Lo que dicen los columnistas

Retos de la ¿nueva? Red Compartida

Jorge Bravo

Proceso

El proyecto fue ideado durante el gobierno del presidente Felipe Calderón; se licitó, implementó, comenzó su despliegue y operación con Peña Nieto a través de la empresa Altán Redes; quebró y fue rescatado por López Obrador.

La nueva Red Compartida surgida de su rescate y toma de control por parte del gobierno de la Cuarta Transformación requerirá no sólo una reestructuración financiera, también regulatoria y política.

¿Qué es la Red Compartida? El proyecto fue ideado durante el gobierno del presidente Felipe Calderón; se licitó, implementó, comenzó su despliegue y operación con Peña Nieto a través de la empresa Altán Redes; quebró y fue rescatado por López Obrador.

Es una red mayorista de telecomunicaciones que debería cubrir 92.2% de la población para 2024, incluida 15% de cobertura en poblaciones de menos de 10 mil habitantes y todos los Pueblos Mágicos, pero el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) otorgó una prórroga hasta 2028.

La Red Compartida utiliza en exclusiva la totalidad de la banda de 700 MHz, espectro idóneo para proveer servicios de telefonía y banda ancha móvil con una amplia cobertura poblacional. También cuenta con un par de hilos de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad.

Tal y como fue concebido en la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones de 2013, el proyecto de Altán Redes fracasó. La interrogante es si después del rescate financiero podrá surgir una nueva Red Compartida capaz de cumplir sus objetivos sociales de conectividad y además ser un modelo de negocio realmente autofinanciable.

¿Cómo se rescató? El presidente López Obrador declaró que Altán Redes (operador de la Red Compartida) “estaba en una situación financiera delicada (…), tomamos la decisión de aportar un recurso, y esa empresa que va a permitirnos que haya Internet en todos los pueblos, ya es de la nación. El Estado mexicano es socio mayoritario y ya tiene la administración de la empresa”.

Altán Redes logró un préstamo por 388.1 millones de dólares bajo el esquema de “deudor en posesión”. Significa que aún posee bienes sobre los cuales los acreedores tienen derechos, pero Altán puede seguir haciendo negocios con dichos activos mediante una aprobación judicial.

Para el rescate, la banca mexicana de desarrollo aportó otros 161 millones de dólares (41% de los recursos); el 59% restante proviene de proveedores (166.6 millones de dólares), accionistas (50.5 millones de dólares) y clientes (10 millones de dólares).

¿Dinero bueno al malo? La nueva inversión del gobierno mexicano se suma a los 13 mil millones de pesos que ya había aportado Banobras, Nafin y Bancomex al inicio del proyecto, equivalente a 29.2% de la inversión inicial.

Con la nueva capitalización, el gobierno queda como principal accionista de Altán Redes, permitiéndole no sólo tomar el control y administrar la empresa sino adecuar el modelo de negocio, de operación y reestructurar el contrato de asociación público-privada con el Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones (Promtel), responsable de vigilar el cumplimiento de los objetivos de la Red Compartida.

Será dinero bueno al malo en tanto el gobierno de la 4T no modifique las condiciones del modelo de negocio y regulatorias que hicieron naufragar la Red Compartida, y que fueron advertidas desde la concepción misma del proyecto.

¿Por qué fracasó y quebró? Porque la Red Compartida debe desplegar una red de banda ancha en las regiones del país donde no existe ni infraestructura ni servicios de telecomunicaciones, incluidas comunidades dispersas con menos de 10 mil habitantes, algunas de las cuales coinciden no sólo con ser las más alejadas sino también las más vulnerables y con menor poder adquisitivo, por lo que no es rentable desplegar, instalar ni operar la red.

Porque el diagnóstico inicial de los ideólogos de la Red Compartida sobredimensionó el mercado de Operadores Móviles Virtuales (OMVs), clientes potenciales de la Red Compartida, pequeños proveedores de telefonía y banda ancha móvil que no tienen infraestructura propia por el costo que representa, pero contratan capacidad de Altán para proveer servicios a clientes finales a precios competitivos.

