Baluarte Político

Layda Sansores, la gobernadora que puso fin al pacto de impunidad

Raúl García Araujo

Por décadas, Campeche fue territorio de silencios cómplices, donde el poder político operaba sin rendición de cuentas. Cada administración heredaba la fórmula del saqueo: desviar recursos públicos, proteger a sus operadores y consolidar un sistema de privilegios que beneficiaba a una élite bien identificada. El pueblo quedaba al margen, viendo cómo su patrimonio era canjeado por favores políticos y ambiciones personales.
Ese ciclo se rompió en septiembre de 2021, cuando Layda Sansores San Román asumió la gubernatura con un mandato ineludible: limpiar la casa, sanear las finanzas y poner fin al pacto de impunidad que por décadas secuestró al estado.
Desde el primer día, dejó claro que no venía a administrar ruinas, ni a encubrir a los responsables del desastre financiero y moral. La lucha frontal contra la corrupción no fue un slogan de campaña, sino el eje rector de su gobierno. Y hoy, a cuatro años de distancia, los resultados empiezan a escribirse en expedientes, órdenes de aprehensión y, sobre todo, justicia.
Esta semana, el combate dio un paso histórico: fueron detenidos Karla “N”, exdirectora de Finanzas y Administración de la Secretaría de Seguridad Pública, y Samuel “N”, exdirector de la Policía Estatal, por su presunta participación en un esquema de desvío de recursos públicos. Ambos operaron durante los gobiernos de Alejandro Moreno Cárdenas y Carlos Miguel Aysa González, en lo que se perfila como un sistemático mecanismo de saqueo institucional.
La magnitud del caso es contundente: un daño patrimonial de al menos 27 millones de pesos, sustentado en un expediente de más de 19 mil fojas, resultado de una investigación seria, técnica y meticulosa, llevada a cabo por la Fiscalía Anticorrupción del Estado.
El modus operandi no deja dudas: empresas fantasma, pagos sin justificación, facturas falsas, y una red de simulaciones diseñadas para vaciar las arcas públicas. El dinero destinado a la seguridad de las y los campechanos terminó en manos de una élite que veía al estado como su caja chica.
Lo más alarmante no es solo el monto, sino la impunidad con la que se movieron estos operadores del desfalco. Se sentían intocables, protegidos por sus padrinos políticos, en una etapa en la que Campeche fue convertido en plataforma electoral y financiera por personajes como Alejandro “Alito” Moreno, hoy dirigente nacional del PRI.
Ante esto, la dirigencia estatal de Morena, encabezada por Erick Reyes León, ha exigido que las investigaciones se amplíen dentro de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana. Se estima que los desvíos podrían superar los 30 millones de pesos, lo que podría implicar nuevas detenciones y responsabilidades, incluso del propio Alito. Por ello, el llamado al desafuero del exgobernador campechano en la Cámara de Diputados es más que oportuno: es urgente.
Este proceso marca un antes y un después en la historia política de Campeche. No se trata solamente de encarcelar a exfuncionarios corruptos, sino de demostrar que el cambio verdadero es posible, y que el poder ya no sirve para encubrir, sino para castigar. Por primera vez, un gobierno estatal se atreve a desafiar al viejo régimen sin temor a las represalias ni a las campañas de calumnias.
Layda Sansores San Román ha gobernado con firmeza, dignidad y convicción. Ha probado que cuando hay voluntad, la justicia no es un ideal abstracto, sino una acción concreta. Su batalla no es personal, es institucional y moral. Es un mensaje claro a quienes abusaron del poder y a quienes aún creen que pueden hacerlo: en Campeche, el que roba, rinde cuentas.
Hoy, Campeche ya no es tierra de silencio, sino de justicia. La narrativa cambió: de la complicidad al castigo; del saqueo a la reparación; del cinismo a la transparencia. La transformación apenas comienza, pero ya marcó su huella en la historia.
La ciudadanía debe saberlo, difundirlo y defenderlo. Que Campeche sea ejemplo nacional. Porque si aquí fue posible desmontar una estructura de corrupción con valor y perseverancia, en todo México también lo será.
Aquí no hay intocables. Aquí, quien comete actos de corrupción, enfrenta la ley.
Y esa es la batalla que, con carácter y sin concesiones, ha emprendido Layda Sansores San Román.

