Lo que dicen los columnistas

Juegos de poder

¿Por qué reventar la elección de 2024?

Leo Zuckermann / Excelsior

El miércoles pasado, en Reforma, el consejero del INE Ciro Murayama argumentaba por qué el famoso plan B de reforma electoral del presidente López Obrador podría provocar la nulidad de los comicios de 2024 y una “crisis política tan grave como innecesaria”.

Murayama explicaba lo que está en riesgo de prosperar el plan B. En su columna de Milenio, Héctor Aguilar Camín realizó, a lo largo de la semana pasada, un recuento del mismo tema, es decir, del peligro de cambiar las reglas electorales cuando ya sabemos que el INE gestiona bien la instalación de las casillas, la recepción de los votos, su conteo, el levantamiento de las actas y la posterior transmisión de los datos.

No voy a repetir ni lo dicho por Murayama ni por Aguilar Camín, que puede leerse en Reforma y en Milenio. Lo que me interesa es entender por qué López Obrador quisiera provocar una posible anulación de los comicios generando una crisis política. La pregunta no es ociosa tomando en cuenta que, de acuerdo a las encuestas, su partido, Morena, va muy arriba en la carrera presidencial.

¿Para qué arriesgar la sucesión si las estrellas están alineadas para ganar en 2024?

Una primera hipótesis es que el Presidente no está del todo convencido de que Morena pueda triunfar así de fácil. Ergo, pretende inclinar la cancha en favor de los candidatos oficialistas, lo cual contempla parte del plan B, por ejemplo, en materia de campañas adelantas.

Esta explicación, sin embargo, aplicaría antes de los comicios y no después. Aquí estamos conjeturando por qué el Presidente estaría interesado en anular las elecciones ex post debido a problemas organizativos del INE producto del plan B.

A colación entra una hipótesis que he descrito anteriormente. Desde ahora, el Presidente está preparando la narrativa de un posible fraude electoral si gana la oposición en 2024. AMLO, como sabemos, nunca ha aceptado una derrota en las urnas. No lo va a hacer por primera vez el año que viene, mucho menos teniendo el poder de la Presidencia.

Si el 2 de junio de 2024 la oposición da el campanazo, López Obrador desconocerá el resultado. Argumentará que él había enviado una reforma constitucional para limpiar el sistema electoral, pero la oposición la rechazó para que “la mafia del poder” se robara los comicios como en el pasado.

De prosperar el plan B, como argumentan Murayama y Aguilar Camín, posiblemente habrá muchas irregularidades. AMLO y los morenistas, en efecto, tendrían pruebas para reclamar un fraude y solicitarían la nulidad de los comicios. En este sentido, el plan B sería, en realidad, un plan por si ganara la oposición.

En cambio, si gana Morena la Presidencia, el argumento del fraude y la solicitud de anulación sólo las aplicarían en los lugares donde perdiera el partido oficialista. Recordemos que, además de la presidencial, habrá elecciones de gobernador en ocho estados, de jefe de Gobierno en la Ciudad de México, más de mil 500 alcaldías y 30 congresos locales.

Ya en el pasado el lopezobradorismo ha reclamado fraude donde pierde y se ha quedado callado donde gana en una misma elección. En 2006, por ejemplo, pretendieron anular la presidencial por supuesto fraude, pero aceptaron los resultados de legisladores federales donde les fue muy bien, y la de jefe de Gobierno capitalino que ganaron.

Esta hipótesis me suena razonable. Sin embargo, hay otra que empiezo a escuchar en muchos rumores típicos de la sucesión presidencial. La especulación es que, gane o pierda Morena la presidencial, habrá tantas irregularidades producto del plan B que AMLO y su círculo más cercano solicitarían la anulación de los comicios. Esto con el objeto de que López Obrador se quede más tiempo en el poder como el único factor de gobernabilidad para el país. Ante la crisis política, mejor la prolongación del popular líder en la Presidencia.

En lo personal, rechazo este tipo de profecías. Es estirar mucho la liga de lo imaginable. Aquí estaríamos frente a un rompimiento del orden constitucional. Nuestra Carta Magna describe perfectamente los mecanismos en caso de que falte el Presidente el primero de octubre de 2024. El Congreso nombraría a uno interino y se llamaría a unas nuevas elecciones. AMLO ya no podría ser jefe del Ejecutivo porque la reelección está explícitamente prohibida en la Constitución.

