Lo que dicen los columnistas

¿Regresa el fraude patriótico?

Agustín Basave

Proceso

Si la (el) candidata(o) de Morena perdiera la próxima elección presidencial, ¿entregaría AMLO la banda a un conservador dispuesto a enajenar la nación, como juzga a todos sus “adversarios”?

La democracia es exigente. Sólo funciona a plenitud en condiciones difíciles de alcanzar: ciudadanía madura y refractaria a fanatismos, medios veraces y críticos, altos estándares de educación y bajos niveles de desigualdad. A ello se refería Churchill cuando la catalogó como el peor sistema que existe con excepción de los demás que se han inventado. Con todo, la precariedad democrática, la que suele darse en sociedades que incumplen esos requisitos, es preferible a la autocracia más refinada.

El problema con las posturas fundamentalistas es que dificultan la transición pacífica del poder. Polarizan, cierran la puerta a la pluralidad, socavan el reconocimiento de la legitimidad del contrincante, invocan encono y crispación. La democracia se descompone cuando un partido o movimiento deslegitima a los demás y se arroga la exclusividad de la representación popular. Si se proclama que el triunfo de la oposición haría que la nación misma dejara de existir, si la descalificación del otro llega al extremo de tacharlo de vendepatrias, de ilegítimo y en consecuencia de inelegible, se atenta contra la posibilidad de la alternancia.

El debate en torno a la reforma eléctrica del presidente López Obrador mostró cómo se llega a ese nefando escenario. Los prolegómenos estaban ahí: desde 2018 se estigmatiza desde la Presidencia a todo aquel que se le oponga: se le mete a empellones en la bartolina conceptual del “conservadurismo” con los epítetos de corrupto, hipócrita, clasista, racista y un ominoso etcétera. Pero lo que AMLO y Morena arrojaron a los diputados que osaron votar contra su proyecto es un anatema de deshonra que rompe su propio récord de intolerancia: si antes separaba a la población entre los honestos de la 4T y los corruptos opositores, ahora la divide entre los mexicanos que lo siguen y los apátridas que rechazan la única opción para fortalecer al país –la suya– que es concebir a la Comisión Federal de Electricidad no como un medio sino como un fin en sí mismo.

Dice AMLO que nadie pudo votar en contra de su propuesta por convicción, que quienes lo hicieron son entreguistas o fueron comprados por empresas extranjeras. El discurso maniqueo de que el oficialismo detenta el monopolio del amor a México y que en la oposición no hay patriotas es francamente estúpido. De esa lógica emanó la barbaridad de que quienes no apoyaron la iniciativa de AMLO traicionaron no al presidente sino a la mismísima patria, que él encarna, y una ridícula posdata: quienes aprobaron la reforma de Peña Nieto y ahora respaldaron la de AMLO fueron una suerte de héroes alienados.

El debate en el pleno de la Cámara de Diputados fue vergonzoso. Salvo raras excepciones, campeó el dogmatismo en las filas gobiernistas, cuyos integrantes se enfrascaron en una abyecta competencia por el campeonato de complacencia al Señor Presidente. Como en los peores tiempos del culto a la personalidad, no esgrimieron nuevas tesis: se limitaron a declamar los mantras del templo mañanero, a recitar las invectivas presidenciales. Tampoco acusaron a los opositores de estar equivocados en el camino que creen benéfico para los mexicanos; los injuriaron y los difamaron impunemente.

AMLO pudo haber enmendado las disposiciones constitucionales en materia eléctrica si hubiese actuado con una pizca de humildad. En lugar de eso, con soberbia supina, él y sus acólitos ofendieron y ofenden a diputadas y dipu­tados de bien –que los hay– que quieren a su país pero discrepan de la 4T. El daño que le hace a México ese fundamentalismo, que en cualquier momento puede pasar de la violencia verbal a la violencia física, es incalculable.

