Lo que dicen los columnistas

¿Continuidad o salto al precipicio?

Max Cortázar

Excelsior

El próximo domingo 5 de junio, los electores de seis entidades federativas van a las urnas y, desde ahora, la estructura del Movimiento Regeneración Nacional exhibe signos de incertidumbre en varias de ellas. Condición que, más que una sorpresa, representa la reconfirmación de la pérdida de competitividad democrática por la falta de resultados en áreas sensibles de política pública federal, como son la seguridad o la reactivación económica; el agravio reiterado a segmentos de electores fuera de la base leal de Morena; el desastre de la administración pública, encabezada por gobernadores emanados de ese partido; así como la deficiente selección de candidaturas realizada por su dirigente nacional, la cual excluyó a aspirantes con mayores posibilidades de triunfo. Factores que han generado más dolores de cabeza que fortalezas a ese movimiento en las contiendas de este año.

Por ello, entre otros botones de muestra que ilustran debilidades, la conferencia de prensa realizada ayer por la cúpula morenista en el Senado de la República no puede ser leída desde la óptica de quienes tienen asegurado los triunfos electorales contundentes que presumen en medios, sino desde la perspectiva de quienes están viendo venir el voto de castigo de los ciudadanos. Algo va mal en una campaña cuando uno de los candidatos a gobernador, en lugar de dedicar tiempo a convencer votantes en los municipios de su estado, se ve urgido de volar a la capital del país a denunciar supuestas irregularidades de sus opositores sin mostrar la más mínima evidencia que respalde sus dichos. A estas alturas, algunos candidatos de Morena ya deberían saber que a fuerza de retórica resulta muy complicado el ganar elecciones.

No sólo siguen sin entenderlo, sino que Morena exhibe de manera pública sus más penosas contradicciones. Expongo aquí las dos más importantes. Primera, distintas voces morenistas denuncian elecciones estatales de Estado y exigen a los gobernadores mantenerse al margen del proceso electoral. Sin embargo, hay evidencia plena en medios de comunicación de que las únicas autoridades buscando incidir en el resultado de las contiendas estatales son las pertenecientes al gobierno federal.

Por un lado, con el involucramiento proactivo del gabinete. En este renglón resulta difícil recordar en el pasado alguna participación de secretarios de Gobernación y de Relaciones Exteriores en mítines de campaña; a diferencia de los actuales que, entre otras autoridades de primer nivel federal, hacen proselitismo abierto a favor de Morena, cuando debiera serles prioritario el respetar su encargo institucional de mantenerse como interlocutores imparciales hacia el resto de los órdenes de gobierno. Por el otro, mediante la manipulación electoral de los programas sociales para forzar a que los votantes sufraguen por el Movimiento Regeneración Nacional, a partir de la amenaza a ciudadanos de que, de no votar por este partido, podrían ser excluidos de recibir los beneficios sociales a los cuales tienen derecho irrestricto por su situación de vulnerabilidad. Ilegalidad que es operada por las brigadas de los programas de Bienestar, conformadas por supuestos servidores públicos, pero que, en realidad, son células de operación territorial del partido oficial. De ahí que, si hay alguna posibilidad de elección de Estado, es por los resortes de poder a los que tiene acceso Morena.

Una segunda contradicción refiere a que un régimen no puede apelar a desempeños públicos íntegros, cuando pone en la boleta a una serie de aspirantes con dudas crecientes sobre su reputación. En las elecciones de 2022 sobresalen los casos de Américo Villarreal, aspirante de Morena a la gubernatura de Tamaulipas, quien sigue sin aclarar la evidencia publicada en fuentes abiertas sobre sus posibles vínculos con organizaciones dedicadas al tráfico ilegal de combustibles, así como del posible financiamiento de éstas a la campaña de Villarreal y a la transportación aérea del mismo candidato y de Mario Delgado. Mientras, la aspirante de ese partido a la gubernatura de Aguascalientes, Nora Ruvalcaba, además de estar bajo sospecha por presuntas compras irregulares por montos millonarios a empresas fantasma, es exhibida con una denuncia en contra de su hija por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y defraudación fiscal. Si las candidaturas de ambos morenistas van a la deriva, es porque sus cualidades distan mucho de los discursos con los que quieren posicionarse frente a las sociedades que quieren gobernar.

