Columnas Escritas
Lo que dicen los columnistas
¿Existe el humanismo digital?
El humanismo digital plantea que las TIC deben estar al servicio de la condición humana, respetando sus derechos, valores y necesidades, no al revés. Busca que las personas sean el centro y el fin de los cambios tecnológicos y no meros medios, instrumentos o consumidores.
Jorge Bravo / Proceso
En nuestra era de la tecnología digital, donde la información fluye a velocidades vertiginosas y la conectividad se ha convertido en una parte esencial de nuestras vidas para realizar cualquier actividad con sus retos, oportunidades y riesgos, surge la pregunta de si existe el humanismo digital.
El humanismo fue una corriente filosófica surgida en el siglo XIV en Italia y se desarrolló en Europa durante el Renacimiento. Algunos de sus principales exponentes fueron Petrarca, Dante Alighieri, Boccaccio, Erasmo de Rotterdam, Leonardo da Vinci y Montaigne.
Esta forma de pensamiento pone en el centro de su movimiento los valores, derechos y la dignidad del ser humano. El humanismo clásico defendió la razón, la libertad y la capacidad de decisión del ser humano, así como su potencial para mejorar y alcanzar su bienestar, desarrollo y felicidad.
Busca promover la educación, el pensamiento crítico, la democratización del conocimiento y el desarrollo integral de las personas. En el contexto de la revolución digital, el humanismo digital es la extensión de estos valores que colocan en lo más elevado la dignidad y las libertades humanas en el mundo virtual.
El humanismo digital propone adaptar los principios humanistas a la era de la revolución y la sociedad digitales, en la cual las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) juegan un papel cada vez más relevante e influyente en todos los ámbitos de nuestra vida.
El humanismo digital plantea que las TIC deben estar al servicio de la condición humana, respetando sus derechos, valores y necesidades, no al revés. Busca que las personas sean el centro y el fin de los cambios tecnológicos y no meros medios, instrumentos o consumidores.
El humanismo digital implica que, a medida que avanzamos en la tecnología, no debemos perder de vista nuestra humanidad ni reemplazarla por los negocios.
El humanismo digital –y sus correspondientes humanistas– aboga por garantizar que todas las personas (incluidas las que tengan algún tipo de discapacidad o aquellas que viven en zonas rurales) tengan acceso a la tecnología y las oportunidades que ofrece.
Un humanista digital está comprometido con reducir la brecha digital y asegurarse de que nadie quede excluido de los beneficios y el bienestar de las tecnologías, los servicios de telecomunicaciones, las plataformas de Internet y las tecnologías emergentes que surjan y evolucionen.
El humanismo digital promueve el desarrollo y el uso ético de la tecnología. Esto significa que las empresas, los innovadores y los desarrolladores deben considerar no sólo el beneficio económico, también cómo sus productos, servicios y soluciones afectan a las personas y a la sociedad en general.
En un mundo digital como el que vivimos, la privacidad es un bien preciado. El humanismo digital defiende la protección de la privacidad de las personas y la regulación de la recopilación, uso y compartición de datos personales.
Promover la alfabetización digital, el uso adecuado de las tecnologías y el pensamiento crítico en un mundo cada vez más digitalizado es esencial para desarrollar el potencial de los individuos. El humanismo digital procura una educación que empodere a las personas para comprender y utilizar la tecnología de manera responsable y significativa para ellas.
A través de la tecnología, podemos conectarnos con personas de todo el mundo, pero es importante preservar la empatía y la comunicación en línea. El humanismo digital fomenta relaciones virtuales basadas en el respeto y la comprensión mutua y rechaza cualquier forma de acoso y violencia digital.
Ahora nos damos cuenta que los beneficios de adoptar el humanismo digital son numerosos. Al integrar valores humanos en la revolución digital (como en su momento la Revolución Francesa propuso libertad, igualdad, fraternidad), el desarrollo tecnológico y las políticas públicas digitales podemos crear un mundo en línea más inclusivo y ético.
Además, un humanismo digital puede conducir a una mayor confianza en la tecnología y en las corporaciones e instituciones que la respaldan.
Cuando las personas sienten que sus derechos, datos, propiedades virtuales y dignidad son respetados en línea, están más dispuestas a adoptar las tecnologías y participar activamente en la sociedad digital.