En tales circunstancias es válido el cuestionamiento: si la (el) candidata(o) de Morena perdiera la próxima elección presidencial, ¿entregaría AMLO la banda a un conservador dispuesto a enajenar la nación, como juzga a todos sus “adversarios”? Y si lo vetara, ¿no sería esa posición maximalista equivalente a la de quienes le endilgaron el infame mote de “un peligro para México”? Atención: lo que quedaba del mantra de “no somos iguales” se cayó a pedazos en la consulta revocatoria, cuando AMLO recurrió al acarreo, al uso clientelar de programas sociales y a otras marrullerías de sus antecesores. En 1986, en Chihuahua, se acuñó el término “fraude patriótico”.

El PRI-gobierno impidió a la mala la victoria del candidato del PAN a la gubernatura de ese estado bajo la peregrina excusa de que si la derecha gobernara una entidad fronteriza existía el peligro de perder territorio a manos de Estados Unidos. El robo de votos se convirtió así en un acto de patriotismo. ¿Qué hará AMLO en 2024 si están a punto de triunfar quienes, según pregona, personifican la antimexicanidad? Sé que le indigna que se le considere capaz de perpetrar aquello contra lo que luchó, pero no puede refutar dos verdades: 1) en la revocación de mandato presidió una elección de Estado; 2) usar el aparato estatal para obtener los resultados deseados es hacer una elección fraudulenta. Como diría Fernando del Paso, el fraude suele realizarse antes de la jornada electoral.

Al adversario se le derrota, al enemigo se le destruye. A quien se le cree buen mexicano, cuyas ideas se asumen erradas, se le combate en las urnas y se respeta su derecho a gobernar si la mayoría lo decide. A quien se tilda de mal mexicano, al que el poderoso acusa de traición, se le frena, haiga sido como haiga sido. Así no se precariza la democracia: así se intenta demolerla.

Razones

El peor mes del Presidente

Jorge Fernández Menéndez

Excelsior

En todo este mes de abril, pero sobre todo desde que fue rechazada en la Cámara de Diputados, como era previsible, la reforma constitucional sobre electricidad, Andrés Manuel López Obrador ha mostrado su peor cara presidencial: una intolerancia a su máximo nivel, la polarización llevada a extremos que ningún otro presidente de la historia contemporánea de México ha ejercido, calificando de traidores a la patria a todos los que estén en desacuerdo con sus propuestas, una necedad inadmisible en un mandatario que no duda en romper, distanciarse o incluso, en ocasiones, insultar, no sólo a sus opositores, sino a sus socios comerciales, a empresarios y gobiernos extranjeros, la utilización del Congreso, por vía expedita (y como una forma de resarcirse de la derrota en la reforma constitucional), de una nacionalización del litio que, en realidad, ya era de la nación y no está siendo explotado ni tiene, hoy, el país posibilidades reales de hacerlo desde el sector público.

Nadie debería asombrarse: en todas las crisis de su vida política, el ahora Presidente ha optado por la fuga hacia adelante, jamás ha hecho una autocrítica, jamás ha aceptado un error, no ha tendido una mano a sus adversarios para llegar a acuerdos, salvo los que él mismo impone. Así fue en las elecciones para gobernador en Tabasco o en 2006, cuando pareció querer ratificar aquel eslogan de que era un peligro para México, en lugar de buscar colocarse en el centro: allí fue cuando perdió esa elección, por sus propios errores, no por fraude alguno.

En ocasiones, esa fuga hacia adelante, sin medir consecuencias, le permitió algunos éxitos coyunturales en su época de líder opositor, pero también derrotas estratégicas, sobre todo ahora que no ha asumido, después de casi cuatro años en el poder, que su papel es otro: es el de un Presidente que debe gobernar para todos, sin entender que el haber ganado una elección no le da patente para hacer lo que desee, ignorando los contrapesos institucionales.

