Lo que dicen los columnistas

Arsenal

¿De dónde saldrá ese(a) mesías de la oposición?

Francisco Garfias / Excelsior

El gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, es otra de las cartas fuertes de Acción Nacional. Es joven, no es doctrinario y ha hecho una buena gestión en su estado.

Apenas el lunes 26 de junio conoceremos el método de elección del candidato presidencial de la alianza Va por México. Van con retraso en los tiempos y en las encuestas.

Es un axioma recordar que ninguno de sus aspirantes sobresale, para tranquilidad de las corcholatas, que andan abiertamente en precampaña, sin importarles lo que diga la ley.

Nos queda claro que no le temen ni al domesticado INE, ni al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

* Dice Alito Moreno que quien abandere la coalición PAN-PRI-PRD deberá ser de perfil sólido, hombre o mujer, con capacidad y competitividad.

“Deberá caracterizarse por su conocimiento, liderazgo y trayectoria, pero también que sepa lo que es ganar en territorio”, puntualizó el dirigente, en la sesión de la Comisión Política Permanente del Consejo Nacional del PRI:

¿De dónde lo van a sacar a ese(a) mesías de la oposición? Quién sabe.

* Por ser el principal partido de oposición; por los acuerdos que culminaron con la postulación en 2023 de dos priistas en las elecciones de gobernador en Coahuila y el Estado de México.

Pero también porque el tricolor estuvo de acuerdo que el azul “sigle” –lo que eso quiera decir– la elección del candidato presidencial para el 2024, nos atrevemos a señalar que los aspirantes del PAN llevan ventaja sobre sus aliados del PRI y el PRD.

La lista del partido que fundó Manuel Gómez Morin la encabezan Santiago Creel, Lilly Téllez y Mauricio Vila. No contamos a la senadora Xóchitl Gálvez, porque no milita en Acción Nacional. Tampoco a Ricardo Anaya, quien está refugiado en Estados Unidos.

Creel es el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. Es un secreto a voces que es el candidato de Marko Cortés. Las encuestas lo ubican como el más competitivo de los azules, junto con Lilly Téllez, quien les creció más de lo que esperaban.

El gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, es otra de las cartas fuertes de Acción Nacional. Es joven, no es doctrinario, ha hecho una buena gestión en su estado.

Es menos conocido que Santiago y Lilly, y pone condiciones para registrarse: que lo dejen seguir como gobernador hasta que arranque el proceso electoral, la tercera semana de noviembre.

Está en espera de conocer el método. Ya aclaró que si es requisito renunciar de inmediato al cargo, como lo hicieron las corcholatas en Morena, no se registra.

* Este sábado hay sesión del Consejo Nacional del PAN. Se debatirán –y, seguramente, se aprobarán– mecanismos para la elección de candidatos.

Será una sesión puerta cerrada. No quieren prensa. Avisaron que no habrá acceso a la sede del partido. Al término de la reunión se enviará información sobre los acuerdos que se tomen.

La convocatoria al Consejo, en su punto siete, dice que los consejeros nacionales del PAN propondrán y, en su caso, aprobarán que el CEN y la Comisión Permanente Nacional “exploren”, de manera conjunta con la sociedad y otras fuerzas políticas diferentes a Morena, la implementación de mecanismos consultivos conjuntos.

* El ataque a balazos en contra del líder del Partido Verde en Morelos, Javier Estrada González, frente a las instalaciones del SAT en Cuernavaca, es un recordatorio de la violencia política que padecemos. Su estado es reportado como “delicado”.

El atentado al también exdiputado federal revive los fantasmas del proceso electoral que vivimos en 2020-2021.

El Séptimo Informe de Violencia Política en México de Etelleckt Consultores cifra en 1,096 las agresiones en contra de políticos en ese lapso. De ese total, 106 fueron asesinados, 36 de los cuales eran aspirantes a cargos de elección popular.

Por si fuera poco, Morelos se encuentra asediado por 14 grupos delictivos que operan en la región, según la Comisión Estatal de Seguridad.

Muchos de ellos pretenden incidir en el proceso electoral de 2024, financiando las campañas de quienes serán candidatos a cargos de elección popular, advierte.

