Lo que dicen los columnistas

Casos de vergüenzas nacionales

Julio Faesler

Excelsior

Al ministro Juan Luis González Alcántara.

La madurez social tiene como uno de sus elementos centrales la madurez judicial. La decisión de la SCJN la semana pasada fue de máxima importancia. Las Fuerzas Armadas son para defender a la nación contra el enemigo exterior. No deben lanzarse contra nuestra  propia población. El presidente López Obrador se sumió en este error e intentó constitucionalizarlo. La Providencia y la suerte lo bloqueó y, al desecharse la iniciativa presidencial, se fortaleció la vigencia de los principios del derecho.

Así, caso por caso. No debe desperdiciarse ninguna oportunidad de hacer valer la justicia. Cada vez que se tolera la violación a una norma ésta se debilita y se afecta la solidez del edificio social. Cada caso es importante.

El caso de Yasmín Esquivel viene a cuento. La tardanza en eliminar su presencia como ministra en las sesiones de la SCJN atenta contra su acreditada seriedad y autoridad, que es uno de los pocos aceptados puntos de referencia para todas las actividades del país.

La solución del desaguisado del caso Yasmín es de elemental sencillez pero, por razones que no son de alta filosofía, está más enrevesado que nunca. De nada sirve que la UNAM haya llenado un vacío en sus reglamentos rescatando su capacidad para nulificar títulos expedidos a fin de no repetir hechos análogos. El nuevo reglamento interno no es retroactivo. Parecería que la ministra Yasmín podía sentirse cómoda en su mal habido cargo.

Pero el asunto está lejos de terminar. La nulidad del título que ostenta la esposa del contratista Riobóo la tiene que determinar la UNAM, con base en el dictamen que con precisión y oportunidad dio el 11 de enero a conocer su Facultad de Estudios Superiores Aragón.

La nulidad relativa o absoluta de un acto jurídico existe latente, independientemente de que se aplique. La no retroactividad de la nueva norma no afecta que la nulidad que hiere la tesis plagiada de la sustentante Esquivel que conoció el jurado convocado bajo engaño contagia al título expedido y, por supuesto, a la cédula profesional luego expedida por la autoridad registradora. Está pendiente, empero, el resultado de las investigaciones que realiza el comité de ética de la UNAM encargado por el rector Graue para evaluar en definitiva la situación. Ayer la ministra Esquivel promovió por segunda vez, tras de una anterior, la suspensión de la difusión de informes sobre el avance de la investigación de dicho comité.

Estamos, pues, en espera de cualquiera otra novedad sobre las implicaciones del plagio que se complica. Por ahora están en puerta tres vergüenzas, la de la engañada Facultad de Derecho de la UNAM, la del también engañado Senado de la República que el 12 de marzo eligió a la ministra Esquivel al supremo cargo judicial y, por último, la también engañada SCJN, que tiene la pesada tranca de tener a una tan cuestionada colega en su redil.

Pero no ganamos para vergüenzas. Esta vez la que el Presidente de la República debería sentir por su terca negativa a designar los tres comisionados que aún faltan en el Instituto Nacional de Transparencia (Inai). El tema llegó ya a la ONU. La Oficina en México del Alto Comisionado para los Derechos Humanos envió una carta al Senado para pedir, respetuosamente, que se culmine el proceso de designación de los tres. “La ONU-DH destaca el rol que desempeña este órgano autónomo en la protección y garantía de dos derechos humanos, que son fundamentales para la construcción de sociedades democráticas, abiertas y transparentes: el acceso a la información y la protección de datos personales”, señala la misiva.

Así, sucesivamente, van exhibiéndose las torpezas que por obstinado propósito de transformar a la sociedad a un inoperable mecanismo de obediencia a su persona ha llevado al país a desperdicios de ya incalculable importe social y económico.

Ya no es tiempo de repetir críticas sin acompañarlas de propuestas de solución al desastre que AMLO se empeña en heredar al siguiente presidente de la República y las dos cámaras legislativas.

Es el momento de preparar los antídotos y las alternativas genuinamente sociales y de recio fundamento. Ya proliferan foros y círculos de estudio. Es el momento de saber de qué manera se deshará México del caos con que termina la 4T.

La niñez en tiempos de la 4T

Carolina Gómez Vinales

Excelsior

A casi cinco años de la llegada al poder del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y a unos días de que se celebre el Día de la Niña y el Niño, me gustaría hacer un recuento de cómo se traducen las políticas públicas de este sexenio para este grupo de población que son los menores de 12 años.

Al menos en el discurso y en sus programas, el gobierno federal trata a las niñas y los niños como sujetos de derecho, como una población vulnerable y en situación de desventaja, por lo que deben ser una prioridad. Pero justo eso: se queda en palabras que se ha llevado el viento. Como madre y salubrista, creo que las heridas que más han causado son las que tienen que ver con la salud, la alimentación y la educación.

De las más significativas para los hijos de madres trabajadoras fueron las estancias infantiles. Hasta 85% de las Estancias Infantiles para Ayudar a Madres Trabajadoras cerraron sus puertas, luego de que en 2019 el gobierno federal retiró los apoyos a estas instituciones para entregarlos directamente a los padres de familia. Cuando se canceló este programa, muchos gobiernos estatales y municipales se comprometieron a seguir financiando este servicio, sin embargo, el apoyo fue mínimo o nulo, una promesa que se repitió tras la desaparición de las Escuelas de Tiempo Completo. En 2020, con la declaratoria de emergencia sanitaria por la pandemia de covid-19, los comités de salud de los estados ordenaron el cierre de escuelas, guarderías y estancias infantiles, y con ello se suspendió la entrega de apoyos, lo que supuso el fin definitivo de las estancias infantiles.

La vacunación es una de las intervenciones de salud pública más exitosas que se realizan con mayor costo-efectividad. En el caso de México, los resultados obtenidos en el campo de las inmunizaciones eran francamente espectaculares. En 1991 se creó el Consejo Nacional de Vacunación (Conava), como instancia de coordinación y consulta, cuyo objetivo principal fue promover, apoyar y coordinar las acciones de las instituciones de salud de los sectores público, social y privado, con el fin de controlar y eliminar las enfermedades transmisibles mediante la vacunación universal, dirigido a la protección de la salud de la niñez.

En 1992, el doctor Jesús Kumate Rodríguez, entonces secretario de Salud federal, impulsó la creación del Programa Vacunación Universal, con el cual se logró erradicar del país la viruela y eliminar la mortalidad por sarampión, polio y paludismo en México. Este programa había estado vigente hasta 2018 y protegía a millones de infantes menores de cinco años en contra de 14 enfermedades. El lema inicial fue “Todos los niños, Todas las vacunas”. De acuerdo con la ENSANUT 2021, sólo uno de cada tres niños tenía su esquema básico de vacunas. Es una situación muy vulnerable, porque estos niños están expuestos al riesgo de contraer enfermedades altamente contagiosas y graves como sarampión, poliomielitis y tosferina. Muchas familias, incluso tuvimos que promover amparos para obtener las vacunas por covid-19, una decisión que el gobierno federal, a través del doctor López-Gatell, asumió sin considerar la evidencia científica que existía.

Hace unos días, por iniciativa presidencial se propuso fusionar al CenSIA, que es la entidad de la Secretaría de Salud que revisa justamente las vacunas y los temas de salud de la niñez mexicana, para relegarlo a una función distinta de lo que desde 2001 era responsable. Así que desaparece por completo una instancia que promueva el acceso a la salud de las niñas, niños y adolescentes.

Nuestra niñez ha sido víctima del desmantelamiento de al menos cuatro políticas sociales que beneficiaban a los menores de edad. Acciones erráticas que tendrán impacto en el desarrollo social de nuestro país.

México SA

¿No hay prisa? // Raudos morenistas // Falta de memoria

La Jornada

Carlos Fernández-Vega

Del no hay prisa (Manuel Rodríguez, presidente de la Comisión de Energía, dixit) por analizar y dictaminar la iniciativa de reforma a la Ley Minera que el presidente López Obrador envío (28 de marzo) a la Cámara de Diputados, a la febril aprobación de otra propuesta –armada sobre las rodillas– que nada tiene que ver con la presentada por el mandatario en San Lázaro. Del lo haremos en septiembre (dicho del mismo legislador), es decir, en el próximo periodo ordinario de sesiones, a meter alocadamente el acelerador y aprobar modificaciones para mantener intocados a los barones.