Claro, siempre puede argumentarse que la nulidad de los comicios llevaría a una crisis política tan aguda que ya no sería la Constitución, sino los factores reales de poder los que decidirían quién se quedaría en la Presidencia. Aquí estaríamos hablando de una especie de autogolpe de Estado de AMLO con la aquiescencia de las Fuerzas Armadas. Y eso, en lo personal, lo considero como muy jalado de los pelos.

Razones

Distractores y polarización, y todos caen

Jorge Fernández Menéndez /Excelsior

Entre sábado y domingo hubo 206 asesinados en todo el país, incluyendo un bebé de un año muerto en Cajeme, Sonora; hay temas de fondo que dificultan la vida económica, incluyendo divergencias con nuestros principales socios comerciales, Estados Unidos y Canadá; hay dos importantes campañas electorales en curso y un proceso de selección de candidatos para los comicios de 2024 que abarca, en los hechos, a todas las fuerzas políticas, en el oficialismo y en la oposición. En el Congreso está a punto de terminar de aprobarse el llamado plan B, una reforma del sistema electoral que puede ser devastadora para el mismo.

Y hay mucho más en la agenda nacional, pero ayer el tema de debate, impuesto desde la propia Presidencia de la República, era que la nueva presidenta de la Suprema Corte, la ministra Norma Piña, no se había parado cuando ingresó al Teatro de la República, en Querétaro, el presidente López Obrador, un debate en el que nadie hubiera puesto la menor atención si el vocero presidencial, Jesús Ramírez, no hubiera destacado ese supuesto hecho la tarde del domingo en redes sociales. Para el oficialismo y su círculo, una descortesía, una falta a las formas que denota un conflicto de fondo. Para la oposición, la demostración de que la ministra Piña está dispuesta plantarle cara al Ejecutivo.

En realidad, la ministra presidenta sí se paró en ese evento para recibir al Presidente e incluso al terminar su intervención, aunque el que no la saludó al llegar al Teatro de la República, dicen que fue el presidente López Obrador y, pese a que, faltando a las formas que se reclaman, tanto la ministra como el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel, en lugar de estar junto al mandatario en el presídium, como representantes de los poderes Judicial y Legislativo, fueron acomodados en primera fila, pero en un extremo.

Pero también es verdad que, como decíamos ayer, ninguno de los discursos fue incendiario ni de ruptura abierta como se quiere hacer ver. Todos jugaron sus cartas y cubrieron su papel: la ministra Piña destacando la independencia del Poder Judicial; Creel invocando al diálogo, como lo hizo también el gobernador Mauricio Kuri; el senador Alejandro Armenta con un discurso oficialista, pero moderado y el presidente López Obrador repitiendo su versión de la historia polarizada entre conservadores y liberales que aplica para todo, desde la Independencia hasta la Revolución, pasando por el porfirismo y el neoliberalismo. Todo previsible, ninguna sorpresa.

Pero como ocurrió con los honores a la bandera en la Cámara de Diputados, en el inicio del periodo ordinario de sesiones del Congreso, un tema menor se convirtió en el distractor del debate político. Y en esa lógica cae casi siempre la oposición, que ayer, al mismo tiempo que se quejaba de que el diputado y la ministra, violando las formas, habían sido enviados a un extremo del presídium, trataba de explicar que la ministra no violó las formas al no pararse. La forma suele ser fondo, pero un distractor no es la verdad. ¿No se percatan de la manipulación en la que caen destinada a ignorar los verdaderos debates de la agenda nacional?.

Los distractores, además, cumplen con una función clave: agudizar siempre la polarización. Siempre hay un nuevo o viejo enemigo, siempre un complot, un sabotaje, no es que las políticas fallen o los datos no se ajusten a la realidad, sino que hay fuerzas oscuras que las obstaculizan y manipulan: sólo hay amigos y enemigos. Y eso se aplica a todo y a todos sin matices, desde Cuauhtémoc Cárdenas hasta Lilly Téllez.

Y así, los distractores se convierten en el eje del debate. No importa qué posición tendrá el Poder Judicial respecto a las iniciativas del Ejecutivo, ni conocer los daños que provocará el plan B al sistema electoral y la confiabilidad de las elecciones, no importa qué aspirante presidencial, del oficialismo o la oposición tiene mejores propuestas o su visión de país ni, mucho menos, si funciona o no la estrategia de seguridad, qué importa si los sicarios atentan contra un periodista o matan bebés y familias enteras, importa si se es amigo o enemigo y casi todos se terminan ubicando, graciosamente, en alguno de esos extremos.