Según el “Análisis sobre el Mercado de Operadores Móviles Virtuales” del IFT, al cierre de 2020 operaban 56 OMVs en México. Se estima que al cierre de 2021, los OMVs atendieron a 3.56 millones de líneas. Llama la atención que Altán declare que tiene 6 millones de usuarios finales en su red, cuando ni siquiera la totalidad de los Operadores Móviles Virtuales llega a esa cifra.

Finalmente, porque el contrato con el Promtel es muy restrictivo. Altán sólo puede explotar la banda de 700 MHz para proveer servicios mayoristas por mandato constitucional, pero no puede subarrendar ese mismo espectro a otros operadores. Además, en caso de adquirir otras frecuencias, sólo pueden ser utilizadas para prestar servicios mayoristas y no directamente al consumidor final.

Altán Redes también debe pagar los derechos por el uso del espectro radioeléctrico establecidos en el artículo 244-A de la Ley Federal de Derechos que, como se sabe, México tiene elevados costos del espectro. Adicionalmente, Altán Redes debe compartir 1% de sus ingresos con el Promtel.           

¿Todavía es viable? En manos del gobierno federal, la nueva Red Compartida adquiere una dimensión renovada porque se ajusta al proyecto prioritario de Internet para Todos y a los objetivos de conectividad social de la empresa pública de telecomunicaciones de la CFE.

Al tiempo que se realizó la reestructuración financiera, se requiere un replanteamiento y flexibilización del contrato de asociación público-privada con el Promtel. A diferencia de la primera e inviable Red Compartida, la nueva bajo control del gobierno tiene la capacidad de negociar con posición de fuerza y políticamente con las instituciones responsables de regular la Red Compartida: el Promtel, sectorizado a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, y con el IFT.

¿Cuáles son los nuevos riesgos? Debe prevalecer la neutralidad competitiva, en el sentido de que el gobierno no favorezca a la Red Compartida, pero se avizora utópico porque la 4T querrá sacar ventaja de su mayoría en la administración de Altán Redes. Asimismo, la Constitución señala que ningún prestador de servicios de telecomunicaciones tendrá influencia en la operación de la red, pero ahora es el gobierno federal el que ostenta la mayor influencia en la operación de la red. Con la 4T y Morena empoderados y ganando elecciones, por primera vez la Red Compartida mira a lontananza.

Nudo gordiano

¿PRI o RIP?

Yuriria Sierra

Excelsior

La historia del Revolucionario Institucional se escribe hoy a titubeos. Desde su segunda salida del Ejecutivo, los resultados electorales no le han sido favorables. Acción Nacional se posicionó como la segunda fuerza política y su permanencia en el espectro ha sido también gracias a las alianzas pactadas con aquellos y con el PRD. No recuerdo un momento de tanta debilidad en el tricolor. Ni siquiera tras la victoria de Vicente Fox hace 22 años el PRI se vio tan disminuido; entonces conservó la bancada de senadores más amplia y la diferencia de diputados con los obtenidos por el blanquiazul no era abismal, en San Lázaro quedaron 208/224 a favor de los recién llegados a Los Pinos. Dos décadas después, de esos 208 ya sólo quedan 70, por ejemplo. Su presencia en los gobiernos estatales fue la marca de la elección del pasado 5 de junio, el mapa político del país los dejó sólo con tres de las 32 entidades que alguna vez fueron su territorio. Coahuila, Estado de México y Durango. Las primeras dos renovarán su gobierno el próximo año, y por lo menos en territorio mexiquense, uno de sus históricos bastiones, cuna del Grupo Atlacomulco, ya es saboreado por los morenistas, lo vimos el domingo.