Desde La Muralla: Campeche pone el ejemplo en materia de vacunación

En un país donde las campañas de salud pública enfrentan retos crecientes —desde la desinformación hasta la apatía— Campeche da un paso al frente con una postura clara: proteger a su gente es prioridad de Estado.

Desde la primera infancia, en esta tierra se siembra una enseñanza clave: las vacunas salvan vidas. Sin embargo, la realidad también obliga a reconocer que el 10 por ciento de la población campechana aún no confía del todo en los beneficios de la vacunación, según lo advirtió la titular de la Secretaría de Salud, Josefa Castillo Avendaño.

Lejos de resignarse, la Secretaría ha decidido actuar con decisión. En voz de su titular, se anunció el arranque de una ambiciosa campaña de vacunación que busca frenar el avance de enfermedades como el sarampión, la rubéola y la tos ferina, cuyo repunte en otras partes del país ya ha comenzado a tener eco en Campeche.
La meta es aplicar al menos 20 mil vacunas. Pero más allá de las cifras, lo que se pone sobre la mesa es la voluntad política de una administración estatal que entiende que la salud pública no puede esperar, y que prevenir siempre será mejor —y más humano— que lamentar.
Esta campaña no sólo refleja el compromiso técnico y operativo de la Secretaría de Salud. Representa, también, una línea de acción coherente con la visión de un gobierno que apuesta por la transformación de fondo.
Porque gobernar bien también es saber escuchar a la ciencia, invertir en prevención, y garantizar que cada campechano —sin importar su edad, condición social o ideología— tenga acceso a la protección que brinda un esquema de vacunación completo.

Desde El Fuerte: Vacunar casa por casa: el gobierno que cuida a su gente

En Ciudad del Carmen no hay tiempo para discursos vacíos cuando la salud está en juego. Aquí, lejos de los reflectores nacionales, se libra una batalla silenciosa pero firme contra tres viejos enemigos de la salud pública: el sarampión, la rubéola y la tos ferina.
Enfermedades que, aunque prevenibles, han comenzado a reaparecer en distintas partes del país, encendiendo las alertas del sector salud.

Pero en Campeche, y particularmente en Carmen, el gobierno no espera a que los contagios exploten. Se anticipa. Se organiza. Actúa. Las brigadas de salud, encabezadas por personal capacitado y comprometido, han salido a las calles y entrado a las colonias. Han dejado atrás los escritorios para tocar puertas en Morelos, en el Centro, en Miguel de la Madrid. Cartilla en mano, revisan, orientan y vacunan.

Porque si la gente no va al centro de salud, entonces el centro de salud va por la gente. Así de claro.

No se trata de una jornada aislada ni de un esfuerzo improvisado. Esta acción coordinada forma parte de los acuerdos alcanzados en la sesión ordinaria del Comité Jurisdiccional de Vigilancia Epidemiológica (COJUVE), donde confluyen instituciones como la Secretaría de Salud, el IMSS Ordinario, IMSS-Bienestar, PEMEX, ISSSTE y el Sector Naval.
Una verdadera sinergia interinstitucional que pone en el centro de su misión un objetivo común: blindar a Carmen y sus comunidades rurales de enfermedades que no deberían regresar.

Este es un gobierno que no improvisa, que no reacciona a medias. Es un gobierno que trabaja de manera preventiva, con brigadas que no preguntan por ideologías ni credenciales, que vacunan por igual a quien lo necesita. Porque la salud no es privilegio, es un derecho.

Y esa es la diferencia entre los gobiernos del pasado y el que hoy encabeza Layda Sansores San Román: aquí no se apuesta a la estadística para maquillar resultados, se apuesta al trabajo territorial para proteger vidas.