Lo que dicen los columnistas

Inteligencia Artificial: un nuevo reto en el combate a la corrupción

Los problemas éticos que plantea el desarrollo de la IA constituyen sólo una de las caras de la moneda, la otra es su impacto en el comportamiento íntegro de las personas. Existe consenso en torno a que con la IA el mundo ya no será nunca igual al que hemos conocido hasta ahora.

Arturo Serrano Meneses | Proceso

La utilización de recursos tecnológicos puestos al día para generar y para combatir la corrupción deberá también ponerse al día. A veinte años de la convención de las Naciones Unidas en contra de la corrupción, la agenda debe incluir el tema, la integridad no puede estar ausente de la discusión y la reflexión sobre el desarrollo de la inteligencia artificial (IA). O lo hacemos ahora o no tendremos los medios para atenderlo cuando la realidad nos haya superado.

Los problemas éticos que plantea el desarrollo de la IA constituyen sólo una de las caras de la moneda, la otra es su impacto en el comportamiento íntegro de las personas.

Existe consenso en torno a que con la IA el mundo ya no será nunca igual al que hemos conocido hasta ahora. Los cambios que está generando y los que habrá de generar sin que seamos capaces de anticiparlos, nos colocarán ante situaciones colectivas de una enorme complejidad, pero serán también el origen de una enorme brecha, permanentemente creciente, entre los grupos con capacidad para acceder a ella y quienes no la tienen y no la tendrán, al menos en el corto plazo. Corto plazo que en la materia del desarrollo tecnológico representa una enorme cantidad de sucesos y actualizaciones que antes de reducir, incrementan el tamaño de la deuda, profundizan las brechas y siguen avanzando en la construcción de al menos dos universos cada vez menos comunicados y, por supuesto, disfuncionales.

Los alfabetos en la materia se colocarán a distancias crecientes de quienes carecen no sólo de la capacidad de su traducción, sino sobre todo del propio acceso a los códigos de ese nuevo lenguaje, cada vez más extendido y cada vez más propio de los iniciados.

A mi modo de ver, los intentos por democratizar el lenguaje de la IA serán materia de largas jornadas y propuestas variopintas, creo más bien que su penetración equilibrada entre las personas será parte de las nuevas utopías. Lo que planteo es que, desde la avanzada de la IA, el mundo seguirá dividiéndose entre poseedores y desposeídos de los códigos y, señaladamente, de sus beneficios.

Creo entonces que el combate a la corrupción en este escenario incrementará, mucho antes de solucionar, la desigual aplicación de medidas y las sanciones correspondientes entre países con accesos y dominio del lenguaje y aquellos en donde la falta de integridad será parte importante para mantenerlos sin acceso y por tanto sin dominio de estos nuevos lenguajes.

Una respuesta previsible será la pretendida vuelta de muchas naciones a esquemas de aislamiento y fractura de los bloques, al menos como hoy los conocemos. Postura que poco beneficiaría a esas naciones, aun en el supuesto de una integración entre ellas. La vuelta a modelos cerrados de desarrollo poco modificará la avanzada de las acciones de corrupción a nivel internacional propiciadas por la utilización, sin integridad, de la IA en esas naciones.

La normatividad que los países irán construyendo para sancionar estas conductas habrá de transitar la ruta del retraso y de la inequidad. El retraso por cuanto que vendrán siempre detrás de las acciones indebidas, la inequidad porque habrán de sancionar una vez más a las generadoras de dichas acciones desde los lugares en donde tienen su sede o sus grandes filiales y no desde los sitios en donde se realizan las conductas sancionables, en donde causan su mayor impacto. Ejemplos de ello se presentan de manera cotidiana.

El tiempo también está siendo sometido a una transformación que no se presentaba en la vida durante muchas generaciones. Habíamos abandonado, por suponerla superada, toda reflexión sobre la dimensión, el impacto y la trascendencia cotidiana del tiempo.

Anticipar será cada vez más difícil. Ello, sin embargo, habrá de obligarnos, como lo propone la UNESCO, a realizar una reflexión sistemática permanente, multicultural y evolutiva de los principios, los valores y las acciones que deberán dar sentido a un comportamiento integral y a una ética en el desarrollo, manejo y convivencia con la IA.