Al interior, pese a lo que diga la dirigencia nacional, en manos hoy de Alejandro Moreno, el PRI avanza por grupos, mismos que ven en distintas direcciones. En Durango ganaron, pero fueron en alianza, y el Congreso de la Unión, mientras firma una “moratoria constitucional”, alguno de sus legisladores dudan de la utilidad y se expresan abiertamente en contra de la finalidad de este acuerdo: detener cualquier iniciativa presidencial que implique cambios a la Carta Magna. Y a esto se suman los escándalos en que Alito ha estado envuelto en las últimas semanas. Los dimes y diretes entre él y la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, quien ha filtrado audios para exhibirlo, y que han generado reacciones encontradas de parte de Moreno. Primero las condenó, argumentando que eran ilegales, pero después él mismo se encargó de filtrar otro material para sostener su teoría del complot.

Este martes, los exdirigentes priistas acudieron a la que se convirtió en una reunión de cuatro horas. Ellos tuvieron la iniciativa y Alito en un gesto de unidad accedió y los convocó. Entre los asistentes a la cita en el CEN estuvieron Manlio Fabio Beltrones, Pedro Joaquín Coldwell, Claudia Ruiz Massieu, Dulce María Sauri y Miguel Ángel Osorio Chong. Al terminar se retiraron, pero a decir de algunos, no fueron informados de la conferencia que Moreno ofrecería después: “Lo que se hizo en los planteamientos es la reflexión o el análisis de ir o no continuar en la dirigencia nacional del partido (…) y lo que dijimos nosotros de manera oportuna y de manera clara es que nosotros fuimos electos para un periodo de cuatro años…”, afirmó. La dirigencia del PRI se queda como está, a pesar de esas otras manifestaciones, también priistas, que piden que se vaya.

“Reconocido como un hombre de palabra y por ello con indudable talento para la construcción de acuerdos políticos y legislativos (…) Factor para evitar que el PRI se desmoronara (…) Al mismo tiempo ser una oposición lo suficientemente responsable para convertirse en factor de gobernabilidad…”, esto lo escribimos hace unos años, cuando Manlio Fabio Beltrones renunció al PRI. Qué lejos está hoy el tricolor de un líder que despierte estas reflexiones.

Addendum

Pero hay más de uno que asegura que los tricolores más colmilludos sólo están a la espera de las inevitables pugnas internas de Morena, pero no para ganarles en las urnas, si no para colarse y hacerse del control del “movimiento” que a estas alturas ya parece más una restauración del viejo sistema en el que todos ellos crecieron y “se educaron” políticamente.

Arsenal

“Está amarrado a la silla”

Francisco Garfias

Excelsior

“No me voy”, es lo que, en síntesis, respondió Alito Moreno a los expresidentes del PRI que le plantearon su separación del CEN como parte de la solución a la delicada situación por la que atraviesa el otrora partidazo.

“Está amarrado a la silla”, nos dijo uno de sus predecesores en el cargo, quien pidió no citarlo. Precisó, sin embargo, que Moreno ya está apercibido de la inconformidad general con su actuación.

En el encuentro, de cinco horas, Alito sustentó su postura en los estatutos. Fue electo por cuatro años. Se cumplen en agosto de 2023. Está en lo correcto en términos de legalidad, pero no de legitimidad.

Moreno no sólo registra los peores resultados electorales que haya tenido el tricolor en su historia, sino que enfrenta pleitos judiciales que no favorecen la imagen del tricolor.

Agentes ministeriales, encabezados por el fiscal de Campeche, Renato Sales, inspeccionaron el martes la casa del priista en la capital del Estado.

No fue un cateo, como se especuló inicialmente, pero —según versión de Alito— el fiscal personalmente se dedicó a sacarle fotos a su casa.

El dirigente del PRI es ejemplo de lo que le puede pasar a un político de oposición que se atreve a desafiar la línea de Palacio. No es el único que votó en contra de la reforma eléctrica, pero sí el más vulnerable.

La Fiscalía de Campeche le abrió una carpeta de investigación por enriquecimiento ilícito, defraudación y lavado de dinero. Los audios —difundidos ilegalmente por la gobernadora Layda Sansores— lo exhiben como transa. No tienen valor en ningún tribunal, pero el daño a la imagen de Alejandro —y al PRI— está hecho.