Astillero

García Luna, Moreira, Peña Nieto // Ayudas electorales // Comprar medios // Calderón perdonó a Humberto

Julio Hernández López / La Jornada

El esquema de corrupción practicado en Coahuila durante el gobierno de Humberto Moreira no sólo benefició a personajes de ese grupo político, sino de manera extendida al proceso de instalación fraudulenta de Enrique Peña Nieto mediante carretadas de dinero proveniente de tesorerías estatales (el sindicato de gobernadores priístas, varios de ellos luego en la cárcel o sujetos a procesos penales), de dinero oscuro (no nada más del crimen organizado) y del método mexiquense, adaptado en el estado norteño, de las brigadas electorales que apoyaban a candidatos del tricolor de otras entidades con el fin de ganarlos para su causa, todo pagado con dinero en efectivo proveniente de moches y estafas, en el mundo de presunta limpidez electoral que institutos y tribunales nunca detectaron ni sancionaron.

La develación del método de los Moreira ha impactado en lo inmediato al diario El Universal y a algunos de sus directivos, cuando menos los relacionados con lo editorial en la época denunciada, pero esa relación perniciosa entre medios y políticos es sólo una ventana de asomo a más escenarios putrefactos.

Humberto Moreira tenía a su hermano Rubén como todopoderoso subsecretario de Gobierno, luego habilitado como presidente estatal del PRI, y el actual gobernador, Miguel Ángel Riquelme, viene de esa matriz política, aunque con distanciamiento subgrupal. Humberto es compadre del principal personaje de El Universal, Juan Francisco Ealy Ortiz, cuyo tío Nazario Ortiz Garza fue secretario de Agricultura con Miguel Alemán Valdés como presidente, gobernador de Coahuila y empresario (https://bit.ly/3YooGni).

Ealy Ortiz, quien estuvo brevemente preso durante el gobierno de Ernesto Zedillo, acusado de maquinaciones para defraudación fiscal (https://bit.ly/3JMdBIU), bautizó en 2010 a Vanessa Lucía, hija de Humberto Moreira. A la segunda hija de éste, Eva Catalina, la bautizó el empresario papelero duranguense Miguel Rincón (Cuna de Grillos, de Beto Tavira: https://bit.ly/3jzpdUL), quien, por cierto, en marzo de 2019 a su vez hizo compadre al ya presidente Andrés Manuel López Obrador; en ambos bautizos ofició el cardenal Norberto Rivera (https://bit.ly/2FleM0d).

Según lo dicho por Héctor Javier Villarreal Hernández, quien fue secretario de finanzas con Moreira, dinero proveniente de simulación de prestación de obras y servicios fue utilizado para financiar la mencionada plataforma de ayuda a candidatos priístas. La relación de confianza entre ese Moreira y el empresario periodístico Ealy Ortiz facilitó que Genaro García Luna negociara una entrega de 25 millones de pesos al mes para cuidar la imagen del entonces secretario de Seguridad Pública, según el relato ante jurado estadunidense que hizo el mencionado ex secretario de Finanzas. Villarreal incluyó como prueba una factura por 10 millones de pesos que amparó una simulada campaña de publicidad. Aseguró que también compraron medios e hicimos pagos a muchos medios, tanto del estado como a nivel nacional (nota de David Brooks: https://bit.ly/3E8IaoD).

Dicho funcionario, Villarreal, fue sentenciado en Estados Unidos por actos de corrupción, al igual que Jorge Torres, quien fungió como gobernador interino para puentear entre las administraciones de los hermanos Moreira. A un mes y días de dejar el poder, Felipe Calderón perdonó por conducto de la PGR, al declarar el no ejercicio de la acción penal, a Humberto Moreira y otros dos acusados de enriquecimiento ilícito y operaciones con recursos de procedencia ilícita (Astillero: https://bit.ly/3HCmqlW). También fue detenido HM en España, bajo acusaciones luego disueltas.

Las delaciones del ex secretario coahuilense incluyen la confirmación del uso abusivo del sistema de espionaje Pegasus y las propuestas del garcialunismo para vender tal servicio a otros políticos. Por último, ha de mencionarse que la alicaída campaña electoral de Armando Guadiana recibe un inesperado tanque de oxígeno con las revelaciones hechas en Nueva York.