Es ahora el momento de los acuerdos, de la construcción de nuevas formas. La Declaración de Bletchley de los 28 países que asistieron a la cumbre de seguridad sobre IA a inicios del pasado mes de noviembre en Gran Bretaña, constituye la síntesis de una mirada colectiva sobre el fenómeno que sin duda habrá de servir de plataforma a otras nuevas y más específicas.

Su valor, sin embargo, no puede ser soslayado, pues habiendo establecido que la IA es ya una realidad en diversas materias sociales, reconocieron que se debe actuar ahora para garantizar que tanto su desarrollo como utilización corran por vías de seguridad e inclusión para todos en todo el mundo, particularmente en materias como los derechos humanos, la transparencia, la rendición de cuentas, la mitigación de prejuicios y la ética, entre otros.

Si bien muchas figuras de la industria han señalado la contribución potencial de la IA para frenar la corrupción, haciendo referencia a su capacidad para detectar fraudes y predecir riesgos de corrupción, también puede tener consecuencias negativas, ya sean de manera intencional o no.

Una de esas consecuencias es el sesgo racista que generan hasta hoy los algoritmos utilizados para anticipar conductas y ofrecer respuestas por parte de la IA. Los estereotipos sexistas siguen presentes como elementos de exclusión.

El sentido de la preocupación parece claro. Se trata, como se dijo arriba, del impacto que puede tener la IA en actos de corrupción, pues la propia reunión de Bletchley estableció que una materia particularmente sensible es la información, que para nosotros es la base misma de la transparencia, de la rendición de cuentas y del comportamiento ético e íntegro. El potencial de riesgos imprevistos derivados de la capacidad de manipular contenido o generar contenido engañoso debieran ocuparnos a todos.

Por lo pronto, en materia de control interno y administración de riesgos como estrategias institucionales de combate a la corrupción, tenemos la obligación de actuar de manera colectiva, reflexiva y urgente para cancelar tentaciones contrarias al derecho y al bienestar de todos.

Poner en común el respeto a la dignidad humana, la protección sobre los datos de las personas, la sustentabilidad como garantía mínima de futuro, la atención a todas las etapas de la IA desde la investigación, la puesta en práctica y el desarrollo hasta el mantenimiento, la venta, la distribución, el financiamiento y la caducidad.

Finalmente, sólo quiero apuntar que la reflexión debe emprenderse en todos los rincones geográficos, del conocimiento y de las temáticas y abrir el diálogo más allá de espacios en donde éste ya es parte de las agendas, como el G7, la Casa Blanca o incluso en el grupo reunido en Bletchley, Gran Bretaña.

*Titular del Órgano Interno de Control de la FGR.

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Arsenal

La disputa por el Tribunal Electoral

Francisco Garfias | Excelsior

El ambiente en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no es el más propicio de cara a la madre de todas las elecciones que tendremos en junio del 2024.

No sólo su Sala Superior está incompleta, sino que tres de los cinco magistrados en funciones ya pidieron la renuncia de Reyes Rodríguez Mondragón, presidente de ese órgano especializado del Poder Judicial.

Mónica Soto, Felipe de la Mata y Felipe Fuentes están en plena rebeldía. No sólo dejaron plantado a Reyes en su Informe, al que asistieron ministros de la Corte, sino que ahora lo quieren echar de la presidencia, antes de que concluya su periodo. ¿El pretexto? No le tienen confianza y están inconformes con la forma en la que toma decisiones. Sin ellos, Reyes se queda en minoría. No parece tener alternativa.

¿A qué intereses sirven los magistrados rebeldes? ¿Quién mueve la cuna? ¿Es una disputa interna por el poder? ¿Una mezcla de todo? De entrada, nos dicen que los dos Felipes han generado la división a partir de decisiones que ha tomado Reyes Rodríguez. Fuentes que conocen el funcionamiento del tribunal agregan que Felipe Fuentes quiere retomar el control administrativo (la contraloría interna y el área de compras) que le quitó Reyes.