El humanismo digital puede ser la respuesta a la pregunta de si podemos mantener nuestros valores humanos intactos en la era digital. La tecnología puede utilizarse para transgredir los derechos humanos como la privacidad, la libertad de expresión, el derecho a la información y la no discriminación. Un humanismo digital puede ayudar a prevenir estos abusos contra nuestros derechos fundamentales y fomentar la justicia social.
Desde luego, implica una serie de desafíos y oportunidades para las personas, las empresas, las organizaciones y las políticas públicas. Requiere una formación continua y crítica que permita a los individuos desarrollar las competencias digitales y tecnológicas necesarias para participar activa y responsablemente en la sociedad digital, así como aprovechar sus beneficios y evitar sus riesgos.
Por otro lado, requiere una transformación ética y cultural que promueva una visión integradora e inclusiva de la diversidad humana, así como una actitud solidaria y colaborativa frente a los problemas globales. Supone una innovación social y política que fomente una gobernanza democrática y participativa de las TIC y avances como la Inteligencia Artificial, garantizando su acceso universal, su calidad, su seguridad y su respeto a los derechos humanos.
Al promover la inclusión, la ética, la privacidad, la educación, la justicia y la empatía en línea podemos construir un presente y un futuro digital que beneficie a todos y refleje lo mejor de la humanidad.
La revolución tecnológica y el humanismo digital no son incompatibles; juntos tienen el potencial de llevarnos a un mundo más conectado fundamentado en el respeto de la dignidad y los derechos fundamentales.
El humanismo digital es una propuesta para afrontar los retos y las oportunidades de la sociedad digital. Es una forma de pensar, concebir y actuar que busca poner la tecnología al servicio del bien común y el desarrollo humano sostenible. Es una invitación a recuperar los valores humanistas clásicos y a adaptarlos a los nuevos tiempos con visión de futuro. Es una pregunta abierta que nos interpela a todos como sociedad, academia, sector privado y público: ¿queremos que exista el humanismo digital?
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Juegos de poder
Arrasan Morena y Sheinbaum
Leo Zuckermann / Excelsior
Ha salido la primera encuesta seria, levantada en viviendas entre 22 y 28 de septiembre, después de los procesos para elegir a las candidatas presidenciales. Los números no podían ser mejores para Morena y Claudia Sheinbaum. Arrasan.
En la encuesta de Buendía & Márquez, publicada ayer en El Universal, los resultados son contundentes. Sería un error menospreciarlos. Al revés, hay que tomárselos muy en serio.
La estrategia del Presidente de apabullar mediáticamente a sus adversarios está funcionando. De seguir así, el llamado plan C de López Obrador (retener la Presidencia, lograr mayoría calificada en ambas cámaras del Congreso y proceder a reformar la Constitución para controlar a la Suprema Corte) podría hacerse realidad el año que entra.
¿De verdad queremos eso?
Al parecer, toda la farsa de las encuestas para dizque elegir a la candidata morenista sirvió. Otra jugada eficaz de López Obrador, quien disfrazó su dedazo con un ejercicio “democrático”. La simulación —que contó con muchos apoyos mediáticos— no sólo mejoró la imagen de Morena, sino también produjo mayores preferencias de voto al partido y su candidata. En contraposición, ocurrió una caída importante para los partidos del Frente Amplio por México y la que resultó la ganadora de su candidatura.
Veamos los números.
La imagen de Morena está impresionante. Su “saldo de opinión” es de más 57. Esto resulta de 75% de los encuestados que dijo tener una opinión “muy buena” o “buena” del partido gobernante menos 18% que respondió “mala” o “muy mala”.
Todos los partidos opositores del Frente, en cambio, tienen un “saldo de opinión” negativo. El PRI menos 42, el PAN menos 26 y el PRD menos 25. Como marcas, son muy malas. Concitan muchas más opiniones negativas que positivas.
En cuanto a preferencias, al preguntarle a la gente por cuál partido votaría, 62% de los que sí dieron una respuesta (eliminé a un 15% que no se pronunciaron) lo harían por Morena, 13% por el PAN, 9% por el PRI, 7% por Movimiento Ciudadano, 4% por el Verde, 2% por el PRD y 2% por el PT.