Pero eso no es lo más grave: lo verdaderamente grave es que en ese tumulto de descalificaciones y polarización, se están obviando, ocultando o ignorando los verdaderos, gravísimos problemas que vive hoy el país.

Comencemos por la seguridad y dentro de ella, la violencia contra las mujeres y los feminicidios. El caso de la joven Debanhi ha servido como un catalizador de las demandas que se vienen acumulando desde hace meses: los números son brutales, 10 mujeres son asesinadas cada día en el país, nadie sabe con certeza el número de niñas y mujeres desaparecidas, los feminicidios sólo en abril rondarán en los 300, el número de mujeres asesinadas en 2022 será, siguiendo la tendencia actual, de alrededor de 3 mil 500.

Es inevitable retrotraernos a la época de las mujeres muertas en Juárez, con la enorme diferencia de que ahora estallan algunos puntos como Nuevo León, pero en realidad estamos hablando de una violencia generalizada. En 22 estados del país tienen activada la alerta de género y ninguno hace nada, el gobierno federal, tampoco. Y no sólo hablamos de asesinatos: la forma en que son muertas las niñas, jóvenes, mujeres, suele ser brutal: siempre abusadas, descuartizadas, metidas en bolsas, arrojadas como basura.

Como en aquellos años de Juárez, el tema le parece a las autoridades locales y federales como una simple consecuencia de la violencia general, se responsabiliza a las mujeres por salir, por cómo se visten, por ir a fiestas, desaparecen porque se van de novias. Y no existe un programa, una política, una estrategia que intente frenar la violencia actual y prevenga la futura. Ni siquiera existe el gesto humanitario: si se comparan las horas que el Presidente se ha dedicado a hablar de Carlos Loret de Mola, violando además sus derechos básicos a la privacidad, comparadas con las que le ha dedicado a los feminicidios o, incluso, en esta coyuntura del caso de Debanhi, se puede tener la verdadera dimensión del desinterés gubernamental.

La economía se encuentra, mientras tanto, en una coyuntura crítica. Hemos perdido, porque nunca nos subimos a él, el carro de la recuperación pospandemia, porque nos cerramos cada vez más a las inversiones, a los nuevos ciclos productivos, a las energías limpias e, incluso, a las tendencias globales, para intentar regresar, vanamente, a los años 60, a políticas, propuestas y visiones de hace más de medio siglo. La inflación comienza a estar en niveles que hacen cada día más difícil su manejo porque además se combina con el estancamiento económico.

No tenemos gasolinazos, pero vamos a despilfarrar más de 300 mil millones de pesos en subsidios a la gasolina, o sea en un gasolinazo indirecto y en un subsidio que paradójicamente apoya a los que más tienen. Las inversiones están paralizadas. La imagen exterior de México, en los suelos, con la reticencia presidencial a condenar la invasión rusa a Ucrania. Las relaciones con nuestros principales socios comerciales, Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea, y dentro de ella, España, en su peor momento en mucho tiempo.

Ese ambiente de tensión, intolerancia y lejanía se termina reflejando en la estructura gubernamental, en un equipo más dividido que nunca, con enfrentamientos internos en casi todos los ámbitos, con una Fiscalía General que se derrumba y ante la cual el Presidente no toma decisión alguna.

Un Presidente solo, enojado, empecinado en una agenda ideológica alejada de la realidad y sin interlocutores viables, tanto con él como con los demás, porque los que tenía ya no están o fueron sumados al carro de la ruptura. Y ya, en el cuarto año, en pleno proceso sucesorio.

Juegos de poder

La construcción de la narrativa de la elección del 2024

Leo Zuckermann

Excelsior

Como el Presidente no tiene un candidato que llene sus zapatos (por su personalidad y estilo tampoco podría tenerlo), desde ahora está construyendo la narrativa que la elección presidencial del 2024 será épica, histórica, de consecuencias graves para el futuro de la República. Desde Palacio Nacional, y el consiguiente eco de las redes gubernamentales y morenistas, se está proyectando una elección entre héroes y villanos, leales y traidores, honestos y corruptos, nacionalistas y vendepatrias. Ellos, desde luego, son los primeros, los eternos buenos que enfrentarán a las oscuras fuerzas del mal.