Ante éstas y otras contradicciones, la decisión final está en la ciudadanía. El próximo 5 de junio, los votantes de Tamaulipas y Aguascalientes habrán de elegir entre la continuidad de administraciones opositoras estatales que, a pesar de las serias restricciones presupuestales y obstáculos políticos, se han volcado a atender las demandas legítimas de sus comunidades; o el salto al precipicio que sólo ha traído más inseguridad, más pobreza y menor desarrollo bajo la gubernatura de personajes afiliados a Morena en otras entidades del país.

Juegos de poder

Elecciones 2022

Leo Zuckermann

Excelsior

En 12 días se llevará el tercer evento político más importante del año. El primero fue la consulta popular de revocación de mandato del presidente López Obrador, el pasado 10 de abril. El segundo fue el rechazo a la reforma constitucional en la Cámara de Diputados que había enviado el Ejecutivo federal el 17 de abril. El tercer acontecimiento serán las elecciones para gobernador en seis estados del país el próximo 5 de junio.

Lo que está en juego es mucho. No sólo quién gobernará estas entidades, sino el balance de poder en los estados entre el gobierno y la oposición. Hoy, 18 de los 32 gobernadores son de la coalición que lidera AMLO. ¿Cuántos más se llevarán para expandir el poder regional del lopezobradorismo rumbo al 2024?

Veamos, por orden alfabético, cómo va la competencia en cada uno de los seis estados que estarán en disputa.

Aguascalientes es un estado muy dinámico económicamente hablando. Tiene el 1.1% de la población nacional y genera el 1.3% del Producto Interno Bruto (PIB) del país. Actualmente lo gobierna Martín Orozco, surgido del PAN. No apoyó a la alcaldesa de Aguascalientes en la contienda interna de ese partido. No obstante, Teresa Jiménez se quedó con la candidatura y logró conjuntar la alianza del PAN-PRI-PRD a su favor. Enfrentará a Nora Ruvalcaba, de Morena, y a Anayeli Muñoz, de Movimiento Ciudadano (MC). Primera vez en México que sólo mujeres aparecerán en una boleta estatal. Enhorabuena. Las encuestas preelectorales demuestran que Jiménez es la favorita para ganar, por lo que mi pronóstico es que ese estado seguiría bajo el control del PAN.

Durango tiene el 1.5% de la población nacional y representa el 1.2% del PIB. Lo gobierna el panista José Rosas Aispuro. Los candidatos son Marina Vitela Rodríguez, de la alianza Morena-PT-PVEM-RSP; Esteban Villegas, del PAN-PRI- PRD, y Patricia Flores, de MC. Las encuestas ponen arriba a Villegas por un margen estrecho. Es uno de esos casos donde la candidatura de MC podría hacer la diferencia para que el resultado se vaya hacia un lado o el otro. No obstante, creo que, al final, la oposición retendrá este estado.

Hidalgo es una de las pocas entidades donde nunca ha habido alternancia. Siempre gobernado por el PRI, tiene el 2.4% de la población nacional y el 1.53% del PIB. El gobernador es Omar Fayad, quien, a pesar de ser priista, es muy cercano a AMLO. Los candidatos son Julio Ramón Menchaca, de Morena-PT- Panal; Carolina Viggiano, del PAN- PRI-PRD, y Francisco Berganza, de MC. Las encuestas preelectorales muestran una preferencia holgada a favor de Menchaca.  Viggiano podría perder por los votos que se vayan hacia MC. Mi pronóstico: estará competido, pero, al final, se dará la alternancia en Hidalgo, ganando Morena.