Sumando coaliciones, la de Morena-PT-Verde obtiene 68% de las intenciones de voto y PAN-PRI-PRD 25 por ciento.
La diferencia es abismal.
Vayamos ahora a los números de los candidatos. En este momento, lo más importante es el reconocimiento de nombre y su saldo de opinión. Nadie vota por un candidato que no conoce y, si lo conoce, debe tener una opinión positiva de éste.
El 68% de mexicanos conoce o ha oído hablar de Sheinbaum. Y, entre ellos, el saldo de opinión es de más 39 (50% tiene una opinión positiva de ella, 11% negativa).
En cuanto a Gálvez, solo el 47% de la población reconoce su nombre. De éstos, 18% tiene buenas opiniones de ella y 20% malas. Su saldo de opinión es, por tanto, menos 2.
En el careo entre los posibles candidatos, Claudia recibe 50% de las intenciones de voto, Xóchitl ,20%; Samuel García de Movimiento Ciudadano, 7%, y Eduardo Verástegui (posible candidato independiente) 4 por ciento. El resto son 19% de encuestados que no respondieron.
Eliminé la no respuesta y 4% de Verástegui porque no creo que vaya a conseguir el casi millón de firmas que se requiere para registrarse como candidato independiente. Recalculé los porcentajes sólo entre los tres candidatos que, seguramente, aparecerán en la boleta (si el Congreso de Nuevo León le otorga licencia a su gobernador): Sheinbaum gana con 65% de las preferencias, Gálvez queda en segundo lugar con 26% y García en tercero con 9 por ciento
Finalmente está el rechazo a los candidatos. Cuando se pregunta, “¿por cuál candidato a la Presidencia nunca votaría?”, 42% de la población responde que por Xóchitl. La campaña negativa en su contra, diseñada e implementada por López Obrador, ha funcionado para posicionarla como una candidata con saldo de opinión negativo y rechazo a sufragar por ella.
¿Estos números demuestran que este arroz ya se coció?
Desde luego que no.
Todavía falta mucho para la elección de junio de 2024.
De hecho, formalmente no han comenzado las campañas, sobre todo la exposición a spots de radio y televisión.
Lo que estos números demuestran es que Claudia tiene todo para ganar. Arranca como la clara favorita. Y no es gratuito: un Presidente muy popular y vocal se ha encargado que así sea.
Xóchitl tiene un largo camino que recorrer. Le urge contratar a un grupo de expertos en campañas para diseñar e implementar una estrategia con el fin de darse a conocer entre la mitad de los mexicanos que la desconoce y posicionarse con atributos positivos. Ha llegado muy lejos prácticamente sola. Es hora que se deje acompañar de un equipo profesional que le ayude, por ejemplo, a responder las campañas negativas en su contra.
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¿Una ventaja irreversible?
Javier Aparicio / Excelsior
Según la más reciente encuesta nacional de Buendía & Márquez —levantada del 22 y el 28 de septiembre entre mil 200 entrevistados en vivienda—, Morena y Claudia Sheinbaum, su virtual candidata presidencial, tienen una holgada ventaja sobre Xóchitl Gálvez, la virtual candidata de la coalición opositora. ¿Será irreversible?
Esta ventaja se puede apreciar en la preferencia genérica por partidos, donde Morena tiene una intención de voto de 53% frente a 21% opositor, mismo que resulta de sumar las preferencias de PAN, PRI y PRD. Si añadimos las intenciones de voto de PVEM y PT, la coalición oficialista alcanzaría 58% de votos si la elección fuera hoy.
Por otro lado, cuando se pregunta por las preferencias sobre candidaturas específicas, Claudia Sheinbaum tiene una intención de voto de 50% frente a 20% de Xóchitl Gálvez y 7% de Samuel García. 19% de los encuestados aún no sabe cómo votará o no contestó esta pregunta. Según esta encuesta, la ventaja de 30 puntos de Sheinbaum en preferencia bruta podría alcanzar 37 puntos en preferencia efectiva.