Tiene sentido esta estrategia. Para su desgracia, López Obrador no puede reelegirse. Por tanto, deberá designar a un candidato que pueda ganar la elección del 2024, su principal objetivo político en lo que resta de su sexenio. El problema es que los posibles aspirantes de Morena no tienen ni el carisma ni la popularidad del Presidente.

Su favorita, Claudia Sheinbaum, duerme a un niño hiperactivo. Lo suyo no son, ni de lejos, las arengas en las plazas. Tiene otras virtudes, pero no es carismática, esa cualidad que el sociólogo Max Weber definió como algo extraordinario en un político/a: del líder con autoridad porque cuenta con fuerzas o propiedades excepcionales a los ojos del público.

El miércoles antes de la consulta de revocación de mandato, Sheinbaum organizó un evento en el Monumento a la Revolución para enseñar el músculo de la movilización política de Morena en la capital. Intentó, como viene haciendo desde las elecciones intermedias del año pasado, imitar a López Obrador; una especie de clon. El resultado fue penoso por la falsedad del remedo. Un fracaso porque los políticos, por más que se esfuercen, no son actores. Cada uno tiene su estilo peculiar y el de Claudia no es el de AMLO.

Marcelo Ebrard tampoco derrocha mucho carisma que digamos. No tiene la capacidad de conectar con la gente como el Presidente. Puede incluso parecer arrogante. Pero, a diferencia de Sheinbaum, no trata de imitar a su jefe porque sabe que es imposible hacerlo.

Quizá el más parecido a López Obrador sea Adán Augusto López: es tabasqueño, habla como tabasqueño, se parece físicamente al Presidente y se apellida López. Si de imitaciones se tratara el 24, el secretario de Gobernación lleva la ventaja.

Sin embargo, cualquiera que sea de los tres, el hecho es que AMLO sólo hay uno y su nombre no aparecerá en la boleta en la próxima elección presidencial. Y ya sabemos que es muy difícil, si no es que imposible, trasladar el carisma y la popularidad de un Presidente a su candidato.

En este contexto, y con el fin de movilizar al electorado, lo que conviene es calentar la plaza pública. Y qué mejor forma de hacerlo que polarizar a los votantes definiendo la elección como épica. La epopeya de la nación que otra vez enfrentará una cita con la historia, la de bronce, de los libros de texto gratuitos, donde sólo existen buenos y malos. Los primeros que, a lo mejor, no tienen un candidato carismático, pero sí las mejores intenciones frente a los segundos que, a lo mejor, tendrán un candidato con mayor arrastre, pero con las peores pretensiones para el país.

De ahí que, terminada la votación de la reforma eléctrica en la Cámara de Diputados, donde no se logró la mayoría calificada para enmendar la Constitución, desde Palacio Nacional, haya salido la campaña de tildar a los opositores como traidores a la patria. Desde luego que no lo son. En una democracia liberal, nadie que piense distinto en cuál es la mejor manera de proveer y regular el mercado eléctrico, puede calificarse de eso.

Al gobierno y su partido no le importan estas menudencias. Lo que les interesa es ganar en 2024 y lo van a intentar imponiendo una narrativa sobre una elección histórica donde los votantes tendrán dos opciones: Luke Skywalker o Darth Vader. ¿Quién, en su sano juicio, quisiera votar por un traidor a la patria?

Se trata de una estrategia maniquea que parece de las primeras películas infantiles de Walt Disney (las más recientes son más complejas). Apela a un nacionalismo ramplón. Pero puede funcionar, aunque a un precio muy alto. Cuando a los adversarios políticos se les tilda de traidores, se cierra la posibilidad del diálogo y la negociación, condiciones necesarias para la gobernabilidad en una democracia. Yo no dudo que el candidato de AMLO gane en 2024, pero, como vimos estos días, el próximo Presidente tendrá enormes dificultades para conseguir los votos de los opositores diabólicos para sacar adelante su agenda de gobierno en el Congreso.