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Zurda

Plan B aniquilado

Ruth Zavaleta Salgado / Excelsior

Con nueve votos a favor del proyecto del ministro Javier Laynez y dos en contra, las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia (SCJN) aniquilaron la segunda parte de reformas que conformaban el plan B electoral. Los promoventes de la acción de inconstitucionalidad 71/2023 y sus acumuladas 75/2023, 89/2023, 90/2023, 91/2023, 92/2023 y 93/2023, fueron el PRD, PAN, PRI y MC, diversos legisladores, tanto de la Cámara de Diputados como del Senado, y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai). Violaciones constitucionales, tanto en el procedimiento legislativo del decreto impugnado como en el contenido material de sus disposiciones, fueron los argumentos centrales de los promoventes.

Con la histórica votación de este 22 de junio, la SCJN confirmó su independencia como Poder Judicial y su papel de equilibrio y contrapeso ante los otros Poderes públicos, con ello se protegió y garantizó la autonomía del INE y se fortaleció la democracia mexicana. Pero, también, incrementó las probabilidades de que el Presidente de Andrés Manuel López Obrador y algunos gobernadores, como el de Veracruz, sigan presionando y persiguiendo a los miembros del Poder Judicial. Incluso, el Presidente, no sólo ha planteado un plan C para insistir en someter al INE (presentar una nueva reforma constitucional después de la elección de legisladores en 2024), sino además, desde el seno del Poder legislativo, ha emprendido una estrategia para legitimar su propuesta de cambiar la forma en que se eligen a los integrantes del Poder Judicial.

En ese contexto, mientras las y los ministros de la SCJN estaban resolviendo los recursos de inconstitucionalidad, en la Cámara de Diputados se estaban realizando los “conversatorios”, organizados por Morena y sus aliados sobre la participación ciudadana en la designación de cargos en la SCJN. Su intención es construir una narrativa que haga creer a los ciudadanos que la propuesta de elegir mediante el voto popular a las y los ministros surgió de la opinión de diversos actores expertos del tema y del voto ciudadano en la consulta popular que quieren realizar, y no desde la visión autoritaria del presidente López Obrador.

No es la primera vez que la mayoría morenista utiliza el modelo de parlamento abierto para simular que están dispuestos a debatir sus reformas legislativas, ya lo hicieron en otros momentos en diversos temas y, finalmente, no le mueven ni una coma a los proyectos; sin embargo, hay que señalar que ésta es la primera vez que, además del parlamento abierto, planean impulsar una consulta popular para justificar la pretensión de aniquilamiento de la independencia de los miembros del Poder Judicial.

Ante la farsa, vale la pena, en primer lugar, rescatar algunas opiniones que se han vertido en esas mesas convocadas por los morenistas, por ejemplo, en la primera que se realizó a finales de mayo, el doctor Diego Valadés, exdirector del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, consideró que, poner a consulta la elección de ministros contraviene lo establecido en el artículo 35 constitucional, ya que no está permitido poner a consulta los derechos humanos ni las garantías para su protección, y la independencia de los ministros es una garantía básica para la resolución de problemas sociales. Para el ponente, elegir directamente a los integrantes de la Corte no implicaría  perfección, en cambio, les hizo ver a los legisladores la precariedad con la que funciona el sistema de justicia: “En México tenemos cinco jueces por cada 100 mil habitantes; en Costa Rica, 25, y en Alemania 26”.

En segundo lugar, es indispensable llamar la atención de los partidos aliancistas para que dimensionen el impacto en nuestra democracia el hecho de mantenerse unidos para frenar la pretensión presidencial de lograr una mayoría calificada en el Congreso en la elección de 2024, que le permitiría al titular del Poder Ejecutivo, ahora sí, no sólo someter al INE y a la SCJN, sino también establecer un modelo autocrático de go

bierno.