* Después del cónclave, celebrado en la sede del CEN del PRI, buscamos a Roberto Madrazo. Nos dijo:

“La reunión fue abierta, franca y sin confrontación. Se pudieron tocar todos los temas, incluyendo la salida de Alejandro. Se analizó a fondo la situación electoral del partido, su participación en la alianza. Se habló también de la desconfianza en la dirigencia”.

Madrazo confirmó lo que Alito dijo en la rueda de prensa que siguió a la reunión. Se vienen cambios “incluyentes” en el CEN y en el Consejo Político Nacional. “Continuará el diálogo sobre temas que no tuvieron respuesta hoy”, nos dijo.

Otro expresidente, César Camacho, en entrevista con Radio Fórmula, reconoció que la actual dirigencia está cuestionada.

“Tiene una crisis de confianza al interior del partido y eso se ha reflejado como un problema de credibilidad”, puntualizó.

Luego del cónclave con los expresidentes, Moreno se reunió con integrantes de los sectores del PRI y presidentes de comités estatales.

Eran suyos de antemano. Lo arroparon con aplausos y gritos de “¡Alito! ¡Alito!”, luego que declarara que el gobierno de López Obrador quiere al frente del partido un dirigente a modo. Al cónclave asistieron también Manlio Fabio Beltrones, Beatriz Paredes, Dulce María Sauri, Claudia Ruiz Massieu, Humberto Roque, Carolina Monroy y Jorge de la Vega Domínguez. Miguel Osorio lo hizo como coordinador de los senadores.

* Mientras esperábamos el desenlace del cónclave, hicimos una llamada que teníamos acordada con Jaime Rodríguez, exgobernador de Nuevo León. Está hospitalizado en su tierra. Sale en tres días, pero sólo para regresar a una tercera cirugía en alrededor de seis semanas. Le cortaron parte del intestino y el colon por unos tumores que le encontraron.

Ya no regresará a la cárcel. El juez le cambió la medida cautelar. Enfrentará su proceso en casa. Lo acusan por las broncofirmas y de abuso de autoridad por la requisa de la Ecovía.

La voz aún débil nos dijo: “Nunca debí haber estado en prisión. Los delitos de los que se me acusa no ameritan prisión preventiva oficiosa. Pero, además, soy inocente. Los primeros días estuve sin juez, sin tener a quién acudir para solicitar el cambio de la medida cautelar”.

No se considera un preso político del gobernador Samuel García, pero sí víctima de un proceso injusto. “No se me permitió tener una defensa adecuada”, insistió.

—¿Cuál fue su reacción cuando escuchó decir al gobernador “el que la hace la paga”, en referencia a su persona?

—No me dejo llevar por esas cosas. Estoy concentrado en mi proceso, pero principalmente en el tema de mi salud. Ya cuando se demuestren las cosas y los procesos sean positivos —es lo que espero— mucha gente podrá cuestionar. Yo estoy concentrado en poder probar mi inocencia, respondió.

El gran trabajo de los abogados, la perseverancia de su esposa, Adelina Dávalos, y los esfuerzos del gran Juve Sánchez, su hombre de prensa, coronaron con el cambio de medida cautelar a El Bronco.

* Bastaba con observar el rostro desencajado de Ernesto Nemer en el tuit que subió el gobernador Alfredo Del Mazo para anunciar su salida de la Secretaría de Gobierno del Edomex.

El exfuncionario no se va para hacer precampaña como aspirante a la gubernatura, como en su equipo pretenden hacer creer, sino que se distrajo de su encargo para hacer promoción personal hacia la gubernatura y eso no le gustó a Del Mazo.