Nuestro litio y los tratados de inversiones

Manuel Pérez Rocha L.*

La Jornada

Frustrados quedaron los vendepatrias de administraciones anteriores y empresas mineras que se salivaban con el litio de nuestro país. Advierten que la nacionalización del litio en México contraviene al T-MEC. La verdad es que el capítulo 14-E de este tratado se limita a proteger a empresas con contratos de gobierno de sectores que no incluyen al sector minero (ver sectores en página 14-E-3, https://bit.ly/3jZX5ac).

No obstante, se tienen que tomar en cuenta otros tratados. Para empezar, el capítulo de inversiones vigente hasta el 31 de junio de 2023 sigue siendo, bajo la llamada cláusula de legado del T-MEC, el capítulo 11 del TLCAN, que sí incluye minería y por lo cual la 4T sabe bien que no puede rescindir contratos a empresas mineras canadienses o estadunidenses. Así lo precisó López Obrador: Se van a revisar todos los contratos, los autorizados para litio.

No se suspenden los contratos para otros minerales, no es para la plata, no es para el oro, para el cobre, es litio. Tampoco se podrán rescindir contratos mineros cuando expire la cláusula de legado, ya que México es parte del Tratado Transpacífico (TPP) del cual Canadá es parte, y trasnacionales estadunidenses también podrían demandar a México domiciliándose en ese país.

En el anuncio de AMLO de una revisión de contratos otorgados para la explotación del litio ( La Jornada, 22/4/20) es esencial saber si se han otorgado concesiones de explotación a empresas estadunidenses y canadienses que pudieran usar la cláusula de legado del TLCAN. Lo que sí sabemos es que hay una concesión previamente otorgada para la explotación de litio en el yacimiento de Sonora, el mayor del mundo, a la empresa con capital chino Bacanora Lithum, subsidiaria de Ganfeng Lithium, el mayor productor de litio en el mundo y cuya concesión, según reportes, le permitiría extraer 35 mil toneladas por año de carbonato de litio (https://bit.ly/3vciiUN).

Al revisar esta concesión hay que prever si Ganfeng Lithium puede acudir al Acuerdo de Protección y Promoción Recíproca de Inversiones (APPRI) entre México y China, firmado en 2009 (https://bit.ly/3v4fCsa), para demandar a México. En su artículo 7 queda establecido que 1. Ninguna Parte Contratante podrá expropiar o nacionalizar una inversión, directa o indirectamente a través de medidas equivalentes a expropiación, excepto (a) por causa de utilidad pública, (b) sobre bases no discriminatorias, (c) con apego al principio de legalidad y (d) mediante el pago de una indemnización conforme al párrafo 2 siguiente: 2. La Indemnización (a) sea equivalente al valor justo de mercado que tenga la inversión expropiada antes de que la expropiación sea llevada a cabo, (b) sea pagada sin demoras, (c) incluya intereses. Y el artículo 13 de este APPRI establece que Un inversionista contendiente podrá someter la reclamación a arbitraje de conformidad con el convenio del CIADI (del Banco Mundial), del cual México y China son miembros.

Empresas chinas ya han realizado varias demandas inversionista-Estado y actualmente tienen tres casos pendientes, notablemente una de Wang y otras empresas contra Ucrania por la impagable cantidad de 3 mil 500 millones de dólares. Dicho sea de paso, además del asedio militar ruso, Ucrania tiene cinco demandas pendientes, tres de empresas rusas y dos de Países Bajos (tema para otro artículo).

