Baluarte Político

La libertad de expresión no es libertad de agresión

Raúl García Araujo

He ejercido el periodismo durante más de treinta años. A lo largo de este tiempo, he sido testigo y protagonista de momentos clave para la vida democrática de este país.
He criticado gobiernos, he denunciado abusos y he exigido transparencia. Pero siempre lo he hecho con pruebas, con argumentos, y —sobre todo— con respeto. Porque el respeto es la base de la credibilidad. Porque el insulto jamás sustituye al análisis. Porque la vulgaridad no es periodismo.
 
Hoy se vive en Campeche un episodio que ha generado ruido mediático a nivel nacional, especialmente por parte de quienes, desde lejos, opinan sin contexto. La vinculación a proceso de Jorge Luis González Valdez y el cierre del portal Tribuna han sido presentados como un ataque a la libertad de expresión, cuando en realidad representa todo lo contrario: es una defensa de los límites necesarios que debe tener esa libertad para no convertirse en violencia.
 
No se puede llamar “libertad de expresión” a lo que durante años fue un espacio sistemático de agresión, misoginia, y vulgaridad. No se puede considerar “crítica periodística” a lo que claramente fue una campaña de odio con palabras irreproducibles, sin sustento, sin ética y sin intención alguna de contribuir al debate público. Cuando la crítica abandona la inteligencia y se refugia en la grosería, deja de ser útil y se convierte en veneno.
 
La gobernadora Layda Sansores San Román ha sido blanco de esta violencia disfrazada de periodismo. Su condición de mujer y su estilo directo la han hecho objeto de burlas, estereotipos de género, y comentarios profundamente misóginos. Es ahí donde este caso cobra aún más relevancia: no es solo una disputa política ni una diferencia editorial, es un ejemplo claro de violencia política en razón de género.
 
Lo que pocos medios nacionales explican —quizá por ignorancia o por conveniencia— es que este proceso legal no se dio de la noche a la mañana. Fueron tres años y dos meses de advertencias, de medidas cautelares emitidas por instituciones como el Instituto Electoral, el Tribunal Electoral, el Ministerio Público y jueces, que ordenaron a González Valdez cesar los insultos y agresiones. Hizo caso omiso. Persistió. Y hoy enfrenta las consecuencias.
 
La medida cautelar impuesta por el juez, que le prohíbe ejercer como periodista durante dos años, no es una censura: es una advertencia firme de que el periodismo debe tener límites éticos. Que no todo cabe bajo el paraguas de la libertad de expresión. Que no se puede seguir confundiendo libertad con impunidad.
 
Este caso sienta un precedente histórico: no solo para Campeche, sino para todo el país. Es la primera vez que un tribunal reconoce explícitamente que la violencia digital y mediática contra una mujer en el poder no puede quedar impune. Es la primera vez que se frena jurídicamente a un “comunicador” que usó su plataforma para vejar, insultar y denigrar. Y es la primera vez que se marca una línea clara entre el periodismo auténtico y la agresión disfrazada de crítica.
 
El verdadero periodismo incomoda, sí. Pero incomoda con datos, con investigaciones, con denuncias sustentadas. No con chismes, no con groserías, no con ataques personales. El verdadero periodismo tiene carácter, no rabia. Tiene rigor, no veneno.
 
Resulta francamente cínico que ahora figuras como Alejandro Moreno Cárdenas intenten aparecer como defensores de la libertad de prensa, cuando su historial como gobernador estuvo plagado de amenazas y actos de represión contra periodistas. No se puede olvidar aquella frase que le atribuyen: “Al periodista no se le mata a balazos, sino de hambre.” Hoy, ese mismo personaje se alza como supuesto paladín de la libertad de expresión, defendiendo a quien durante años hizo del insulto una trinchera.
 
No se puede tapar el sol con un dedo. Este no es un caso de censura. Es un acto de justicia. Es un grito colectivo que dice: ya basta de normalizar el odio como si fuera opinión. Ya basta de permitir que el oficio más noble sea manchado por quienes lo usan como escudo para violentar. Ya basta de tolerar que la misoginia se disfrace de columna editorial.
 
La gobernadora Layda Sansores ha demostrado valentía, no solo al enfrentar los ataques, sino al permitir que este caso llegue hasta sus últimas consecuencias legales. Porque no se trata solo de defenderse a sí misma, sino de defender a todas las mujeres que ocupan espacios públicos y que día a día son blanco de esa misma violencia.
 