Oaxaca es el estado más poblado de los seis en disputa: el 3.3% de la población nacional, pero con una gran pobreza: sólo genera el 1.4% del PIB. Lo gobierna otro priista muy cercano a AMLO: Alejandro Murat. Los candidatos son Salomón Jara, de Morena-PT-PVEM y un partido local; Alejandro Avilés, del PRI-PRD; Natividad Díaz, del PAN, y Dulce Alejandra García, de MC. Como no hubo alianza del PAN con el PRI-PRD, al parecer un “regalito” del gobernador Murat a Morena, Jara será, con toda probabilidad, el próximo mandatario oaxaqueño.

Quintana Roo, con su fabuloso crecimiento por el turismo, ya cuenta con el 1.5% de la población nacional y genera el 1.6% del PIB. Lo gobierna Carlos Joaquín González, formalmente panista, pero, en realidad, miembro de una prominente familia política del estado. Los candidatos son Mara Lezama, de Morena-PT-PVEM y un partido local; Laura Fernández, del PAN-PRD y otro local; Leslie Hendricks, del PRI, y José Luis Pech, de MC. Las encuestas le dan un triunfo holgado a Lezama, en parte porque, como en Oaxaca, PAN, PRI y PRD no fueron unidos. Mi pronóstico: gana Morena.

Finalmente está Tamaulipas, uno de los estados más asediados por la delincuencia, pero que ha mejorado en sus índices de seguridad. Tiene el 2.8% de la población nacional y el 3% del PIB. Lo gobierna el polémico panista Francisco García Cabeza de Vaca, uno de los perseguidos judiciales de la Fiscalía de la República durante este sexenio. Los candidatos son Américo Villarreal Anaya, hijo de un popular exgobernador, por la alianza Morena-PT-PVEM; César Verástegui, del PAN- PRI-PRD, y Arturo Díez, de MC. Las encuestas ponen arriba a Villarreal y, al igual que en otros estados, el voto que se lleve MC puede resultar fundamental para el resultado. Mi pronóstico: será una elección cerrada y puede convertirse en la gran sorpresa de la jornada electoral.

Midiendo el estado de derecho en México

Santiago Nieto Castillo

La Jornada

Hace unos días se dio a conocer la tercera edición del Índice de estado de derecho 2021-2022 correspondiente a nuestro país, el cual se presenta desde 2018 como un diagnóstico relevante sobre cómo andamos en rubros que, de acuerdo con la metodología de dicho índice, se consideran manifestaciones de un estado de derecho, concebido como un principio de gobernanza en el que aplican cuatro principios universales: rendición de cuentas, leyes justas, proceso justo y mecanismos accesibles e imparciales para resolver disputas, además de constituir uno de los pilares sobre el cual las sociedades pueden alcanzar una democracia efectiva. El estado de derecho es, incluso, como lo ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, una condición esencial de las sociedades democráticas, junto con los derechos y libertades inherentes a la persona y sus garantías, que a la par constituyen una tríada en la que cada uno se define y complementa en función de los otros.

Los rubros o factores que integran el índice, en ese orden, son límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal. Conforme a los resultados publicados, se destaca un estancamiento en el progreso del país hacia un estado de derecho robusto, impactado en gran medida por los estragos de la pandemia de covid-19. Según se desprende de este informe, en la mayoría de los estados las instituciones de justicia se vieron particularmente afectadas por esta situación. Los datos también muestran un debilitamiento de la libertad de prensa y una tendencia en la reducción del espacio cívico en la mayoría de las entidades federativas, que se agudizó durante la crisis sanitaria. De igual manera, se enfatiza que la seguridad pública sigue siendo uno de los mayores desafíos en el país y, si bien se señala que 19 estados registraron una disminución en sus tasas de incidencia (claramente vinculadas con el contexto mismo de la pandemia, la paralización de actividades económicas y de movilidad en el país y en el mundo), no puede dejar de señalarse que cifras oficiales evidencian el incremento disparado, en este mismo periodo, de denuncias por violencia contra las mujeres en sus hogares y casos reportados de feminicidios en todo el país.