El análisis de los contratos de litio, y en general del desempeño de empresas extranjeras en México, incluyendo las de generación eléctrica e hidrocarburos, obliga a la 4T a una profunda revisión de los beneficios y perjuicios de los tratados de libre comercio y los APPRI firmados por gobiernos entreguistas del PRIAN desde Salinas de Gortari. México se encuentra hoy entre los seis países más demandados del mundo por inversionistas extranjeros ante tribunales de arbitraje supranacional, y es el tercer país más demandado de América Latina y el Caribe (después de Venezuela y Argentina).

El arriba citado APPRI con China tiene una cláusula de expiración de 10 años, por lo que desde 2019 se puede terminar unilateralmente. De hecho, de los 31 APPRI que México tiene firmados, 21 podrían ser terminados, pues pasaron la fase inicial de 10 o 15 años que estipula el tratado para su vigencia, con lo cual México tiene la oportunidad de salirse de más de 2/3 de todos sus tratados bilaterales de inversión (https://isds-americalatina.org/perfiles-de-paises/mexico/). Hasta en el T-MEC se estipula que Para mayor certeza, las Partes del Anexo (México y Estados Unidos) podrán acordar la modificación o eliminación de este Anexo (14-E-3).

El 28 de abril de 2020, en pleno comienzo de la crisis del covid-19, México y la Unión Europea anunciaron el final de la negociación de la modernización de su TLC con la Unión Europea (TLCUEM), vigente desde el año 2000, y firmaron un acuerdo de principio cuya novedad es la inclusión de un capítulo de protección de inversiones, que el viejo TLCUEM no tenía y que sustituiría todos los APPRI entre México y países miembros de la UE.

Con este nuevo capítulo, las privatizaciones y reformas entreguistas en el sector energético de gobiernos pasados se blindarían aún más, y los esfuerzos de la 4T de recobrar la soberanía energética y los recursos naturales se seguirían enfrentando a una andanada de demandas sin fin. Ya veremos cómo, ante la nacionalización del litio en México (y otros países como Bolivia), la voracidad de empresas extractivas e instituciones como el Banco Mundial se confabulan.

* Investigador del Institute for Policy Studies, www.ips-dc.org.

El sureste de México en el contexto geopolítico

Andrés Barreda e Hipólito Rodríguez *

La Jornada

El 22 de abril, el Presidente hizo una defensa estratégica de nuestro país frente al discurso belicista que actualmente difunde el gobierno estadunidense. Estamos por una cultura de paz, afirmó, y no aceptamos que se invada y se viole la soberanía que cada Estado tiene sobre su territorio. En un escenario tan simbólico como es el puerto de Veracruz, y ante el embajador Ken Salazar, el Ejecutivo federal recordó las invasiones que hace 100 años Estados Unidos impulsó y que fueron rechazadas de forma contundente por Venustiano Carranza.

A lo largo de su intervención, López Obrador mostró que, según los datos del Fondo Monetario Internacional (https://www.visualcapitalist.com/cp/biggest-trade-partner-of-each-country-1960-2020/), los espacios de cooperación interregional vienen registrando cambios notables. Si en los años 60, Estados Unidos y Europa concentraban buena parte de los movimientos de intercambio global, hacia 2020 el peso de China se situaba ya a la par de nuestro vecino del norte, dejando en tercer lugar a la Unión Europea.

Las enseñanzas son claras: a lo largo del proceso de globalización, las regiones pueden potenciarse si se constituyen relaciones de intercambio que aprovechen las ventajas comparativas e impulsen inversiones que tomen en cuenta su potencial. América Latina podría mejorar su posición en el mercado mundial, pero para ello se requiere que cambien las reglas: lo que está en juego es la reorganización histórico planetaria del patrón de acumulación del capital.

América Latina puede configurar con Estados Unidos una alianza que, con equidad, contribuya a formar un espacio económico en beneficio de los habitantes de la región, lo cual implicaría un reajuste histórico de la forma económica, política, jurídica, cultural y militar con que hemos sido tratados desde hace 200 años. El Presidente abrió una reflexión a la cual es clave se sumen todos los gobiernos del continente: sin excluir a ninguno, ello implica considerar a todas las naciones que han quedado marginadas por la voracidad imperial y los residuos de la guerra fría.