A partir de los resultados de esta encuesta —u otras similares que puedan darse a conocer en las siguientes semanas—, los simpatizantes y voceros del oficialismo podrían impulsar la idea de que la elección presidencial de 2024 está prácticamente decidida, o bien que la ventaja del partido en el gobierno es irreversible. Por su parte, los simpatizantes y voceros de la oposición intentarán argumentar que aún es demasiado temprano en el proceso electoral para conceder la derrota, o bien que la contienda puede volverse reñida de un momento a otro.
¿Qué ha cambiado en los últimos meses? Los niveles de conocimiento de Sheinbaum son muy similares a los de dos meses atrás, mientras que el conocimiento de Gálvez aumentó de 43 a 47%: la mitad de los electores del país aún no conoce a la principal candidata opositora y sólo 36% reporta conocer al gobernador de Nuevo León, Samuel García. El así llamado balance de opiniones positivas menos negativas es de 39 puntos para Sheinbaum y de menos dos puntos para Gálvez.
El reto para la campaña de Gálvez será aumentar sus niveles de conocimiento y mejorar sus opiniones favorables, de modo que las intenciones de voto en su favor aumenten en los próximos meses. En cualquier caso, si la ventaja del oficialismo no se reduce pronto, la noción de una ventaja irreversible y/o una elección decidida ya podría volverse conocimiento común entre el electorado.
La evidencia de elecciones recientes también sirve para tomar estos datos con cierta cautela. Durante el proceso electoral de 2012, Enrique Peña Nieto mantuvo una holgada ventaja en encuestas—en aquel tiempo, hubo quienes llegaron a proponer prohibir la difusión de encuestas para que no incidieran en la contienda creando la percepción de una ventaja irreversible del priista—, pero al final recibió 38% de votos y ganó por 6.6 puntos porcentuales. En su momento, López Obrador no concedió su derrota y acusó severas inequidades en la contienda. De hecho, en las elecciones intermedias de 2021 las encuestas también sobreestimaron la ventaja de Morena, pero la coalición oficialista de todos modos mantuvo la mayoría de la Cámara de Diputados.
Por otro lado, también hemos tenido contiendas presidenciales con ventajas que revierten al final. En las elecciones de 2006, López Obrador tenía una cómoda ventaja inicial, pero acabó perdiendo por menos de un punto porcentual. En las elecciones de 2000, Labastida tenía una cómoda ventaja sobre Vicente Fox y también acabó perdiendo la contienda. Es posible que el contexto del México contemporáneo no sea del todo comparable con el de aquellas elecciones: contiendas con una fuerte ventaja inicial para el partido en el gobierno eran un problema típico décadas atrás.
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AMLO con cancilleres: objetivo, migración
Ana María Aragonés. / La Jornada
AMLO se reunirá con los cancilleres de las 10 naciones que presentan el mayor flujo migratorio en el continente con el fin de presentar un conjunto de propuestas al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para atender y dar soluciones al fenómeno en la región. La acción del presidente López Obrador es importante y debe aprovecharse tan destacada audiencia para reflexionar sobre las causas del fenómeno que exige abordar los dos polos de la ecuación, es decir, la responsabilidad del polo receptor (Estados Unidos) y las responsabilidades de los países expulsores ante la falta de protección a sus poblaciones.
En este sentido, considerar que la política migratoria de Estados Unidos es de contención, retrasos flagrantes para otorgar documentos de asilo y refugio, lo cual genera caos en los límites con México, y se convierte en una estrategia generadora de crisis fronterizas fácilmente utilizadas para criminalizar a los migrantes, la aplicación unilateral e ilegal de sanciones y bloqueos y sus innumerables injerencias para descarrilar procesos de cambio en los países latinoamericanos, todas estas son políticas generadoras de migraciones y caos. Estas maniobras muestran la absoluta irracionalidad de los gobiernos del vecino del norte, demócratas o republicanos, utilizar a los migrantes como el arma más poderosa para ganar las elecciones. Y si no, hay que asomarse a las nuevas apariciones de Donald Trump, cuyo único proyecto es denostar a México y los migrantes para que sea ovacionado y sus seguidores se convenzan que todos los problemas provienen de México.
Los países expulsores tendrán que hacer una profunda reflexión para ir a las causas del fenómeno migratorio y tomar conciencia de que las tragedias de sus connacionales no sólo son inaceptables, sino que tienen una enorme responsabilidad. ¿Conocen las autoridades correspondientes cuáles son las razones por las que sus connacionales abandonan sus países, cuáles son las carencias que la mayoría esgrime y por las que se lanzan a esos horrores que todos hemos conocido? Esta ampliamente documentado que la gran mayoría de esas personas huyen del hambre, de la falta de salud, educación, vivienda, empleo, inseguridad, de la corrupción, de la desnutrición de sus hijos, de la precariedad, de violencia de todo tipo, de la desigualdad, y buscan un futuro para sus hijos, de dignidad y justicia social, es decir, de condiciones para una vida digna.
El ejemplo de Suecia que he comentado en otras colaboraciones es importante porque muestra que es posible revertir la tendencia migratoria. A principios del siglo XX se dieron cuenta que no podían echar a andar su revolución industrial porque más de un tercio de la población había emigrado. Entonces decidieron realizar una extensa investigación para lo cual hablaron con sus compatriotas y conocer por qué abandonaron el país. Al término del estudio decidieron que había que otorgar no sólo las mismas condiciones que tenían en Estados Unidos, sino superarlas. Y ya se conocen los resultados.
En este sentido no se puede soslayar que los estados han sido omisos en su responsabilidad de proteger a sus poblaciones. El modelo neoliberal reforzó las relaciones de dependencia y se hizo evidente que las oligarquías se vincularon con los intereses de los países desarrollados y, en el caso de México, la integración de la economía con Estados Unidos ha impedido un desarrollo independiente. Al priorizar la industria maquiladora se han impedido los encadenamientos internos necesarios para generar una industria nacional y soberana. Es esencial en esta reunión plantearse las consecuencias de adoptar un modelo que postergó la construcción de una política para el desarrollo, provocando la salida masiva de migrantes.
Es posible revertir la tendencia migratoria si se superan las condiciones que han dado lugar a estas enormes tragedias y convertir el fenómeno migratorio en una opción y no en una necesidad; ésta es la clave para una migración regular.
Pero los países no pueden enfrentar en solitario los retos de impulsar una política de cambio. Bajo estas circunstancias, la exigencia de la integración latinoamericana se convierte en un requisito de sobrevivencia. Es el camino que permitiría coordinarse en diversas materias, sobre todo científicas y tecnológicas, sumar conocimientos y experiencias en ámbitos de la actividad industrial para incrementar la capacidad productiva, dirigir al sector agrícola hacia la soberanía alimentaria, y conjuntamente garantizar un mercado suficientemente amplio para la producción latinoamericana que permita el tan ansiado desarrollo.
Ayotzinapa: nueve años sin verdad ni justicia
Mario Patrón / La Jornada
La semana pasada se cumplió el noveno aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. Nueve años de indignación, denuncia, lucha, movilización y, sobre todo, nueve años de reivindicación de la dignidad. Padres de los desaparecidos, familiares, compañeros, defensores de derechos humanos y sociedad civil en general han permanecido en pie de lucha desde la madrugada del 26 de septiembre; y, si bien algunas certezas se han ido construyendo en el camino, el paradero de los 43 sigue sin conocerse debido, en gran medida, a una postura errática del gobierno federal que ha entorpecido la investigación desde distintos frentes.
El pasado 21 de septiembre, los padres instalaron un plantón afuera del Campo Militar número 1 como presión al Ejército para que entregue el resto de la información que tiene sobre el caso y que ha mantenido oculta desde hace nueve años. Hoy se sabe, por ejemplo, que el Ejército recababa información mediante espionaje a los estudiantes de la normal desde antes de los hechos, que algunos elementos castrenses colaboraban con el crimen organizado, que elementos del 27 Batallón de Infantería siguieron de cerca los hechos del 26 de septiembre de 2014 y que realizaron después una investigación interna. Sin embargo, esa información ha sido negada y ocultada.
