Baluarte Político

Layda Sansores: del elefante blanco al proyecto que sí sirve

Raúl García Araujo

No fue una obra fallida: fue un engaño caro. La llamada “Ciudad Administrativa” que heredó Campeche al cierre del gobierno de Alejandro Moreno Cárdenas no solo simbolizaba la ineficiencia, sino la forma más burda de simular modernidad con recursos públicos.

Lo que se vendió como un complejo de vanguardia terminó reducido a un cascarón incompleto, sin servicios básicos, sin funcionalidad real y envuelto en dudas sobre su origen, su costo y su legalidad.

Durante años, esa mole de concreto se mantuvo como un recordatorio incómodo de una administración más preocupada por el impacto político inmediato que por la viabilidad de sus propias obras.

Contratos opacos, procesos sin licitación abierta, presupuestos inflados y una construcción que, pese a haber sido entregada como “terminada”, no alcanzaba ni el 60 por ciento de avance efectivo. No fue un error técnico: fue una forma de gobernar.

Así nacen los elefantes blancos: con prisa política, sin planeación y con una peligrosa normalización de la discrecionalidad en el uso del dinero público.

Cuando el gobierno de Layda Sansores San Román tomó control, el diagnóstico fue contundente. No había margen para matices: lo que se recibió simplemente no podía operar.

Fallas estructurales, carencia de servicios esenciales, ausencia de accesibilidad y vacíos legales sobre el terreno hacían inviable cualquier uso inmediato. En términos simples: no servía.

Pero la diferencia entre administrar y gobernar comienza justo ahí, en lo que se hace con los problemas heredados.

La administración estatal no se limitó a señalar el desastre; lo documentó, lo expuso y lo convirtió en evidencia pública.

Sin embargo, el verdadero punto de quiebre no estuvo en la denuncia, sino en la decisión posterior.

En lugar de dejar que la “Ciudad Administrativa” se sumara al inventario nacional de obras inútiles, el gobierno optó por intervenirla y redefinir su destino.

El rescate implicó inversión, rediseño y una decisión clave: convertir ese espacio fallido en una herramienta funcional para el Estado.

Así, parte del complejo fue transformado en instalaciones operativas de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana, bajo la conducción de Marcela Muñoz Martínez.

La inversión, superior a los 105 millones de pesos, permitió darle sentido a lo que antes no lo tenía.

Hoy, donde había abandono, hay operación. Donde no existían condiciones mínimas, hay infraestructura estratégica: áreas de entrenamiento, sistemas de comunicación, espacios dignos para el descanso, capacitación constante y servicios que incluso reconocen realidades antes ignoradas, como la maternidad dentro de la corporación.

No es un asunto menor: dignificar las condiciones también fortalece la función.

El giro no solo es administrativo; es profundamente político. Porque corrige un error que costó cientos de millones, fortalece a las instituciones encargadas de la seguridad y, al mismo tiempo, desmonta la narrativa de una obra que nació como promesa y terminó como simulación.

Campeche, hoy ubicado entre las entidades con mejores indicadores de seguridad según el INEGI, no llegó ahí por casualidad. La infraestructura cuenta. Las condiciones laborales cuentan. Y convertir un símbolo de derroche en una herramienta operativa también cuenta.

Por supuesto, el pasado no desaparece. Las irregularidades siguen ahí, como testimonio de una forma de ejercer el poder donde el dinero público parecía no tener control ni consecuencias. Pero el presente introduce un elemento que incomoda esa lógica: la corrección.

Y en Campeche, esa decisión ya se tomó.

Lo que parecía destinado al abandono hoy funciona. Lo que fue símbolo de exceso, hoy es instrumento del Estado. Layda Sansores San Román no solo exhibió un fracaso heredado: lo convirtió en una oportunidad política y en una acción de gobierno.

La Ciudad Administrativa dejó de ser monumento a la simulación para convertirse en evidencia de algo mucho más incómodo para el pasado: que sí se podía hacer bien, pero no se quiso.