Tenemos entonces que, en una escala de 0 a 1, donde 1 indica la máxima adhesión al estado de derecho, los estados que mostraron los puntajes más altos fueron Querétaro (0.49), Yucatán (0.47) y Guanajuato (0.46). En cambio, las entidades con los puntajes más bajos fueron Quintana Roo (0.36), Morelos (0.35), y Guerrero (0.34). Sin embargo, de manera general, los resultados apuntan a que 14 estados continúan mostrando un estancamiento, incluso un deterioro en sus estados de derecho locales, mientras 12 permanecieron sin cambios, lo cual se puede explicar por tres tendencias. La primera es un debilitamiento de los contrapesos institucionales a los gobiernos estatales y un cierre del espacio cívico, la segunda es un deterioro en los sistemas de justicia penal y la tercera es la falta de avances en materia de anticorrupción.

El primer supuesto, que se refiere al primer factor, se explica, en parte, al debilitamiento de los congresos locales y del poder judicial para actuar como contrapesos frente al ejecutivo estatal y, por otra, a la contracción del espacio cívico, que relativiza la efectividad de la sociedad civil, los partidos políticos y la prensa para actuar como un contrapeso real al poder público. En este rubro, se identifica una caída de 17 estados y 15, respectivamente.

En el segundo supuesto, relativo al último factor, se detectan caídas en 14 entidades en indicadores consistentes a la garantía a los derechos de las víctimas; adhesión al debido proceso, y la imparcialidad, independencia y ausencia de corrupción en el sistema de justicia penal. Por otro lado, la parte más preocupante es, como se ha señalado en diversos diagnósticos, encuestas e índices de calidad en los últimos años, la poca efectividad de las investigaciones hechas por la policía y el Ministerio Público, que continúa a la baja a nivel nacional en 18 estados. Muestra de ello es la cifra negra, que ya se había señalado en este mismo espacio, que llegó a 93.3 por ciento en el país en 2021, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) del Inegi.

Finalmente, la tercera tendencia se refiere al factor ausencia de corrupción, la cual muestra una falta de avances, cuyo índice cayó en 16 estados (Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, estado de México, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas y Yucatán), y se mantuvo sin cambios en 11. Los indicadores con más caídas fueron la ausencia de corrupción en el poder judicial; en los sistemas de seguridad y procuración de justicia y la ausencia de corrupción entre las autoridades del poder ejecutivo estatal.

Como podemos observar, los indicadores del Índice del estado de derecho en México 2021-2022 del World Justice Proyect constituyen una enorme área de oportunidad en materias muy específicas, que es necesario revisar y atender si queremos un país cuyas aspiraciones sean que las instituciones funcionen para lo que fueron creadas y se logren resultados, de manera que en esa medida, en un futuro no muy lejano, podamos medir los avances en la calidad de vida de los mexicanos con apego irrestricto a los derechos humanos, en función de los esfuerzos de las instituciones que conforman el Estado mexicano que estén determinadas a fortalecer la participación de la sociedad civil en los asuntos públicos, así como a la voluntad política que se requiere en los tres niveles de gobierno.

México SA

FMI: tantos años de marquesa// Sufre por descontento popular// Bailleres roba a ejidatarios

Carlos Fernández-Vega

La Jornada

Tantos años de marquesa y aún dice sorprenderse con este abanico: las protestas sociales han aumentado en el mundo a los niveles más altos desde el inicio de la pandemia; la gente vuelve a las calles y existe el riesgo de que avancen los disturbios a medida que ceden los confinamientos y crece el impacto por el encarecimiento de alimentos y energéticos; van al alza las manifestaciones de descontento popular, incluso en países donde no son usuales.

