarse con la ideología. Por ello merece nuestro máximo reconocimiento. Pero el Estado liberado tiene tareas pendientes para alejarse aún más del neoliberalismo. Tras siglos de ser erosionada por el capital, la comunidad es un actuante social muy frágil. Fue subsumida por la modernidad hasta adoptar tres formas: la sociedad civil de propietarios, la sociedad política de ciudadanos y el sistema científico-profesional.

En México esta reducción fue interrumpida por una revolución agraria y la presencia del sector popular-sincrético de la Iglesia católica, que permitieron la operación de los principios comunitarios originales sobre tierras, aguas, bosques, cultura y educación, sobre todo en el medio rural e indígena. Pero estas expresiones de la comunidad siempre fueron política y económicamente débiles, igual que su resistencia; antes del neoliberalismo por el control del Estado priísta y después por la presencia de poderosas fuerzas erosivas y corruptoras del mercado.

La tarea más importante para el nuevo Estado de bienestar de la 4T, desde mi punto de vista, es apoyar la reactivación de las competencias sustantivas de la comunidad en el campo y la ciudad, y en su relación, y ceder el espacio legal-económico-político para que se desarrollen, por ejemplo, en una Ley General de Aguas.

Esto conviene al fortalecimiento de la Nación, pues ni la aprobación de 100 por ciento del pueblo político basta para vencer a la corporación global, al crimen organizado y al imperialismo; se requiere del pueblo organizado en una república de comunidades plenas. Otra tarea es contar con un programa transformativo de México de 25 años, que brinde a los líderes del proyecto de nación una guía clara y firme, independiente de su carácter y preferencias.

* Integrante del Centro Regional de ­Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM.