Lo que dicen los columnistas

Juegos de poder

El Estado sigue desapareciendo y matando

Leo Zuckermann

Excelsior

De verdad que no entiendo. Nos quejamos mucho porque en México no se hace periodismo de investigación. Y resulta que, cuando se hace, no pasa nada. Increíble. ¿Cómo es posible que una investigación como Permiso para matar, publicada en medios, sobre ejecuciones extra judiciales de víctimas inocentes no se convierta en un escándalo nacional?

He aquí una inédita lista de mil 524 personas que fueron asesinadas o desparecidas de manera forzosa por parte de las fuerzas del Estado (policías, militares, marinos o guardias nacionales). El término “ejecuciones extra judiciales” no le hace justicia al fondo del problema. Estamos hablando de uno de los mayores abusos de poder existentes: que autoridades uniformadas maten o desparezcan sólo porque pueden y luego no les pase nada.

Gente inocente, que estaba en el lugar equivocado a la hora equivocada, y que perdieron la vida de manos de aquellos que supuestamente están para protegerlos. Y no podemos justificar esta barbaridad como “daños colaterales” de la estúpida guerra en contra del crimen organizado. Que no nos venga a decir el Presidente que ellos dan abrazos y no balazos. Tampoco se vale negar la existencia de masacres por parte del Estado. Ni que victimicen a las víctimas con aquello de que “en algo andaban”.

Aplaudo la investigación seria y profesional que puede verse aquí: https://permisoparamatar.datacivica.org. Participaron varios periodistas, activistas de derechos humanos y periódicos locales. Mis respetos. Han producido un documento invaluable: la fotografía de un Estado que mata y desaparece con toda impunidad.

Así lo resume Jacobo Dayán en uno de los capítulos:

“La estrategia de seguridad implementada por Felipe Calderón, continuada por Enrique Peña Nieto y profundizada por Andrés Manuel López Obrador, en la que se involucró a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad en ‘combate’ contra grupos del narcotráfico, generó justificación suficiente para que distintas autoridades utilizaran cualquier medio para presentar supuestos resultados. A partir de entonces, se han perpetrado miles y miles de crímenes por distintos cuerpos de seguridad en todo el territorio nacional en el que personas sin vínculo criminal alguno han sido asesinadas o desaparecidas mientras los reportes oficiales intentan mostrar una realidad distinta en la que se busca justificar los hechos bajo un marco de legalidad, enmarcada en la estrategia de seguridad […] No estamos ante miles y miles de casos aislados, sino ante crímenes generalizados y sistemáticos como parte de una estrategia de seguridad perpetrados contra población civil con conocimiento de las más altas autoridades”.

Crímenes de lesa humanidad, les llaman los autores de la investigación. En los últimos 16 años se ha cometido uno cada seis días. No son errores ni casos atípicos. Es un modus operandi de las fuerzas del Estado.

En lugar de estar hablando de mil y un nimiedades de la vida pública, deberíamos estar armando un escándalo monumental por la existencia de un Estado criminal que mata y desaparece inocentes de manera sistemática.

“Fue el Estado”, reclamaron los actuales gobernantes de México cuando en 2014 la policía de Iguala desapareció a 43 estudiantes de Ayotzinapa. Les tengo noticias: sigue siendo el Estado.

Como el caso de Alfredo Barrios Blanco que se dedicaba a la pizca del limón en Michoacán:

“De uno de estos plantíos se lo llevaron por la fuerza los soldados de la Guardia Nacional un día de enero de 2020 […] Desde ese día, Alfredo está desaparecido y sólo Eufrosina, su mamá, lo busca. En ausencia de la autoridad, fue ella quien recorrió el pueblo de donde se llevaron a su hijo, La Peña, y en soledad fue ella quien localizó dos grupos de testigos: primero, a jornaleros que presenciaron cómo Alfredo fue privado de la libertad por los soldados; luego, habló con quienes vieron el momento en que los soldados entregaron a su hijo, en otro punto del poblado, a integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación, el grupo criminal que controla la zona, quienes se lo llevaron con rumbo desconocido, en la batea de una camioneta pick up”.

La Guardia Nacional es responsable que Alfredo siga desaparecido. “Odio al gobierno”, dice su madre con toda razón.

Basta ya de un Estado que comete sistemáticamente crímenes de lesa humanidad. Si ayer fue Alfredo, mañana puede ser usted. ¿Cómo evitarlo?

Recomiendo comenzar leyendo el reportaje Permiso para matar y así entender la magnitud de este terrible problema que tenemos en México.

De naturaleza política

Define AN cartel de candidatos

Enrique Aranda

Excelsior

Explican millones de Segalmex, indefinición de Dante

De confirmarse versiones aún extraoficiales, según las cuales la dirigencia conjunta del Frente Amplio por México, cuyos trabajos coordina ahora la no panista Xóchitl Gálvez Ruiz, habrían acordado ya cuál de los partidos signantes “llevará mano” en la elección de candidatos a la gubernatura en las nueve entidades que estarán en juego en junio de 2024, Acción Nacional (PAN) podría convertirse, desde ya, en la primera de las fuerzas políticas nacionales en exhibir y colocar sus “cartas, todas, sobre la mesa”…

Y esto porque si bien como hemos afirmado aquí, tanto los tricolores del Revolucionario Institucional (PRI) como los amarillos de la Revolución Democrática (PRD) insisten en una distribución “igualitaria o casi… “de las posiciones que estarán en juego en los estratégicos comicios por venir, lo cierto es que, al interior de la coalición, la presencia electoral de los blanquiazules es más que dominante. A nivel nacional sí, pero más en estados como Guanajuato, Yucatán, Puebla o la Ciudad de México, donde, conforme a versiones, los abanderados serán nominados desde la cúpula panista.

Tan claro es lo expuesto que, insistamos, si toca corresponde a las huestes lideradas por Marko Cortés decidir las nominaciones referidas, las mismas recaerán en tres hombres y una mujer, a la cuestionada Libia Dennise García Muñoz Ledo, secretaria de Desarrollo Social y Humano del gobierno guanajuatense que avanza hacia la candidatura cómodamente montada a lomo del impresentable gobernador Diego Sinhue, igual que el alcalde de capital yucateca Mérida, Renán Barrera ya ungido, el edil poblano Eduardo Rivera Pérez y, aunque no de manera tan sencilla como los citados, el titular de la alcaldía capitalina Benito Juárez, Santiago Taboada a quien, curiosamente, se le están multiplicando las aspirantes mujeres…

Confirmadas tales nominaciones por parte de los órganos partidistas, los azules deberán abocarse a buscar y definir a los mejores “promotores” del voto a favor del Frente Amplio en la puja por las gubernaturas de Veracruz, Morelos, Chiapas y Tabasco que, presumiblemente encabezarán priistas y perredistas y ya no de su propia causa, en razón de que se entiende, algo muy similar confían que suceda con aquellos y, claro, dejarán al final la definición conjunta sobre qué hacer en Jalisco del emecista Enrique Alfaro con quien siguen negociando aspectos de una eventual alianza.

Veremos…

ASTERISCOS

* ¡Vaya favor! el que busca hacer a López Obrador la horda de focas aplaudidoras en el Senado, lideradas por el impresentable Alejandro Rojas Díaz Durán al proponer que todo Presidente saliente, él antes que nadie, pase de manera automática a formar parte del mismo sin cobrar, es cierto, aunque, ojo, ¡sí con goce de fuero! ¿Pues de qué tamaño es su miedo a la sombra?

* Será el lunes 25, apenas concluya una primera evaluación de los seis aspirantes hombres y mujeres, 12 en total que aspiran a alguna de las dos magistraturas que quedarán vacantes al cierre del año en el Tribunal Electoral Federal (TEPJF), la Suprema Corte enviará al Senado las ternas de las cuales deberá elegirse a los mismos.

Astillero

Otra vez, Morena madruga // Adelanta procesos estatales // Ciudad de México, riesgos // Encuestas (siempre) manejables

Julio Hernández López

La Jornada

De nueva cuenta, como sucedió con el proceso corcholatero que desembocó en la virtual candidatura presidencial de Claudia Sheinbaum, el partido Morena ha adelantado tiempos y madruga a sus opositores en cuanto a las gubernaturas de ocho estados y la Ciudad de México.

De las nueve plazas en contienda, Morena y sus aliados gobiernan actualmente seis: Chiapas, donde puntean el verdevelasquista Eduardo Ramírez y la sobrina Manuela Obrador; Tabasco, con el grupo adanista y el contrario a éste; Veracruz, donde parece llevar delantera la todavía secretaria federal Rocío Nahle; Morelos, con el Cuau empujando para imponer heredero; Puebla, centrado en los primos Mier y Armenta; y la Ciudad de México, donde Mario Delgado podría entrar para cerrar el paso al claudista García Harfuch.

Es marcadamente negativo el saldo de los gobernantes morenistas o seudomorenistas en cinco estados: Rutilio Escandón (cuñado de Adán Augusto), Carlos Merino (sustituto de Adán Augusto, plenamente subordinado a éste), Cuitláhuac García (sostenido contra viento y marea por círculos de Palacio Nacional), Cuauhtémoc Blanco (ahora encaminado a conseguir cargo en la Ciudad de México) y Sergio Salomón Céspedes (sustituto del igualmente pésimo Miguel Barbosa). Pero aún así, sobre todo viendo la lánguida cartelera opositora, el partido guinda podría mantenerse en el poder en cuando menos tres de estas entidades, con todo el peso de los aparatos de gobierno.

La Ciudad de México es caso aparte. Una gran ironía es que la virtual candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, haya sido la responsable política en 2021 de la peor derrota de la izquierda electoral desde 1997 en su plaza por excelencia, la capital del país, donde perdió nueve de 16 alcaldías.

Angustiado por el riesgo de una nueva caída electoral en Chilangolandia, el partido-gobierno baraja cartas que en su mayoría confirman la desesperación: un policía, García Harfuch, proveniente de la escuela de García Luna e insalvablemente relacionado con el tema de los 43, como comisario de la Policía Federal en Guerrero; un aventurero camaleónico, Mario Delgado, antes financieramente ebrardista y ahora apasionadamente converso al obradorismo; el citado Cuau Blanco, que tira arriba para negociar abajo, dándose por bien servido con que le tengan bajo prisión al ex fiscal morelense que le preparaba acusaciones. Y, aparte, Clara Brugada, de clientelismo eficaz en Iztapalapa, tal vez la mejor carta posible de esa baraja, pero aún con obstáculos internos.

En cuanto a los estados de 2024 donde Morena no gobierna, el guinda tratará de desplazar al panismo en Yucatán (donde el presidente López Obrador ha tejido buen entendimiento con el gobernador Mauricio Vila, ¿futuro diplomático?) y en Guanajuato (donde el partido blanquiazul lleva tres décadas en el poder, desde que Carlos Salinas negoció con el PAN la cesión de gubernaturas), mientras en Jalisco se intentará hacer a un lado a Movimiento Ciudadano, que vive una división interna, con el decreciente gobernador Enrique Alfaro en pelea con el gerente nacional naranja, Dante Delgado.

En lo inmediato, es grande el revuelo entre los aspirantes a las mencionadas candidaturas a gobiernos estatales. Morena lanzó este lunes la convocatoria respectiva aunque, ha de decirlo este díscolo tecleador, en el fondo los resultados quedan al muy fácil manejo discrecional del mando nacional (que en realidad no lo ejerce Delgado), mediante el ya muy exhibido método de las encuestas.

Esta vez, los consejos estatales podrán proponer hasta cuatro aspirantes a ser encuestados, pero la comisión nacional tendrá facultad de encartar otros dos. Y el cubo electoral de Rubik se armará en términos de igualdad de género, que permitirá acomodar triunfalmente a hombres y mujeres con preferencia central y desplazar a los (las) indeseados(as). ¡Lástima, Margarita o Margarito!

México SA

¿Impartición de justicia? // Lozoya, Collado, Carmona // Notimex: Urrea y la olla de oro

Carlos Fernández-Vega

La Jornada

Pues nada, que la mata es tan fecunda que no transcurre día sin que produzca, porque cotidianamente se presentan detallados informes sobre el nefasto comportamiento de no pocos elementos del aparato de impartición de justicia en el país, los cuales cubren, protegen, amparan y/o liberan a integrantes del crimen organizado, con los de cuello blanco al principio de la lista.

Como muestra, un botón: en la mañanera de ayer, el subsecretario de Seguridad Pública, Luis Rodríguez Bucio, denunció, en su informe sobre cero impunidad, a jueces que favorecen a presuntos delincuentes, y en este sentido subrayó que el ex director de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, el abogado salinista Juan Collado, y el ex fiscal de Morelos, Uriel Carmona, todos acusados e investigados por delitos graves, han sido beneficiados por resoluciones de jueces y magistrados para evitar el acceso a la justicia ( La Jornada, Emir Olivares y Alonso Urrutia).

El funcionario detalló que el juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, Gustavo Aquiles Villaseñor, decidió cesar la medida de prisión preventiva justificada a Juan Collado, abogado del ex presidente Carlos Salinas de Gortari, en su proceso por el delito de defraudación fiscal. Esto, aun cuando el propio juzgador reconoció el riesgo de que el imputado pudiera evadirse de la justicia.

En el caso de Emilio Lozoya Austin, el subsecretario explicó que el juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, Gerardo Genaro Alarcón López, ordenó la suspensión del procedimiento en contra del ex titular de Pemex por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, incluido en el acuerdo de reparación del daño causado a Pemex por parte de Alonso Ancira. El imputado ni siquiera ha cumplido con la totalidad del pago reparatorio a la paraestatal; de esa manera obtiene ventaja indebida en su proceso.

Por lo que toca a Uriel Carmona, señaló que el ex fiscal de Morelos, “ha sido favorecido en tres ocasiones al decretarle la libertad por acusaciones de varios delitos. Se le ha acusado de retraso de la justicia, donde los magistrados del Décimo Tribunal Colegiado, ordenaron su inmediata libertad argumentando que no se respetó su fuero; se le acusó de encubrimiento por favorecimiento, y magistrados del primer tribunal colegiado en materia penal de la Ciudad de México ordenaron la suspensión provisional de la detención preventiva, y en un tercer delito –feminicidio en calidad de auxiliador– el séptimo tribunal colegiado en materia penal del primer circuito suspendió la prisión preventiva y ordenó su inmediata libertad . Sin embargo, sigue detenido por un cuarto proceso por el delito de tortura”.

Rodríguez Bucio también denunció al juez séptimo de distrito de amparo en materia penal en la Ciudad de México, Julio Veredín, quien concedió la suspensión provisional a Vicente Carrillo Fuentes, El Viceroy, ex líder del Cártel de Juárez –acusado de 46 cargos por narcotráfico y lavado de dinero–, para que no se ejecute materialmente la orden de extradición.

Algunos más: el juez segundo de distrito en el estado de Tlaxcala, Anastacio Romo, junto con los magistrados del tribunal de apelación del 28 circuito, Jesús Díaz Guerrero, Marcela García y Jorge Martínez, protegieron a cuatro presuntos secuestradores, y así por el estilo.

Muestras, pues, de cómo se imparte justicia en el país.

Las rebanadas del pastel

No queda duda: con la huelga de Notimex, Adriana Urrea y su círculo encontraron la olla de oro al final del arcoíris, pues obtendrán 224 millones de pesos por liquidaciones, de los que la dirigente sindical se quedará con cerca de 3 millones; el resto del personal enlistado por la Secretaría del Trabajo con el mismo fin (originalmente 34, número que sin más creció a 85, incluidos algunos que ya habían recibido indemnización) también obtendrá una gruesa rebanada. Por instrucciones de Bucareli, el asunto ya se cocinó y sin tomar en cuenta a la directiva de la institución. Aún no se publica el decreto de extinción, pero ya se frotan las manos, porque la instrucción es saldar todo a más tardar el próximo 30 de septiembre. Ese total incluye una canasta (así aparece el concepto) por más de 12 millones de pesos y 225 mil adicionales por aniversario. En el balance, la menor liquidación será por un millón 109 mil 704.61 pesos y la mayor por 5 millones 211 mil 174.27.

La SCJN, ¿al servicio de quién?

Alonso Romero

La Jornada

El 27 de septiembre, el ministro Javier Laynez Potisek presentará ante la segunda sala un proyecto contra las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica (RLIE) de febrero de 2021. En ese proyecto, pretende dar la razón a varias empresas y ampararlas para que dicha ley no se aplique. Laynez argumenta que su sentencia protege el derecho a un ambiente sano, el derecho a la libre competencia, así como la transición energética y el principio de irretroactividad de la ley y derechos adquiridos en el sector eléctrico. Se centra en tres instrumentos que se modificaron con la RLIE, los cuales son, certificados de energía limpia (CEL), orden de despacho por costos unitarios, y contratos de cobertura con compromiso de entrega física (CEF). Su argumentación es errónea, ya sea por desconocimiento del sector energético o por alguna otra razón, su sentencia tendrá todos los efectos contrarios de lo que dice que busca proteger.

Comencemos con los famosos derechos adquiridos de los permisionarios en el sector eléctrico. Al argumentar que la RLIE modifica la esfera jurídica y los derechos adquiridos, el ministro está pasando por alto un precedente de la primera sala de la SCJN, la tesis de jurisprudencia 83/2022 aprobada el 8 de junio de 2022, en la cual se estableció que los permisionarios (de energía eléctrica) no cuentan con derechos adquiridos. Los permisos se condicionan al cumplimiento de las normas aplicables en la materia, las cuales están sujetas a reformas y modificaciones, según requiera el interés público. La emisión de modificaciones legales a la norma no implica afectación a derechos adquiridos. Resulta interesante que se haya omitido, por completo, del análisis dicha tesis de jurisprudencia.

Después, el proyecto argumenta que los CEL no deben modificarse, puesto que incentivan la transición energética y el cuidado al ambiente. Esto es totalmente falso, la revista Nature (https://bit.ly/3Xjw1oC) publicó un estudio el cual concluye que usar estos certificados no incentiva de ninguna manera la generación de energía limpia, es más, genera efectos contrarios y pone en peligro la integridad de las metas de reducción de emisiones de CO2 de quien los utiliza.

En cuanto al orden del despacho, tenemos que recordar que actualmente se despacha usando los costos marginales (CM), es decir, se permite la entrada de la electricidad al sistema, de acuerdo con el CM de la tecnología de la planta que la produzca, ordenando de menor a mayor y pagando a todos el CM más alto requerido para cubrir la demanda. Los costos marginales son mayoritariamente los costos de combustibles. Los CM no son todos los costos, faltan los costos fijos (CF). El ministro argumenta que al ordenar de menor a mayor CM se protege la libre competencia y que usar CM protege el ambiente, puesto que permite que las intermitentes, que no usan combustibles (solar y eólica) accedan primero a la red.

Esto es totalmente falso, y así lo ha demostrado la Agencia Internacional de Energía Renovable (Irena). En un estudio (https://bit.ly/3VftmKL) publicado en Agosto de 2022, la Irena reconoce que usar CM promueve la generación a través de energía fósil, limita el acceso de nuevas fuentes limpias, alenta la transición energética y puede generar inestabilidad social. Argumenta que lo mejor son contratos de largo plazo, con base en costos unitarios, tal como la RLIE propone. También, un comisionado de la Comisión Reguladora de Energía de EU (FERC), Mark Christie, quien (https://bit.ly/3sYxWo0) llama a repensar estos mecanismos (CM). Argumenta correctamente, que el sector energético tiene una alta barrera de entrada en los costos de capital iniciales, los cuales al usar CM no pueden ser recuperados en su totalidad y sólo aquellos que tengan subsidios o el tamaño suficiente pueden volverse rentables. Esto (usar CM), en opinión del comisionado, promueve el rentismo y afecta la competencia.

Por último, los CEF pretenden que cada generador entregue la cantidad de energía en el tiempo y el lugar que el suministrador de servicios básicos lo requiera, como sucede en cualquier industria. Todo proveedor se sujeta a un programa y debe cumplirlo. Imagine que usted tuviera un negocio, y sus proveedores le dijeran le voy a traer 100 unidades en la semana, no sé a que hora ni cuántas cada día, pero usted me las tiene que recibir, si necesita más de las que traigo, cómprele a otro, si necesita menos rente una bodega y las guarda, el problema es suyo. Así funciona hoy el sistema y CFE está obligado a recibir electricidad de esa manera. Usar CEF, disminuye costos, mejora la competencia, reduce emisiones de CO2, y promueve la construcción de nueva capacidad de generación, esto de acuerdo con un estudio (https://bit.ly/44OtYvi) de Google y la Universidad de Berlín.

Si la sentencia del ministro no protege el ambiente, ni la competencia, ni la transición energética, entonces ¿qué protege?