Deprimente espectáculo el protagonizado por la bancada morenista en San Lázaro, con Ignacio Mier, su coordinador, Aleida Alavez, su vicecoordinadora, y el propio Rodríguez a la cabeza, quienes, sin más, desecharon la iniciativa presidencial y, veloces y voluntariosos, armaron su propia propuesta (tras reunirse sólo con los enviados de los barones y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández) para dejar prácticamente intocados a los corporativos mineros. El presidente López Obrador dijo en su momento que su intención era dar por concluida una de las páginas más depredadoras del neoliberalismo mexicano, la etapa más oscura y ominosa en la historia de nuestro territorio, pero a sus legisladores les importó un bledo y decidieron exactamente lo contrario.

Cínicamente, Mier reconoce que sólo se reunió con los enviados de los corporativos mineros, aunque, según dijo, el objetivo es regular esta industria en armonía con el medio ambiente y el uso racional del agua. La reforma por él promovida, junto con Alavez y Rodríguez, fue aprobada con 290 votos a favor, 186 en contra y una abstención. Pasa al Senado y es de esperar que en esa instancia legislativa arreglen el cochinero de los morenistas en San Lázaro, porque no se puede permitir la tomadura de pelo, la simulación como práctica parlamentaria (es decir, lo que se vio en casi cuatro décadas de neoliberalismo).

Más allá del cochinero, llama la atención la conveniente falta de memoria en tribuna de algunos legisladores de la mal llamada oposición, toda vez que fueron sus respectivos partidos políticos los que avalaron el saqueo minero y la impunidad de los barones. Por ejemplo, el ex priísta y ahora militante naranja, Salvador Caro Cabrera, acusó a los morenistas de ser lacayos de Germán Larrea, empleados de Peñoles y de Carlos Slim, de Frisco. Hijos de Larrea, hijos de la oligarquía. Y lo dijo quien en sus tiempos tricolores no movió un dedo para modificar la Ley de Minería, erradicar las barbaridades en ella contenidas ni los excesos –uno tras otro– de los siguientes gobiernos para favorecer a esos mismo oligarcas.

También se dio el caso del diputado priísta Ildelfonso Guajardo (secretario peñanietista de Economía, es decir, encargado de las concesiones mineras), quien en tribuna reclamó que en la propuesta morenista se dejó afuera “a los pueblos originarios, a la pequeña y mediana minería, porque finalmente acordaron un proyecto que (…) tiene un defecto central que va a hacer que la minería en México termine en el suelo y pierda su potencial de crecimiento”.

Al parecer Guajardo tiene severos problemas de memoria: en agosto de 2014, la minera Buenavista del Cobre en Cananea (propiedad de Germán Larrea) derramó 40 mil metros cúbicos de desechos altamente tóxicos que fueron a parar a los ríos Sonora y Bacanuchi; contaminó aguas y suelos, provocó la muerte de ganado, arrasó con cultivos, afectaron siete municipios y a más de 24 mil sonorenses en un radio de 270 kilómetros.

El entonces titular de la Semarnat, Juan José Guerra Abud, calificó este hecho como el peor desastre ambiental de la industria minera del país, pero a pesar de ello la empresa no puede ser clausurada ni siquiera temporalmente; no puede frenarse la actividad económica. Tuvieron un descuido que causó daño ambiental, pero el país tiene que crecer.

En ese mismo tenor se pronunció Ildefonso Guajardo: el gobierno descarta la clausura definitiva de Buenavista del Cobre; lo relevante es su compromiso de compensar a los afectados y la remediación de sus efectos. La empresa contrata a 2 mil trabajadores; no es relevante la multa.

Eso sí, en la sesión de ayer el propio Ildefonso Guajardo se quejó: “un colega un tanto desmemoriado, tratando de inferir que quienes tuvimos responsabilidades, no hicimos nada…” Ajá.

Las rebanadas del pastel

Sólo para despejar dudas: en el estado de México, ¿la candidata tricolor es Ana Paula Ordorica o Alejandra del Moral?

No somos políticos

Fabrizio Mejía Madrid

La Jornada

Esta semana escuché dos frases en distintos momentos del debate público que me dejaron pensando. La primera la profirió Diego Valadés en el foro al que concurrieron los candidatos de oposición a la Presidencia convocados por una de las organizaciones fachada de Claudio X. González: Habrá que pensar en una administración altamente calificada y políticamente neutral. La segunda la escuché en el debate entre Delfina Gómez, de Morena, y Alejandra del Moral, de la coalición PRI, PAN y PRD, que compiten por la gubernatura del estado de México: La corrupción no es de las instituciones, sino de las personas. Me puse a pensar en que muy probablemente uno de los defectos del régimen neoliberal –junto con el despojo de la mayoría en beneficio de la minoría conectada– fue querer borrar a la política, de tal manera que ahora que tienen que hacerla insisten en fórmulas por encima de la soberanía popular. Veamos esto con cierto detalle.