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México SA

Triunfo minero en la JFCA // Germán Larrea, desesperado // Falta de resultados=misoginia

Carlos Fernández-Vega / La Jornada

En política las casualidades no existen y menos en un lapso tan breve como tres días. Por ello, es una buena señal que tras los recientes cambios en la Secretaría del Trabajo, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) –una de las instancias legales que mayores trabas puso a este caso, siempre para favorecer a la empresa involucrada– finalmente resolvió que el Sindicato Minero, que encabeza el senador Napoleón Gómez Urrutia, es el titular del contrato colectivo de los trabajadores de la mina San Martín, en Sombrerete, Zacatecas, en huelga desde el 30 de julio de 2007. Es de esperar que esta decisión se haga extensiva a los conflictos obrero-patronales que, desde la misma fecha y sin solución hasta ahora, se registran en Cananea y Taxco, todas concesionadas a Grupo México, del tóxico Germán Larrea.

A lo largo de poco más de tres lustros, el gobierno federal en turno, particularmente la Secretaría del Trabajo y su apéndice la JFCA, permanentemente bloqueó la solución de los conflictos, siempre con el fin de beneficiar a Grupo México, al cual le permitieron todo tipo de agresiones y actos ilegales en contra de los huelguistas, quienes a su vez estallaron las huelgas por “las ‘constantes violaciones a los contratos colectivos y la falta de seguridad e higiene en sus minas y plantas’”.

En lugar de resolver las exigencias del Sindicato Minero, en violación de la Ley Federal del Trabajo, el corporativo intentó desplazar al sindicato titular del contrato colectivo y recurrió a personal foráneo –la mayoría no especializado, por el que pagaba menos– y al armado de sindicatos blancos para evadir su responsabilidad.

Transcurrido el tiempo, Grupo México ilegalmente reinició actividades en la mina San Martín y cínicamente aseguró que fueron los trabajadores quienes decidieron renunciar a la representación del sindicato liderado por Gómez Urrutia, y reincorporarse de manera inmediata a sus puestos.

En todas estas maniobras ilegales, Grupo México y su barón feudal contaron con la complicidad de los gobiernos calderonista (que reprimió y desalojó a los huelguistas en Cananea) y peñanietista, mientras en el de López Obrador, con Luisa María Alcalde en la Secretaría del Trabajo, a la solución del conflicto se le dieron largas y más largas. Por ello, llama la atención que tan sólo cuatro días después del cambio de titular en esa dependencia, mágicamente se destrabó y, tras casi 16 años, la JFCA dio la razón al Sindicato Minero.

Lo anterior sin olvidar que esa misma institución fue la primera –atendiendo la exigencia de Grupo México– en declarar inexistente la huelga en las tres unidades mineras. Sin embargo, en diciembre de 2007 el Primer Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Primer Circuito amparó al Sindicato Minero, dejó sin efecto esa resolución y ordenó a la JFCA emitir una nueva. Y así se fueron a lo largo de poco más de tres lustros, con todo y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó la legalidad de los paros.

De hecho, el secretario calderonista del Trabajo, el impresentable Javier Lozano, presumía que, en caso de confirmarse la legal existencia de la huelga, habrá suspendido labores únicamente 33 por ciento de los trabajadores mineros sindicalizados que laboran para el Grupo México y dijo estar en la mejor disposición de contribuir a superar las dificultades existentes, con objetividad e imparcialidad. Y el entonces secretario de Gobernación (Fernando Gómez Mont, al mismo tiempo abogado corporativo de Germán Larrea) sólo sonreía. Más cínicos no pudieron ser.

Tras la resolución de la JFCA, el coordinador jurídico del Sindicato Minero, Nahir Velasco, señaló que ella es un duro golpe contra Germán Larrea, quien miente al decir que con los trabajadores (del sindicato blanco por él organizado) ilegalmente contratados no ha intentado romper las huelgas, y mediante porros y golpeadores armados pretende posesionarse de la mina.

Buena señal, y a sólo tres días de distancia (sin olvidar la solicitud estadunidense al gobierno mexicano para investigar violaciones a los derechos de los mineros). Quedan muchos pendientes, pero hay voluntad para su solución.

En vía de mientras, el cada día más nervioso Germán Larrea desesperadamente busca al embajador estadunidense, Ken Salazar.

Las rebanadas del pastel

Del nuevo diccionario de sinónimos, versión Luisa María Alcalde: denuncia por falta de resultados y ostentoso conflicto de intereses en su ejercicio como secretaria del Trabajo es igual a misoginia y machismo. ¡Olé!