El poder de De la Mata es la escuela judicial, que tiene casi cien empleados, y allí el comisionado presidente empezó a meter a su gente. Mónica Soto es el fiel de la balanza y, de consumarse la destitución, no tienen duda que ella será la próxima presidenta del tribunal.

¿Influencias externas? A Reyes lo vinculan con el Frente opositor, por su cercanía con Roberto Gil Zuarth. A los dos Felipes y a Mónica los asocian con Morena. “El exministro Zaldívar presume el control de la mayoría”, aseguran.

Germán Martínez, senador del Grupo Plural, ve en la rebeldía de los magistrados una intentona de abogados, exmagistrado y, exministros que andan de “queda bien” con la “aprendiz de emperatriz” –en referencia a Claudia Sheinbaum– y están moviendo sus hilos en el tribunal electoral.

* El espectáculo de los magistrados inquieta al círculo rojo. El Acuerdo Nacional por la Integridad Electoral, que agrupa a 36 organizaciones de la sociedad civil, hizo público un pronunciamiento en el que manifiesta “preocupación” por la crisis que se vive en el TEPJF. El intento de remoción, en un pleno incompleto, violenta la gobernabilidad del órgano garante y mina la credibilidad y legitimidad del TEPJF como árbitro imparcial en la resolución de conflictos electorales y pone en riesgo la integridad del proceso electoral”, advierte.

El pronunciamiento incluye un llamado al diálogo a magistradas y magistrados, instándolos a privilegiar la estabilidad institucional del TEPJF y la certeza del proceso electoral en curso.

* Al Senado no le corre prisa para nombrar a los dos magistrados que cubrirán las vacantes dejadas en el TEPJF por los magistrados José Luis Vargas e Indalfer Infante. Algo incomprensible en época preelectoral.

El senador de Morena Eduardo Ramírez, presidente de la Jucopo, pateó el bote hasta febrero próximo. Las elecciones son en junio. El argumento es que la mayoría oficialista aún no se pone de acuerdo a quien apoyar de las dos ternas que le envió la SCJN. ¿O no les dieron luz verde en Palacio Nacional? Es pregunta.

* El Inai también está incompleto por obra y gracia de YSQ. Les faltan tres comisionados de los siete que integran el pleno. Blanca Lilia Ibarra, su presidenta, deja el cargo este fin de semana. No se registró para reelegirse.

La presidencia recaerá en alguno de los tres comisionados(as) en funciones que sí se registraron: Julieta del Río, Josefina Román yAdrián Alcalá.

Allí también son “tiempos de zopilotes”, diría el clásico. Hay golpeteo en medios, en redes y en mensajes a senadores, particularmente en contra de Alcalá.

Lo acusan de ocultar información sobre el uso de tarjetas corporativas American Express en bares y table dance, con cargo al erario. El tema data de hace nueve años. El antro se llama Curazao. El uso de la tarjeta lo hizo el excomisionado Óscar Guerra. Alcalá, entonces coordinador de Acceso a la Información, nos asegura que él no estuvo en el Curazao, y que Guerra reintegró al Inai el dinero firmado.

Pero la comisionada Del Río utiliza el tema para declarar que su par no es “moralmente apto” para presidir el instituto.

* Recibimos anoche una llamada del exsenador Juan José Rodríguez Prats, panista de abolengo. Lo sentimos enojado.

No le gustó que entre los tres senadores de lista a los que tiene derecho el CEN del PAN, Marko Cortés ocupe la posición número uno, Lilly Téllez la cuatro y Mauricio Vila, la siete. “En los primeros lugares debe de estar gente que conozca la doctrina del PAN. Marko maniobra para impedir que al Congreso llegue gente sobre la cual no tiene autoridad”, nos dijo.

Tuvo el cuidado de aclarar que Lilly, “a quien respeto”, debe seguir en la Cámara alta, pero como senadora de mayoría o de primera minoría.

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Corolario

La prueba PISA 2022

Raúl Contreras Bustamante | Excelsior

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 26, reconoce el derecho a la educación como un derecho humano, la cual debe impartirse con una visión integral y humanista.

De manera contraria a la visión de que la educación es un indicador económico, este documento —ideal común de los pueblos que integran las Naciones Unidas— señala como objeto de la educación, el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos.