Desde mi trinchera como periodista, reitero mi convicción de que la crítica sí, siempre. Pero con argumentos. Con pruebas. Con integridad. Porque el insulto no es opinión, la grosería no es periodismo, y la violencia jamás será libertad.

Desde La Muralla: Vacunar antes de recibir al turista: una decisión política que vale oro

En una isla donde el turismo no solo es motor económico, sino carta de presentación al mundo, la salud no puede —ni debe— tomarse vacaciones. Por eso no sorprende (y a la vez, sí debería destacarse más) la decisión de la Secretaría de Salud de lanzar una jornada intensiva de vacunación del 23 al 27 de junio en Carmen. Lo interesante no es solo el qué, sino el para quién y el por qué.

La campaña, que estará a cargo de la Jurisdicción Sanitaria No. 3, tiene un blanco muy claro: proteger a quienes tienen el primer contacto con quienes están por llegar. Es decir, taxistas, choferes, hoteleros, restauranteros… los rostros que el turista ve antes de poner un pie en la playa. La estrategia no es nueva, pero sí contundente: evitar que enfermedades como el sarampión, la rubéola o la tosferina se filtren por la frontera más abierta de todas: el turismo.

Adriana Jiménez Montejo, coordinadora del Programa de Vacunación, detalló la logística. Un módulo semifijo en la Cruz Roja —al estilo “drive-thru”— permitirá vacunar sin bajar del vehículo. Otra sede estará en consulta externa, y brigadas recorrerán los hoteles y restaurantes. El horario, de 8 a 2 de la tarde, parece pensado para no interrumpir el servicio ni perder la dosis.

Y aquí vale la pena hacer una pausa. Esta decisión va más allá del ámbito médico. Es un gesto de política pública inteligente que entiende que la salud también es imagen, inversión, y —sobre todo— prevención. Porque un brote en plena temporada alta no solo enferma a la población: espanta al turista y mancha el destino.

La vacunación no solo salva vidas, también protege empleos y evita que la economía se enferme. En tiempos donde muchos gobiernos se enredan entre discursos y ocurrencias, decisiones prácticas como estas deberían ponerse en vitrina. No todo lo que importa se ve. Y mucho menos, lo que se inyecta.

Desde El Fuerte: Salud que no discrimina: cuando el Estado sí hace su parte

En tiempos donde muchas dependencias se diluyen entre excusas y burocracia, vale la pena reconocer a quienes hacen la diferencia desde la trinchera pública. La Secretaría de Salud de Campeche lo está haciendo —y lo está haciendo bien— con su estrategia sostenida de detección oportuna de infecciones de transmisión sexual como el VIH, la sífilis y la hepatitis C.

Este tipo de acciones no solo son necesarias, son valientes. Porque atender la salud sexual con seriedad, cercanía y sin prejuicios es, en este país, un verdadero acto de responsabilidad institucional. Este domingo 22 de junio, los promotores del Programa Estatal de ITS instalarán un módulo gratuito en el Domo del Jaguar, de 4 a 9 de la noche. Ahí, la ciudadanía podrá acceder a pruebas rápidas, orientación médica y preservativos… sin papeleos, sin regaños, sin miedo.

Es la salud pública acercándose a la gente. Y eso, aunque suene simple, es profundamente político.

Además, esta no es una jornada aislada. Es parte de una estrategia constante. Cada semana, el personal de salud recorre escuelas, espacios laborales y puntos públicos. Entre el 16 y el 20 de junio, por ejemplo, estuvieron atendiendo al personal del Hospital “Dr. Manuel Campos” y participaron en las ferias comunitarias del programa Salud en tu Barrio.

Esa constancia es la que merece ser destacada. Porque en un entorno nacional donde la prevención parece haber pasado a segundo plano, Campeche mantiene el pulso firme. La Secretaría de Salud está demostrando que cuando hay voluntad, hay camino. Que cuando el Estado llega antes, se evitan tragedias después.

Las infecciones de transmisión sexual no distinguen edad, género ni condición. Y por eso, la política de salud tampoco debe hacerlo. Este tipo de acciones, silenciosas pero efectivas, construyen ciudadanía, confianza y justicia social.

Hoy toca reconocer que hay servidores públicos que sí entienden su papel: proteger sin estigmatizar, prevenir sin regañar, y estar sin esperar a que lo pidan.