He ahí la histérica reacción del Fondo Monetario Internacional (FMI) ante el cada día más caliente y complicado ambiente social en el mundo, cuyas causas pretende limitar a los tiempos pandémicos, cuando a lo largo de sus casi 80 años de existencia el organismo no ha hecho otra cosa que fomentar la desigualdad, el hambre y la deuda social, gracias a sus draconianas políticas de ajuste –siempre en beneficio de la minoría– que han destrozado los de por sí precarios niveles de bienestar de miles de millones de habitantes de este sufrido planeta.

La marquesa financiera sólo cosecha lo que a lo largo de su existencia ha sembrado, pero ahora se dice sorprendida por el creciente malestar social (descontento popular, le llama), incluso en países donde las manifestaciones de repudio no son usuales; es decir, en economías del primer mundo para las que el FMI trabaja con afán “por el bien de su bienestar. Lo ejemplifica con casos en Canadá, Austria, Países Bajos y Nueva Zelanda, pero subraya que hay manifestaciones antigubernamentales grandes y de larga duración en economías avanzadas, donde los disturbios son relativamente raros ( La Jornada, Dora Villanueva).

La porosa memoria del FMI (que funciona a conveniencia) no registra su tétrico historial en las naciones del tercer mundo. ¿No recuerda, por ejemplo, el pavoroso tiradero social que dejó en México durante el régimen neoliberal, cuando las protestas sociales –y la represión gubernamental– eran cotidianas? ¿Los destrozos en Chile, Argentina, Perú, Ecuador, Bolivia, Centroamérica y demás integrantes de la patria grande? No, ni la menor idea, pero qué tal de la pandemia, sin mencionar que esta emergencia sanitaria sólo mostró lo que el organismo financiero ha promovido durante sus casi ocho décadas de existencia: concentración de la riqueza y el ingreso, por un lado, y desigualdad y miseria por el otro. Pero ahora está aterrorizada porque la marea alcanza al primer mundo.

La información publicada por La Jornada detalla que el FMI realiza un indicador con base en las menciones de descontento ciudadano en 130 países, el cual está en su techo desde el inicio de la crisis sanitaria por el covid-19, pero por debajo de 2019, cuando una ola de protestas comenzó en Chile y se extendió a otros puntos de América Latina en octubre y noviembre, y fueron simultáneas a algunas protestas en Argelia, Irán e Irak. Las exigencias desde las calles se redujeron con la llegada de la pandemia, pero se registraron algunas ligadas al clamor de justicia racial en Estados Unidos, por conflictos interétnicos en Etiopía y antigubernamentales en Brasil, Líbano y Bielorrusia. También las hubo en Canadá, Nueva Zelanda, Austria y los Países Bajos, así como en Kazajistán y Chad. En esa coyuntura global se ejecutó un golpe de Estado en Burkina Faso, protestas regionales en Tayikistán, así como una crisis constitucional en Sudán.

Y muchas más, pero, dice con lágrimas que las protestas aún pueden aumentar e imponercostos económicos significativos para el manejo gubernamental de las economías, es decir, el motivo de su “preocupación por el veloz cre-cimiento de las protestas no es la elevadísima deuda social que ha promovido a lo largo de su existencia, sino porque representa un riesgo para la recuperación de la (hiperconcentrada) economía mundial, dado que la incertidumbre impacta en el consumo y la producción (de los países altamente industrializados). Entonces, para el FMI lo demás es lo de menos.

Las rebanadas del pastel

¿Alguien, en el gobierno federal, recuerda su obligación de poner un hasta aquí a los depredadores barones de la minería? Parece que no, porque hacen lo que se les pega la gana. Ahí está el caso de la empresa Penmont, propiedad de la familia Bailleres, que atraca a los ejidatarios de El Bajío, municipio de Caborca, Sonora. Por cierto, al servicio de ese clan marca Forbes está la otrora secretaria calderonista de Energía, Georgina Kessel.