Lo políticamente neutral es una versión de las tecnocracias del siglo pasado que ejercían una soberanía basada, según ellos, en la ciencia económica. Así, nos cansamos de escuchar a los funcionarios de Hacienda o del Banco de México repetir que los ajustes al IVA y al gasto público eran dolorosos, pero necesarios. La metáfora médica se impuso con autoridad, como lo había hecho durante el siglo XIX: finanzas sanas, libre circulación, medicina amarga. Es curioso que en el lugar donde nació el pensamiento neoliberal, Viena, existiera en el mismo siglo XIX un método de curación de los doctores que fue llamado nihilismo terapéutico, según el cual los poderes curativos de la naturaleza eran suficientes para el tratamiento de una enfermedad y debía procurarse la desatención del paciente (William M. Johnston), lo que se extendió a la idea de que cualquier intervención siempre era para mal. Esta es una de las claves de la ciencia económica neoliberal: no intervenir, no regular, nadie es responsable de lo que naturalmente ocurre. Ese afuera de la política es a lo que hoy se alude como neutral.

Conviene aquí ir sobre otra idea que han promovido tanto el senador de Morena, Ricardo Monreal, como los voceros del bloque opositor: la reconciliación. Como dijo Pablo Gómez: No somos novios. Pero la noción contiene la neutralidad: a la mitad entre dos extremos, que recorren la playa al atardecer para fundirse en un abrazo apasionado. La verdad nunca ha estado en el centro porque, en todo caso, para actuar, hay que esperar a saber dónde se han colocado los extremos para empezar a decidir qué hacer o pensar. Es una forma geométrica que nada tiene que ver con los principios que son, por definición, lo que uno sabe como bueno y como malo. Es, de nuevo, un afuera de la política que esperaría recibir la recompensa de la conciliación de ambos extremos en disputa. No puede haber ética en la mitad, como no puede haber administración neutral, porque la idea misma de la política es la enunciación de manera pública de las diferencias, indignaciones y disputas a veces irresolubles de valores. En política sobran posturas que nunca se podrían reconciliar porque no son reductibles. Vienen de valores distintos y, por lo tanto, les tiene sin cuidado cuál podría ser el centro. Es a lo que se refiere el Presidente con la expresión: Sigan su camino.

La idea de la priísta Alejandra del Moral es, en sí misma, exculpatoria de los casi 100 años de PRI en su estado: que hay funcionarios corruptos, no un orden institucional diseñado para corromper. Si vemos el desarrollo del neoliberalismo encontramos estructuras completas, redes de complicidades entre las corporaciones, los bancos, las calificadoras y los gobiernos que habilitan a todos, en los que la corrupción privada y política es un componente de la supuesta competencia. Se podría decir que no hay neoliberalismo, es decir, privatización y concentración absurda de la riqueza, sin corrupción. Que es, como las desregulaciones o la libertad económica, una de sus partes. En México se hizo a partir de redes de amistad, compadrazgo y lealtades partidistas. De Carlos Salinas a Peña Nieto, pasando por el narco-Estado panista, tal complicidad creó una nueva oligarquía desde el poder. Fue institucional y se solidificó en leyes, estructuras, procedimientos, y comportamientos. Es la forma en que el régimen funcionó, no fue decisión voluntaria de sus integrantes. Así como el otro mexiquense, Peña Nieto, trató de evadir el bulto de la corrupción diciendo que era parte de la cultura nacional, ahora el PRI dice: es la manzana podrida, no todo el canasto. Pero, al postularlo, lo que paradójicamente está aceptando es que la canasta no se cambia: la negación política de lo político o la política de la anti-política.

La idea del afuera plebeyo no es la ciencia económica, el centro o la capacidad corruptora de las personas, sino esa que constituye lo político: el gobierno de los que no tienen títulos para gobernar, es decir, la huella de igualdad en el seno de la desigualdad (Rancière). Por eso, los que creen que la democracia es cuestión de expertos, de capacidad, o de una normatividad externa de cómo realmente debería de ser, se enceguecen ante el residuo que a veces podemos ver de cómo se constituyó la política, fundada sobre una ingobernabilidad de los desiguales. A veces es como un destello. Otras, como un murmullo.