El desarrollo regional en México está marcado por la desigualdad. Donde más pobreza y atraso tenemos es en el sureste del país. Durante muchos años, los economistas de todas las escuelas que existen en México han subrayado ese desequilibrio. Pero, a pesar de la coincidencia de que es indispensable revertir esa historia de desigualdad, muy poco se hizo durante el periodo neoliberal. Todos recordarán los escritos de Santiago Levy y colaboradores sobre El sur también existe. De esos textos nunca surgió una efectiva política de desarrollo regional. Y eso es lo que acaso sea importante subrayar en este momento: el gobierno de AMLO es el primero en décadas en promover inversiones industriales y de infraestructuras orientadas a contribuir a neutralizar la desigualdad regional en México.

Los tres proyectos que impulsa el mandatario (Tren Maya, refinería Dos Bocas y Proyecto del Istmo de Tehuantepec) constituyen un hito en la historia económica de México. A pesar de contar con una gran riqueza, en el pasado el sureste, más que mejorar su situación relativa, vio decaer sus posibilidades de desarrollo. Las razones de ese declive se encuentran, como bien señaló López Obrador, en la corrupción. El caso de la energía eólica es ejemplar: su potencial fue acaparado por algunas empresas extranjeras.

En ningún momento se consultó ni se invitó ni se apoyó a sus legítimos e históricos propietarios al desarrollo de empresas colectivas, como existen en Dinamarca. A ellos, sólo migajas se ofreció. El caso de la energía basada en hidrocarburos es similar. Durante años se permitió que las empresas privadas sobrexplotaran los recursos nacionales. Por mandato estadunidense, se alentó la chatarrización del complejo petroquímico más importante de toda América Latina.

Los habitantes y trabajadores de la región cuestionaron esas prácticas y denunciaron la contaminación química que envenenaba a la población y a sus ecosistemas. Hoy, el desastre sanitario que actualmente se padece en la región es casi inefable. El caso del turismo es también ejemplar. Los mejores paisajes se cedieron a las empresas privadas, muchas de ellas extranjeras, violando programas de ordenamiento ecológico y reglamentos del INAH. El desastre hizo que la región se asemejara a las costas mediterráneas de España: la saturación de instalaciones hoteleras sobre líneas de playa, haciendo que el anterior paraíso se convirtiera en amontonamiento de privilegios y exclusiones.

Bien subrayó el Presidente que abatir la corrupción libera recursos y neutraliza la desigualdad: su gobierno ha conseguido incrementar los presupuestos para apoyar al sureste. No vamos a decir que no se han cometido errores, pero sin duda el mayor acierto es canalizar recursos para que el sur vuelva a crecer. Se pone así el ejemplo: para detener la migración, es preciso abrir empleos en la región. Lo que más se requiere es reconstruir el mercado interno, así como las capacidades industriales nacionales y ampliar los mercados de trabajo, pero también ese objetivo tiene que ser compatible con el cuidado de nuestras riquezas más valiosas: la salud de la población, el patrimonio biocultural, los hidrocarburos, el agua y las fuentes de energía renovables.

Si el objetivo geoestratégico es proteger la soberanía nacional, no cabe permitir que la avaricia de empresas trasnacionales se apodere de nuestros valiosos bienes. El desarrollo regional supone fortalecer el desarrollo local y en ello las organizaciones sindicales, las agrupaciones indígenas y campesinas, que llevan años luchando contra los impactos nocivos del capitalismo dependiente, deben jugar un papel fundamental.

* Economistas por la UNAM y doctores en ciencias sociales. Coordinaron el proyecto.

El istmo en el contexto contemporáneo del desarrollo (CIESAS-Conacyt).