Astillero

El renuente, los mexiquenses y el no convidado // Alito: no me voy // Nemer, Edomex ¿? // Monreal: no soy traidor

Julio Hernández López

La Jornada

Muy de mañana, el martes, cuando recibiría en audiencia en la Ciudad de México a expresidentes del Partido Revolucionario Institucional, algunos de los cuales promueven su renuncia al cargo, Alejandro Moreno Cárdenas, autodenominado Alito, se enteró de que varios vehículos con policías estatales habían llegado al exterior de su enorme residencia en la ciudad de Campeche.

No pasó nada, en apariencia. O aún no. La visita policiaca correspondió a inspecciones oculares (no un cateo, todavía) en relación con las carpetas judiciales que se integran contra Alito en la entidad que gobernó antes de pasar a dirigir el PRI.

Y, en la reunión con varios de sus antecesores, capoteó como pudo los planteamientos de que renuncie al cargo, aunque no puede asegurarse que la pretensión de deponerlo vaya a menguar. Con su estilo estridente, Moreno aseguró que seguirá hasta el final de su mandato (si antes no se le atraviesa alguna orden de aprehensión y un proceso en forma, advierte esta columna aguafiestas).

En Toluca, como consecuencia del aleteo morenista dominical, se produjo otro efecto mariposa: Alfredo del Mazo, en una jugada que ya se verá si busca consolidar un futuro puesto diplomático o hacer sonar trompetas de guerra de la élite priísta hacia 2023, relevó a su secretario general, Ernesto Nemer, y colocó al peñista Luis Felipe Puente, quien, con el político encopetado (EPN), fue secretario de transporte a escala estatal y coordinador de Protección Civil en la administración federal.

Nemer ha cruzado las aguas estancadas de la política mexiquense, sexenio tras sexenio (diversas corrientes del mismo grupo en el poder: los mismos, en repartidora disputa con ellos mismos): de Emilio Chauyffet al actual gobernador, en diversas secretarías; como diputado local o federal, o coordinador de campañas al gobierno estatal.

Su salida hace pensar que queda burocráticamente libre para buscar la candidatura al relevo del holográfico Del Mazo, con el apoyo de grupos políticos poderosos que se niegan a que la plaza sea entregada a Morena, como los indicios sugieren hasta ahora. Tiene enfrente la precandidatura de Alejandra del Moral, secretaria de Desarrollo Social en el gobierno estatal, y, dado que irían en alianza con Acción Nacional, al panista Enrique Vargas. Otra versión asegura que Nemer sale en malos términos con Del Mazo; ya se verá el desenlace.

En secuela de lo sucedido el domingo en Toluca, Ricardo Monreal declaró ayer en entrevista (https://bit.ly/3Oht56M) que no fue invitado a un desayuno en la capital mexiquense, antes del acto masivo, porque no se deseaba que se enterara de lo allí acordado, con participación de secretarios de Estado: la estrategia rumbo a las elecciones en el Edomex y Coahuila en 2023, y la federal de 2024, así como la renovación de las dirigencias estatales y municipales, el papel de los gobernadores en funciones y la incorporación de las perdedoras en recientes contiendas.

El zacatecano dijo que en su contra se desataron intrigas palaciegas no tanto por su rechazo a la candidatura de Claudia Sheinbaum en 2017, decidida mediante encuestas de las que desconfía plenamente, sino por la pérdida de cargos electorales en la Ciudad de México en 2021. “No acepté ser chivo expiatorio de esa derrota”, señaló.

En el tema de 2017, asegura, durante horas habló con López Obrador, quien le habría pedido que siguiera en Morena. A esas alturas, reveló, estuvo cerca de ser candidato de una coalición opositora (integrada por PRI, PAN, PRD y el Verde), para buscar la jefatura del Gobierno capitalino, contra la abanderada de Morena, Sheinbaum.

Rechazó ser un traidor al movimiento encabezado por López Obrador y se preguntó dónde estaban, años atrás, algunos de los neomorenistas que se convierten en rudos descalificadores de constructores del partido. Aferrado, aseguró, a seguir peleando dentro de Morena, recomendó: no se ofusquen, nos van a necesitar a todos.