Desde La Muralla: Salud en movimiento: Campeche sale a prevenir antes que lamentar

La prevención dejó de ser un discurso para convertirse en territorio. En Campeche, la Secretaría de Salud está rompiendo con la lógica tradicional de esperar al paciente en el consultorio y ha llevado la atención directamente a los centros de trabajo, a los espacios cotidianos y a donde realmente ocurre la vida laboral de las y los campechanos.

Como parte de una estrategia de cobertura para la prevención y detección oportuna del VIH, personal de salud ha salido a las calles para instalar un esquema de intervención directa en empresas y centros administrativos.

En esta jornada se acudió a espacios como Modatelas Centro, el Anexo Troya y las oficinas del Ex Hospital General “Álvaro Vidal Vera”, llevando no solo información, sino servicios concretos de salud pública.

La estrategia no se limita a la promoción: se trata de acción directa. En cada punto se han realizado pruebas rápidas de VIH, sífilis y hepatitis C, además de brindar orientación sobre salud sexual, promoción del uso del condón y acompañamiento sobre tratamiento antirretroviral.

A esto se suma la capacitación a brigadas de salud mediante cursos y talleres especializados, fortaleciendo así la capacidad de respuesta institucional.

El enfoque es claro: detectar a tiempo salva vidas. Y en ese sentido, la política pública deja de ser reactiva para convertirse en preventiva. No se trata únicamente de atender enfermedades, sino de anticiparlas, de romper cadenas de transmisión y de generar una cultura de autocuidado informada y sin estigmas.

Detrás de estas acciones está el trabajo constante de la Secretaría de Salud de Campeche, que ha optado por una ruta distinta: sacar los servicios de los edificios públicos y acercarlos a la gente. Porque la salud, cuando se entiende como derecho, no espera a que el ciudadano llegue; lo busca.

Desde El Fuerte: Salud en acción: Campeche no baja la guardia frente al dengue

En la lucha contra el dengue no hay pausa ni terreno neutral. En Campeche, la Secretaría de Salud ha dejado claro que la estrategia no se limita a los consultorios ni a las campañas informativas: se despliega directamente en las calles, en los hogares, en las escuelas y en cada espacio donde el mosquito encuentra condiciones para reproducirse.

En el municipio de Escárcega, el personal del área de vectores ha intensificado un operativo integral que recorre zonas acuáticas y colonias como 10 de Mayo, Salsipuedes, Carlos Salinas de Gortari y Jesús García.

Ahí, donde el riesgo no se anuncia pero sí se acumula, se han realizado acciones clave de control larvario, termonebulización y aplicación de larvicida, medidas esenciales para cortar de raíz la reproducción del mosquito transmisor.

Pero el trabajo no se ha limitado a las viviendas. La estrategia ha sido amplia, territorial y constante. Llanteras y vulcanizadoras —espacios donde suele estancarse el agua— han sido intervenidas como puntos críticos de prevención.

Lo mismo ha ocurrido en instituciones educativas y espacios públicos que forman parte de la vida cotidiana de la comunidad.

Entre ellos destacan escuelas como la Comunitaria Niños Héroes, los preescolares Juan Escutia, Luis Álvarez Barret, Pablo Galeana y Sofía Pérez Muñoz, así como el CAIC Mi Pequeñita Luz. También se han sumado primarias como María del Pilar Flores Acuña, Benito Juárez, José María Morelos e Ignacio Zaragoza, donde la protección se extiende directamente a niñas y niños, uno de los sectores más vulnerables ante este padecimiento.

La intervención también alcanzó oficinas gubernamentales y espacios de alta circulación como Profeco, Casa de Cultura, Servicios Públicos, Desarrollo Social, así como terminales de transporte como la de combis del Sur y la terminal ADO, ampliando así el cerco sanitario para reducir riesgos en puntos de movilidad constante.

Este despliegue refleja una lógica clara de salud pública: el combate al dengue no se gana únicamente con atención médica, sino con prevención activa y presencia territorial permanente.

La Secretaría de Salud ha entendido que el mosquito no respeta fronteras administrativas, por lo que la respuesta debe ser igual de amplia, coordinada y constante.