México SA

Pasta de Conchos: 17 años sin solución // Paciencia: Luisa María a las viudas // Cuatro gobiernos y miles de pretextos

Carlos Fernández-Vega / La Jornada

Cercano el 17 aniversario de la explosión en la mina Pasta de Conchos, los cuerpos de 63 de los 65 mineros fallecidos el 19 de febrero de 2006 permanecen sepultados bajo toneladas de rocas, sin que tres gobiernos hicieran el menor intento por rescatarlos (Fox, Calderón y Peña Nieto) y otro (López Obrador) encargara esa labor a una lerda funcionaria (Luisa María Alcalde) con nulos resultados. En paralelo, Germán Larrea y su Grupo México se mantienen impunes.

Vicente Fox nunca se apersonó en la zona del desastre ni dio la cara a los familiares. En cambio, a los cinco días del supuesto operativo de rescate se lavó las manos, utilizó al Ejército para contener a los deudos y ofreció investigar a fondo qué sucedió. Cero resultados. Felipe Calderón, ya como inquilino de Los Pinos, pro-metió hacer todo lo posible para que los cuerpos tengan cristiana sepultura, lo que nunca pasó. Peña Nieto ni siquiera se tomó la molestia de hablar del tema. En resumen, tres gobiernos al hilo hicieron de todo para evitar molestias y garantizar impunidad a Germán Larrea. Concesiones y más concesiones para el barón.

Grupo México adujo razones económicas (no hay dinero para las labores de rescate, cuando si algo le sobra, además de cinismo, es dinero) para no proceder, por lo que se lavó las manos y no movió un dedo para recuperar los cuerpos (de hecho se amparó para no hacerlo). Eso sí, apenas tres semanas después de la tragedia, la mayoría en San Lázaro garantizó un nuevo filón de negocios (alrededor de 550 millones de dólares adicionales al año) a Germán Larrea y demás empresarios de la minería, pues aprobó reformas a la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional y a la ley minera para entregar al sector privado la explotación del gas metano asociado a los yacimientos de carbón, mejor conocido como gas grisú (es decir, el que causó la explosión en Pasta de Conchos).

Pasó el tiempo y el 1º de mayo de 2019 el presidente López Obrador anunció: en un acto de justicia y humanidad, el gobierno federal inicia los trabajos de búsqueda de los cuerpos de los trabajadores atrapados en la mina Pasta de Conchos. No se escatimarán recursos, y desde esa fecha encargó, pública y formalmente, a su secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, las acciones de rescate. Casi cuatro años después no hay resultados (por cierto, tampoco en el caso de las tres huelgas mineras activas: Sombrerete, Taxco y Cananea), pero sí más pretextos.

Sirva lo anterior para contextualizar lo publicado por La Jornada (Andrea Becerril): “a punto de cumplirse 17 años de la tragedia de Pasta de Conchos, la esperanza de que se rescaten los cuerpos de los 63 mineros parece esfumarse, y un grupo de viudas pidió al presidente López Obrador intervenir de nuevo y hacer que se cumpla la promesa de sacar los restos de sus familiares de las entrañas de la mina de carbón, pues las autoridades de la Secretaría del Trabajo poco han hecho para lograrlo y menos aún para hacer justicia.

“Las labores de rescate prometidas por el Ejecutivo federal comenzaron en abril pasado (el anuncio inicial fue el 1º de mayo de 2019), pero el 24 de noviembre se suspendieron, y an-te la desesperación de las viudas y sus hijos, que temen que el sexenio acabe, Luisa María Alcalde, titular de la STPS, les respondió: ‘tengan paciencia, ya que los trabajos reiniciarán el 15 de marzo, y si no se logran sacar los restos mortales de los mineros a finales de 2024, el siguiente gobierno de Morena seguirá con esa tarea’”.

El jueves pasado, un grupo de viudas se reunió con Alcalde y salió enojado y decepcio-nado, pues todo indica que la autoridad laboral, al igual que la empresa (Grupo México), está apostando a que los demandantes se desgasten y abandonen la batalla que comenzó el mismo 19 de febrero de 2006. El rescate está parado, pero la construcción del mausoleo en honor a los mineros muertos se ha acelerado en Pasta de Conchos, aunque los restos sigan en la mina.

Entonces, según dice Luisa María Alcalde, el compromiso presidencial no importa y las viudas deben ser pacientes, porque si el rescate no se da en este sexenio, pues qué más da, porque el siguiente ya está cercano, es decir, algo similar, por no decir idéntico, a lo que pretextaron Fox, Calderón y Peña Nieto.

Las rebanadas del pastel

No se trata de dos proyectos de nación, porque en realidad es solo uno, el de la 4-T; el otro, de la oposición, no es más que un plan de negocios.