Por su parte, la Ley General de Educación de nuestro país entiende este derecho como un medio para adquirir, actualizar y ampliar conocimientos, habilidades y aptitudes que le permiten a la persona alcanzar su desarrollo personal y profesional para contribuir al bienestar, transformación y mejoramiento de la sociedad de la que forma parte.

En materia de política pública educativa, la evaluación es imprescindible, ya que además de cumplir las obligaciones de rendición de cuentas, a través de los resultados se asegura información útil para detectar necesidades presupuestales y definición de prioridades.

Uno de los instrumentos de evaluación fundamental de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para medir este desarrollo de los países, es la prueba PISA —por sus siglas en inglés— la cual es una valoración que se realiza cada tres años a alumnas y alumnos de 15 años, que aprecia hasta qué punto han adquirido los conocimientos y habilidades esenciales para su participación plena en la sociedad.

La evaluación PISA se enfoca en las áreas escolares centrales como: la lectura, las matemáticas y las ciencias. La recién publicada edición 2022 se instituye como la primera evaluación estandarizada en la materia —con una muestra de casi 700 mil estudiantes de 81 países— que otorga una visión de las lacerantes consecuencias que generó la emergencia sanitaria global de covid-19, los años 2020-2023.

En general, esta edición registró un retroceso en todos los miembros de la OCDE. Por ejemplo, la caída en el rendimiento en matemáticas es tres veces mayor que cualquier cambio consecutivo anterior. Sin embargo, la misma organización señala que la emergencia sanitaria fue sólo un factor, pues el declive en las puntuaciones fue evidente desde ediciones anteriores.

Nuestro país está evaluado en las tres áreas escolares muy por debajo del promedio de la OCDE y padece un descenso en puntaje frente a la edición pasada. En matemáticas se obtuvieron 395 puntos, mientras que el promedio fue de 472; comprensión lectora tuvo una puntuación de 415 frente al promedio de 476; y en ciencias, 410 puntos de un promedio que asciende a 485. Con dichos resultados, nuestro país ocupa la posición 35 de 37 países miembros de la OCDE que participaron en esta edición.

La OCDE destaca que se deben mantener las escuelas abiertas por más tiempo para más estudiantes, ya que se comprobó que los sistemas que evitaron cierres prolongados obtuvieron puntuaciones más altas y se identificó en su comunidad un fuerte sentido de pertenencia.

Asimismo, se recomendó preparar a los estudiantes para el aprendizaje autónomo y construir bases sólidas para el aprendizaje y el bienestar de todos los estudiantes; esto incluye combatir la inseguridad alimentaria, las condiciones económicas adversas y mejorar la seguridad en los planteles.

La educación pública de calidad representa la vía más democrática de desarrollo de la población. Ninguna transformación de fondo se podrá lograr si no somos capaces de brindar mejor educación a nuestros jóvenes

Como Corolario la frase de John F Kennedy: “La libertad sin educación es siempre un peligro; la educación sin libertad resulta vana”.

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México SA

Poder Judicial: otro culebrón // Reyes Rodríguez, en la picota // Milei, menemismo redivivo

Carlos Fernández-Vega | La Jornada

El vodevil nunca acaba en el Poder Judicial de la Federación: más allá de los compromisos incumplidos, los carpetazos según lo pida el cliente, las decisiones a modo, la feria de amparos, la cancelación de toda iniciativa que atente contra su modus vivendi y tantos espectáculos más, ahora de nueva cuenta se sacude uno de sus brazos, el Tribunal Electoral, con el ministro presidente en la picota.

La Jornada (Lilian Hernández y Fabiola Martínez) lo reseñó así: la máxima instancia electoral del país está en crisis, luego de que tres de los cinco magistrados que integran actualmente la sala superior rompieron con el magistrado presidente, Reyes Rodríguez Mondragón, y le exigieron su renuncia inmediata, al expresarle que le perdieron la confianza y ya no tiene liderazgo ni gobernabilidad.