López Obrador recibió en 2018 el caso Ayotzinapa lleno de fracturas, con una verdad histórica ya profundamente desmontada gracias a la tenacidad de los padres, el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil que los han acompañado y las investigaciones de los expertos del GIEI. Como símbolo del compromiso de López Obrador para resolver el caso, en los inicios de su gobierno creó una Comisión de la Verdad (Covaj) que, aunque no era autónoma, procuraba la articulación y cooperación de las instituciones públicas para encontrar la verdad; creó también la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (Ueilca) para la persecución del delito y la procuración de justicia en el caso; por último, renovó un mandato del GIEI para continuar con la investigación independiente y rigurosa que exigían los padres de los desaparecidos.
Cinco años después tenemos una Covaj inconsistente y poco solvente en su actuar; una Ueilca desmantelada, como ha revelado su ex fiscal entrevistado por el periodista John Gibler, y un GIEI extinto, que abandonó el país por la ausencia de cooperación del gobierno federal y que además ha sido reiteradamente criticado y atacado por el propio jefe del Ejecutivo. Aun con las filtraciones de Guacamaya Leaks y los mensajes de texto interceptados por las autoridades de Estados Unidos –que no deben confundirse con los mensajes de WhatsApp inconsistentes presentados por la Covaj en 2022–, la prioridad de la actual administración se ha concentrado en garantizar la intocabilidad del Ejército.
La posición del actual gobierno federal y particularmente del Presidente tiende a disociarse y apartarse de la realidad. Fundamentalmente porque fue su gobierno el que vinculó la participación activa del Ejército en la desaparición de los estudiantes, pues hasta antes de 2019, se advirtió la participación permisiva y de entorno de macrocriminalidad por parte elementos del Ejército, pero no su participación activa en la desaparición. Basta mencionar el informe de la Covaj presentado el 18 de agosto de 2022, en que a través de un conjunto de pantallazos de celular –que luego se advertiría en el mejor de los casos que eran inverificables, por no decir falsos– se señala que un grupo de estudiantes habría ingresado a instalaciones militares con vida para luego ser ultimados. Lo mismo se puede mencionar sobre uno de los testigos con identidad protegida que hoy se sabe públicamente responde al nombre de Gildardo López Astudillo, alias El Gil, y que ha sido un cooperante continuo de esta administración, pues dicha persona habría puesto en su testimonio el mismo factor de participación activa del Ejército en la desaparición y posterior ejecución de los estudiantes.
Es decir, se trata de componentes que provienen de trabajo de la propia institucionalidad del Estado y que hoy se rehúyen bajo una lógica que parece protectora de las fuerzas armadas. A nueve años de los hechos, y a cinco de gobierno de la 4T, el compromiso del Presidente con las víctimas y su promesa de no impunidad se traiciona cada vez más.
Lo que queda, después de nueve años y de la sostenida movilización de las familias de los estudiantes y de las organizaciones que las han acompañado es una sensación de profunda irresolución. El gobierno reconoce que se trató de un crimen de Estado que involucra a algunos elementos del Ejército y acepta que ha fallado en encontrar el paradero de los estudiantes, pero cada vez con mayor vehemencia sigue rechazando cualquier señalamiento que lesione la legitimidad de las fuerzas armadas en su conjunto. Fue el Estado, pero no el Ejército, según la narrativa oficial, y apenas se señala al Ejército pone en operación estrategias de encubrimiento, obstaculización y deslegitimación de las instancias que lo investigan, tal como sucedió con la Ueilca y el GIEI, y tal como sucede con la Covaj.
Así, lo cierto es que el gobierno del no somos iguales, que se ha afanado en desmarcarse discursivamente de los gobiernos anteriores, ha fallado en la tutela de la verdad, en la procuración de la justicia y en la atención integral de una crisis de violencia que realmente garantice la no repetición. Ni qué decir de la militarización ante un caso como el de Ayotzinapa que encarna y revela en toda su crudeza la macrocriminalidad y la necropolítica operadas desde las altas esferas del Estado mexicano, incluidas sus instituciones castrenses. A un año de terminar el sexenio, parece ya muy improbable que se cumplan las promesas hechas en 2018, sobre todo porque parece haberse dado la espalda al compromiso con las víctimas. No obstante, la dignidad de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos, así como la de tantas familias en todo México que buscan a sus más de 110 mil desaparecidos, se sostienen como la más promisoria semilla de esperanza para una sociedad adolorida que no renuncia a su legítima demanda de verdad, justicia, reparación y no repetición.