Algo más: “como si se tratara de una maldición, o de confirmar el refrán quien a hierro mata, a hierro muere, otra vez la cúpula del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) se convirtió en vorágine por la furia de unos contra otros. Si en agosto de 2021 se orilló a José Luis Vargas a dejar la presidencia, presionado por sus pares, quienes con el tiempo no sólo le endilgaron el mote de el magistrado billetes, por estar involucrado en supuestos casos de corrupción, sino que lo relegaron en las sesiones, ahora la embestida fue contra Rodríguez, quien hasta anoche se resistía a dejar el cargo, al cual llegó tras la caída de uno de sus colegas.

En días recientes todavía se guardaban las formas, pero en un hecho sin precedente la ruptura se hizo pública el lunes pasado, cuando los magistrados Mónica Soto, Felipe de la Mata y Felipe Fuentes no asistieron al informe de labores de Reyes Rodríguez y, sin recato, a la hora del evento publicaron una foto de ellos tres en un restaurante. El desaire abrió toda clase de rumores que fueron confirmados ayer de voz de los protagonistas. A saber: minutos antes de la sesión del miércoles, los tres opositores pidieron la renuncia a Rodríguez, por supuestas diferencias en la conducción administrativa, como meter despachos privados a la vida del tribunal; la gota que derramó el vaso fue que pidió la intervención de la Suprema Corte de Justicia para que ayudara a zanjar la crisis (ídem).

Y la forma en la que Rodríguez Mondragón buscó pacificar los ánimos fue huir despavorido del recinto en el que fue impugnado. Otro pollito itamita en fuga. Lo mejor del caso es que el TEPJF se asume como especialista en resolver controversias y resulta tan efectivo en esas artes que ni siquiera puede zanjar las propias. De hecho, las diferencias internas no sólo son recurrentes, sino que tienden a ser explosivas.

Reyes Rodríguez Mondragón (entre otras gracias asesor –en 2011– de Felipe Calderón cuando este ocupó, literalmente, Los Pinos, a la vez que uno de los sancionadores del presidente López Obrador en el caso de Ladygelatinas) está en la picota, nadie lo quiere en el cargo –salvo sus titiriteros– y huyó despavorido del recinto que, hasta ahora, preside, pero se dio el lujo de dejar un recado para propios y extraños: será hasta el próximo lunes cuando conteste a la exigencia de sus pares en torno a su renuncia. Entonces, no deje de ver el próximo capítulo de otro culebrón del PJF. Y los que faltan.

Meses atrás, (agosto de 2023), el presidente López Obrador acusó el TEPJF de intentar someterlo (en el caso de Xóchitl Gálvez y las conferencias que la agredían), y aclara mucho si Reyes Rodríguez trabajó con Calderón; cómo no me va a estar sancionando, si con Calderón tenemos diferencias de fondo y no es personal, es que se robó la Presidencia y afectó a millones de mexicanos. Para que nos enteremos todos del nivel de deshonestidad y la actuación tendenciosa y corrupta de estas autoridades.

Las rebanadas del pastel

A partir de mañana, cuando el esperpéntico Javier Milei se convierta formalmente en Presidente de la República, los argentinos comenzarán a resentir los tenebrosos efectos de su decisión electoral: devaluación, recorte del gasto público, indiscriminado aumento de precios, desempleo, fin de los planes sociales, capitalismo salvaje, desaparición del Estado y mucho más. La ultraderecha entronizada por una mayoría socialmente desesperada que será la primera víctima del plan motosierra. El desastre menemista redivivo. Y entre sus invitados especiales aparecen –más allá de los mandatarios ultraderechistas afines– el golpista Jair Bolsonaro y Santiago Abascal, hijo de Franco y papá de los panistas.

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Sheinbaum y las presencias del pasado

Hugo Aboites* | La Jornada

Con la integración de un equipo de coordinadores de foros o consultas, la inminente candidata lanza un importante primer mensaje sobre su futura campaña y gobierno. Amplio, incluyente podrían decir algunos, pero lo realmente importante es que es un mensaje claro sobre el futuro. Y aparece en la educación, un territorio clave que, además, la Cuarta decidió ceder en mucho al pasado panpriísmo.

Cuando en 2013 el PRI se lanzó a la aventura de la reforma educativa, el PAN y sus diputados se unieron al PRI, que les abría la puerta y al poco ya estaban exigiendo y consiguiendo ir lo más lejos posible en las leyes secundarias. Así ocurrió en puntos como la evaluación y despido de los y las maestras, la creación del INEE, el rechazo a que las y los maestros tuvieran derechos laborales plenos y la negativa rotunda a que se les diera su lugar en el sistema educativo a los egresados de las ya de por sí perseguidas normales públicas. Y ahora, en 2023, uno de esos diputados y ex gobernador del PAN ya tiene su lugar en la mesa del diseño del país para el sexenio de la doctora. Se dice que esto es transitorio y que no se anticipa cargo alguno para ellos, pero si ese diputado y colegas ya estuvieron en 2013 junto con el PRI haciendo leyes y luego también estuvieron en 2018-2021 redactando leyes junto con la representación de Tv Azteca en la SEP, y ya son invitados en 2023. Es un mensaje y un símbolo muy fuerte, ¿por qué no podemos pensar que también ahora se les abre la puerta y sin necesidad de dar portazo alguno, pueden comenzar a hacer el boceto de lo que será el país de aquí a 2030? Porque no es una aparición ocasional y sin significado la que ahora vemos, sino una trayectoria de continua presencia del sector conservador en las habitaciones exclusivas donde se decide lo fundamental.

Y si se les invita una vez más, con todo derecho ellos asumen que es precisamente por su postura histórica. Por eso en el sexenio de la doctora podemos anticipar que gracias a esa presencia, se respetará la herencia del PAN ahora ya profundamente trenzada en las leyes de educación de la Cuarta, y que en la educación superior no habrá real derecho a la instrucción ni a la gratuidad, ni cesarán los exámenes tipo Ceneval, ni se dejará de impulsar la comercialización de las instituciones, y que en la educación básica no se tocará una coma de las leyes que dieron lugar a distorsiones tan profundas como la Usicamm, por mencionar sólo un punto. Tampoco se cumplirán las promesas de Guelatao que se hicieron frente a miles de profesores de Oaxaca en la campaña de 2018. Ahí se habló claro y contundente del derecho de los estudiantes a la educación y a la gratuidad (y no del derecho de las burocracias a determinarla en la forma que más convenga) y claro, también se dijo que ahora sí los maestros estarían sentados en la mesa de diseño de una nueva formación.

Hoy, sin embargo, la presencia del ex rector de la UNAM como encargado general del conjunto de coordinadores puede interpretarse como una inclusión de lo decente del PRI (¿Zedillo?). Pero también viene la advertencia de que el pasado no necesariamente es color de rosa. Y que simbólicamente con él se incluye en el grupo la parte más hostil del Estado contra las y los estudiantes. Un millar de alumnos, mujeres y hombres, encarcelados y sujetos a proceso en prisión precisamente por demandar gratuidad, acceso sin exámenes discriminatorios a la educación, y la persecución a los académicos y académicas (de dentro y fuera de la UNAM) que se colocaron al lado de las y los estudiantes. Pero, además, en este conjunto de coordinadores aparece otro personaje del pasado más reciente. Y de nuevo se hace presente ese Estado que desaparece a 43 estudiantes, tragedia que sigue sin resolverse. Finalmente, una política regiomontana integrante del equipo de campaña aparece ahora demandando penalmente a un columnista de La Jornada. Y éste fue aprehendido y presentado frente a un juez en Nuevo León.

Todo esto viene a confirmar lo evidente: sí es posible el discurso de la inclusión y amplia participación, pero en condiciones como éstas no tiene sustancia, los prejuicios y lealtades originarias de clase están presentes y no sólo como símbolo; también actuarán poderosamente a la hora del diseño del futuro inmediato del país. Ellos son símbolos del pasado del país, pero, como se ha dicho una y otra vez, se trata precisamente de no repetirlo. Son presencias que no traen lo que para toda campaña es indispensable: la fuerza y la inspiración para construir juntos un futuro. Por eso también seguirá apareciendo terca la historia de resistencia y los testimonios de que en educación desde hace décadas falta lo principal: la voz y la presencia decisiva de estudiantes y maestros.

PD No se incluyen nombres, porque con lo de Jalife el clima ha cambiado radicalmente.

* UAM-X.